A partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno fueron procesados varios de los empresarios más importantes del país y ex funcionarios de la gestión kirchnerista, entre ellos la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

La lista de indagados sigue creciendo. Alejandro Víctor Manzanares, el histórico contador de la familia Kirchner, será indagado el 14 de noviembre próximo por el juez Claudio Bonadio en la causa iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre el pago y cobro de coimas por parte de empresarios y funcionarios durante el gobierno anterior.

Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Néstor Kirchner, fue señalado por varios de los imputados en el Caso Cuadernos como el receptor de los bolsos con dinero proveniente de coimas que pagaban empresarios de obra pública.

Muñoz murió en mayo de 2016 pero su fortuna sigue bajo investigación. De hecho su viuda, Carolina Pochetti, está detenida en la cárcel de Ezeiza por orden de Bonadio. Se determinó que Muñoz-Pochetti compraron bienes en Nueva York y Miami, Estados Unidos,  y además tienen propiedades y sociedades en la Argentina. Se comprobó que los bienes adquiridos en el exterior fueron vendidos por una suma cercana a los 73 millones de dólares. Y el dinero derivado a cuentas en diferentes países para evitar que sea hallado.

En el entramado societario de Muñoz-Pochetti intervinieron María Elizabeth Ortiz Municoy, Sergio Todisco , Temístocles Cortez, Carlos Gellert y Perla Puentes Resendez. Por eso Bonadio ordenó detenerlos.

Ortiz Municoy, quien declaró como arrepentida ante el fiscal Carlos Stornelli hace dos semanas, fue excarcelada luego de revelar información importante para la investigación judicial.

Sergio Todisco -ex esposo de Ortiz Municoy- declaró como arrepentido y ayer fue excarcelado luego de la homologación de su acuerdo con el fiscal Stornelli firmada por el juez Bonadio.

Cortez fue indagado y sigue detenido, en tanto se pidió la captura internacional de Gellert y Puentes Resendez.

La indagatoria de Manzanares -quien se encuentra detenido desde julio de 2017- fue ordenada por Bonadio debido al lazo comercial que une al contador con la viuda de Muñoz. La sociedad Cayuqueo  en 2009 tenía como presidente a Manzanares, como vice a Pochetti y como director suplente a Franco Muñoz, hijo del ex secretario de Kirchner. En 2012 hubo un cambio de autoridades en Cayuqueo y el contador Manzanares siguió a cargo de la presidencia, en tanto su padre Victoriano Manzanares fue designado vicepresidente y su madre Lucila Sancho San Miguel directora suplente. Los padres de Manzanares fallecieron tiempo después.

Fue la declaración como arrepentida de Ortiz Municoy la que abrió nuevas líneas de investigación en el capítulo Muñoz-Pochetti del Caso Cuadernos. La mujer -según explicaron fuentes judiciales a Infobae- reveló varios aspectos del entramado societario de Muñoz-Pochetti, e incluso dio detalles sobre operaciones para desprenderse de algunos bienes en la ciudad estadounidense de Miami.

Ortiz Municoy situó las oficinas en las que Muñoz-Pochetti atendían asuntos vinculados con entregas de sumas de dinero en efectivo en la calle Pedro Ignacio Rivera al 5700, en el barrio de Villa Urquiza. Esa es la sede de Cayuqueo y fue allanada por efectivos de la Policía Federal el lunes 29 de octubre pasado.

Allí, según informaron a Infobae fuentes de la investigación, se hallaron varios autos, uno de ellos de colección y documentación relevante para la causa judicial.

En el lugar había puertas blindadas y una pequeña caja fuerte escondida dentro de un mueble de un baño. Y según relataron vecinos, las cocheras -que antes estuvieron ocupadas por varios autos de colección- se alquilaban de un modo bastante llamativo.

El sistema para alquilar las cocheras evitaba el contacto personal. El interesado en guardar un auto llamaba a un teléfono celular. Allí alguien le decía el precio. Se acordaba el valor y el inquilino dejaba, mes a mes, el pago en efectivo en una especie de locker que había en la cochera. Al día siguiente, allí mismo aparecía un recibo que confirmaba que el pago había sido acreditado. Ni locador ni locatario se veían jamás las caras.