En el marco del impulso del Gobierno en lucha contra el narcotráfico, este año las fuerzas de seguridad recibieron distintos equipamientos, y en el caso de la Prefectura Naval Argentina, el Gobierno le compró a Israel cuatro lanchas de intervención rápida "Shaldag MKII". Ahora, la oposición quiere que esas embarcaciones pasen a la Armada con el argumento de que exceden el poder de fuego permitido a una fuerza policial.

Las dos primeras unidades de esta serie fueron presentadas y puestas en servicio en ocasión de celebrarse el pasado 30 de junio el 208° aniversario de la creación de la fuerza policial naval, y durante ese acto, la autoridad marítima, Prefecto General Eduardo Scarzello celebró la incorporación de material flotante nuevo luego de 37 años desde la última adquisición de naves de ese porte.

Fue precisamente el informe de este medio el que desató una iniciativa de la diputada y ex ministra de Seguridad Nilda Garré, quien presentó un proyecto de ley que en su artículo primero dispone: "Transfiérase a la Armada Argentina, las embarcaciones Shaldag MKII de origen israelí que durante 2018 adquiriera el Ministerio de Seguridad de la Nación para su uso por parte de la Prefectura Naval Argentina. Junto con las embarcaciones deberá transferirse a la Armada, todo repuesto o servicio que se haya comprado o contratado, con relación al mantenimiento de dichas embarcaciones".

Dentro de los fundamentos esgrimidos por la legisladora se considera que estas lanchas patrulleras poseen un armamento de grueso calibre que las convierten en "sistemas de armas" propios de una fuerza militar y no de una institución policial. Complementa este cuestionamiento con apreciaciones relacionadas con la poca cantidad de efectivos que pueden transportar, y asimismo se adentra en cuestiones inherentes a la navegabilidad de las mismas al decir que su calado (proyección del casco por debajo de la superficie del agua) excede las profundidades mínimas de ciertas zonas de frontera en las que operan.

Además sostiene que su alta velocidad las hace poco maniobrables al no tener un radio de giro adecuado al ancho de la vía navegable, concluyendo que bien se podrían usar para reemplazar a las viejas lanchas patrulleras que la Armada Argentina tiene apostadas en el sur del país. También desliza la posibilidad de que las embarcaciones sean utilizadas para el patrullado del mar territorial argentino (12 millas contadas desde la línea de más bajas mareas de la costa).

Pero la larga lista de cuestionamientos esgrimidos por la autora del proyecto va más allá: critica el precio abonado por la compra de cuatro unidades (unos USD 49 millones) y también que hayan sido adquiridas en el exterior en lugar de ordenarse su fabricación a un astillero local, honrando así el compromiso gubernamental de impulsar la industria naval nacional.

Malestar en Defensa y en la Armada

Si bien desde el gobierno restan importancia a la iniciativa, ya que consideran que no pasará el filtro de la comisión de seguridad presidida por el oficialista Guillermo Montenegro, fuentes del Ministerio de Defensa y de la Armada Argentina dejaron entrever su desacuerdo con la iniciativa. "No deseamos, ni gestionamos, ni pretendemos contar con un equipamiento que fue comprado para otra fuerza", sostienen enfáticamente en el Edificio Libertad.

Por otro lado, varios especialistas en la materia consultados por Infobae contrarían los argumentos que Garré y sus asesores esgrimen para cambiar el destino de estas modernas naves. "Es muy cierto que el Estado tendría que agotar las medidas para generar trabajo en nuestros astilleros. Pero no es menos cierto que el flagelo del narcotráfico y la necesidad de controlar efectivamente el tráfico de sustancias ilegales en la frontera caliente del noreste argentino hacían necesario contar con equipamiento disponible en el cortísimo plazo. Las compras Estado a Estado permiten obviar los complejos procesos licitatorios a los que hay que sumarles el lapso de construcción, lo que nos lleva a hablar de no menos de dos o tres años", señaló uno los ingenieros navales entrevistados por este medio.

Por otra parte, Infobae pudo confirmar que no existen en el presente unidades construidas por la industria nacional, que sean de aluminio y tengan una eslora (largo) mayor a 24 metros. Desarrollar un prototipo presupone un largo proceso de certificación y prueba antes de ser fabricado en serie.

En cuanto a la supuesta conveniencia de empeñar estas naves en el control del mar territorial, es unánime la apreciación que para ese hipotético caso la fuerza natural de control policial en esa zona es la propia PNA, por lo cual un eventual traspaso carecería de sentido.

Desde el Ministerio de Seguridad apuntaron que "toda compra de material policial siempre se realiza conformando una comisión de adquisiciones que integran hombres de la fuerza a la que estará destinado el material. En este sentido, la PNA desarrolló una lista de requisitos técnicos y operacionales con los que deberían contar las unidades a adquirir. El proceso decisorio llevó a la conclusión que de las disponibilidades del mercado, las Shaldag eran las más convenientes".

Especificaciones técnicas

En lo que respecta a las prestaciones generales de los nuevos guardacostas, los especialistas destacan su rápida aceleración (0 a 40 nudos en 29 segundos), excelente maniobrabilidad y estabilidad en todas la condiciones, apta para aguas poco profundas (marítimas o fluviales), precisión de armas de grado tal que pueden efectuarse con seguridad disparos de advertencia.

La autonomía de estas unidades oscila entre las 650 a 800 millas dependiendo de la velocidad. El armamento cuestionado por Garré, consta de una estación de armas Mini Typhon calibre 12,70mm con cámara de visión nocturna, controlada desde la timonera de la nave. Además dos fusiles exteriores calibre 7,62mm de disparo manual. Todo el armamento es de tipo policial disuasivo.

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