Efecto cuadernos: investigan a la remisería del chofer Oscar Centeno por recibir del Estado más de 66 millones de pesos en viajes

El boomerang desatado por la causa de los cuadernos de la corrupción dejó efectos colaterales: la Justicia comenzó a investigar por qué el Gobierno argentino le pagó más de 66 millones de pesos, a partir de 2007, a la remisería en la que trabajaba Oscar Centeno, el autor de las anotaciones que dispararon la investigación por la que la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Julio De Vido están procesados como líderes de una banda que recaudaba coimas entre empresarios de la obra pública.

Fue así que un fiscal solicitó una batería de medidas a diferentes organismos oficiales para determinar cuánto facturaba la agencia de remises, qué autos prestaban servicios, qué cuentas bancarias tenían y si tenían empleados en blanco, de acuerdo indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Se trata de una ramificación que se abrió a raíz de la causa de los cuadernos. Según el dictamen al que accedió Infobae, el fiscal Eduardo Taiano abrió una causa y le pidió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que lleve adelante una serie de diligencias para investigar a la empresa Transcom Service SA, una agencia de remises ubicada en San Fernando que entre 2007 y 2015 facturó "la suma de $66.111.531,56 en virtud de los presuntos servicios de transportes brindados al entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación".

Uno de esos autos era conducido por Centeno, que se encargaba de trasladar a Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación de la cartera. Sus viajes fueron los que quedaron relatados por Centeno, en donde se hablaba de entregas y retiros de dineros que vincularon a funcionarios y empresarios. Las copias de esas anotaciones llegaron a manos del fiscal Carlos Stornelli, vía el periodista Diego Cabot, de La Nación, que recibió ese material de parte de un militar, por entonces amigo de Centeno, que las tenía en custodia.

Cuando el caso explotó mediáticamente el 1 de agosto, el chofer, que confesó que quemó los cuadernos, se convirtió en arrepentido y pasó a formar parte del programa de protección de imputados-colaboradores. Está procesado como partícipe de la banda de los cuadernos que habría liderado Cristina Kirchner y que estuvo organizada, según la Cámara Federal, por De Vido, Baratta, el ex secretario José López, el financista Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner.

Fue la ex esposa de Centeno, Hilda Horovitz, la que puso en la mira la agencia de remises. "Sospeché que Centeno se quedaba con dinero porque un simple chofer no puede hacer todo lo que hizo. Pasar de remisero a todo lo que hizo, tener una agencia propia. Me decía que le tiraba migajas Roberto Baratta. Él las guardaba en la caja fuerte, pero yo nunca lo vi –dijo en declaraciones a la prensa al comienzo del caso-. Empezó como chofer y después arrancó a comprar autos, no sé cómo hizo. Después hizo que yo sea dueña de la remisería, que me fui dando cuenta más tarde. Yo no recibía plata".

Como testigo ante el juez Claudio Bonadio, Horovitz contó que fue instada a sacar préstamos para comprar cuatro autos que él puso a trabajar para el ex Ministerio de Planificación. Además, Jorge Bacigalupo, el ex amigo de Centeno que colaboró con la difusión de los cuadernos, también habría tenido al menos un auto a nombre suyo, adquirido por Centeno.

La remisería bajo la lupa y los documentos que se buscan

En ese marco, Bonadio extrajo testimonios y ordenó analizar, en una causa aparte, si había delitos. Con la intervención del juez Martínez De Giorgi, el fiscal Taiano impulsó una investigación aunque, por el momento, evitó pronunciarse sobre quiénes son  los imputados en esta causa. "El devenir de la investigación permitirá identificar fehacientemente a los responsables de los hechos denunciados", señaló en el escrito a que accedió Infobae.

No solo pidió la facturación oficial de la remisería sino una serie de diligencias, entre las que se considera el testimonio de Horovitz y todas las actuaciones vinculadas a "Transcom Service SA" en la causa de los cuadernos.

Primero, Taiano dispuso requerir al Ministerio de Energía de la Nación que remita la totalidad de antecedentes que vinculen al entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con la agencia de remises, especialmente los originales de los expedientes donde se haya tramitado la contratación de la empresa.

La fiscalía reclamó también que la Dirección General de Administración Financiera del ex Ministerio de Economía remita las facturas emitidas a favor de la firma "Transcom Service SA", en función de los servicios de transporte que fueron prestados al entonces Ministerio de Planificación.

El dictamen incluyó el pedido a la Inspección General de Justicia sobre el legajo de la agencia de remises. "Particularmente, se deberá enviar copia de los trámites de su constitución, estatutos societarios, designación de autoridades (con los datos personales con que se cuente), concesión de poderes especiales o generales, cambios de autoridades o sede social, objeto social, ampliación de capital, información sobre cuentas bancarias, todos los balances contables presentados a la fecha, etc", se detalló, según precisaron las fuentes a este medio.

Además, Taiano busca que la AFIP envíe a Comodoro Py 2002 "todas las declaraciones juradas presentadas por 'Transcom Service SA' desde el año 2003 hasta la fecha", con detalles de declaraciones juradas, "el padrón E-Fisco, lista de proveedores, empleados en relación de dependencia y un informe pormenorizado de toda la facturación" oficial al ministerio que conducía De Vido.

Otros de los requerimientos fue dirigido a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, para que "informe los dominios registrados a nombre de la empresa y sus integrantes, debiendo en su caso remitir copia de los legajos B correspondiente a esos vehículos".

Al Banco Central, en tanto, se le ordenó que "libre una circular a todas las entidades bancarias y financieras para que informen las cuentas corrientes, cajas de ahorro común y/o especial en moneda de curso legal y extranjera que estuvieran registradas a nombre de la empresa Transcom Service SA y sus integrantes".

Así, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, se buscan nombres de "todas aquellas personas autorizadas para operar con esas cuentas",  "si se realizaron giros de dinero al exterior" y si tenían plazos fijos, en qué moneda y desde cuándo.

Los últimos puntos del dictamen le reclaman a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si la remisería tuvo reportes de operaciones sospechosas y, de ser así, los detalles; y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que precise la nómina de personas que recibieron aportes de la empresa.

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