El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación judicial para determinar si, en 2015, se cometieron delitos para financiar la campaña electoral que hizo Cambiemos para que Mauricio Macri fuera elegido presidente de la Nación.
El fiscal electoral Jorge Di Lello realizó una investigación preliminar a raíz de las revelaciones hechas por el periodista Juan Amorín en la web El Destape. Luego de recabar información Di Lello le presentó su investigación a la jueza electoral María Servini para que determine si hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2015. La jueza envió el caso a sorteo y le tocó al juez Ariel Lijo quien interviene en la causa junto a González.
En la investigación preliminar de Di Lello, que dio origen a la causa 21650/18, se incorporaron varias notas en las que se describieron diversas maniobras sospechosas relacionadas con el financiamiento de la campaña presidencial de 2015.
El fiscal González, cuando impulsó la investigación, señaló algunas de ellas: "Concretamente, tales maniobras consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias 'en negro' durante la referida campaña electoral, como así también el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015″. De Andreis, hombre de confianza de Macri, es –desde diciembre de 2015- el secretario General de la Presidencia de la Nación.
Según consta en el requerimiento de instrucción de González al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, Amorín declaró como testigo y aportó varios datos relevantes para Di Lello.
"Una fuente me mostró una fuente de acceso público a un foro de Gmail del equipo de comunicación del PRO, al que se accedía a través de una página web, y cuyo acceso fue cerrado, que es la publicada en la nota del Destape", señaló Amorín quien explicó en su declaración que "habían podido detectar referencias a pagos en efectivo a proveedores de la campaña presidencial relativa al año 2015 relacionados con distintos actos de Mauricio Macri en diferentes puntos del país, los cuales -al compararlos con el informe de campaña presentado en la Justicia Electoral- se conoció que la mayoría de los gastos a los que se hacía referencia no estaban rendidos o lo estaban por un importe menor".
Además Amorín dijo haber tenido acceso a mails y planillas de Excel de los que se desprende que hubo pagos en efectivo a proveedores de servicios audiovisuales para diversos actos realizados durante aquella campaña electoral.
Específicamente sobre algunos gastos hechos por el Ente de Turismo de la Ciudad que estuvo a cargo de De Andreis, Amorín manifestó conocer la existencia de correos electrónicos intercambiados por empleados de esa repartición con el proveedor identificado como "CAP publicidad SRL" en los que se acordaron presupuestos para adquirir globos, sombrillas, lapiceras y banderas con el slogan de Cambiemos y la leyenda "Macri 2015". En los presupuestos se barajaban cifras de $5.000.000, aunque según declaró el periodista, en la rendición de cuentas ante la justicia electoral quedó registrado poco más de $600.000.
González impulsó la investigación en los últimos días de diciembre del año pasado y pidió algunas medidas de prueba. El fiscal solicitó que la Justicia Nacional Electoral envíe al juzgado los balances con los estados contables de los gastos de campaña electoral de Cambiemos correspondientes al año 2015.
González quiere saber si las personas que aparecen en los mails aportados por Amorín-entre ellos De Andreis- revistan o revistaban en el gobierno nacional o en el de la Ciudad. González solicitó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -previo el levantamiento del secreto fiscal que deberá ordenar el juez Lijo- realice una amplia investigación sobre las empresas involucradas en el caso entre las que se encuentran "CHK Servicios Audiovisuales SRL", "CAP Publicidad SRL" y "Televaz".
El fiscal solicitó que la Inspección General de Justicia (IGJ) envíe al juzgado de Lijo la información respecto de varias sociedades que aparecen nombradas en la documentación incorporada a la causa. El impulso del fiscal abrió la investigación que, según fuentes de Comodoro Py, se activará luego de la feria judicial de enero.
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