Mauricio Macri vetará hoy mismo la ley de tarifas que votó el Congreso

Lo que el Gobierno caracteriza como la "ley (Sergio) Massa", por la influencia que el ex intendente de Tigre tuvo en el diseño de la estrategia de unidad del peronismo invisibilizando a los K, será vetada apenas ingrese por la Mesa de Entradas de la Casa Rosada. La Secretaría Legal y Técnica es la encargada del texto que no reviste ninguna complejidad, la decisión está tomada y cuanto antes se ejecute, mejor, para dar por cerrado el asunto e instalar nuevos temas en la agenda pública.

Desde que el proyecto elaborado por la diputada Graciela Camaño obtuvo media sanción en la Cámara baja, las principales espadas políticas del Gobierno se abocaron a achicar daños, conscientes de que la decisión política del líder peronista opositor en el Senado estaba tomada. Si en Diputados la diferencia fue de 37 votos, se trataba ahora de achicar la derrota a la mínima expresión posible.

Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y su viceministro, Sebastián García De Luca, junto a los senadores Federico Pinedo y Humberto Schiavoni, más Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, se abocaron a negociar con cada uno de los senadores para lograr superar los 25 propios (creen que pueden alcanzar 30 o 31, frente a 37 o 38 que tendría casi todo el peronismo unido, y el resto abstenciones o ausencias). Esperan una diferencia que esté alrededor de 7 votos a favor de la oposición.

"A mí no me gusta perder ni a las bolitas", se escuchó decir a un ministro con despacho en Casa Rosada. Y no se podría decir que está conforme con esta, una de las pocas derrotas que tendrá el Gobierno en el Parlamento, pero nadie podrá argumentar que no se hizo todo lo humanamente posible.

"Pichetto y Massa vienen coordinando política desde marzo, por lo menos, buscando posicionar al peronismo de cara al 2019, por eso no importa si el proyecto es bueno o es malo, lo que importa es imprimirle una derrota al Gobierno, porque además saben que no va a afectar a los gobernadores de sus provincias, ya que el Presidente fue honesto y dijo desde el principio que la iba a vetar", se explicó en la planta baja de la sede del Gobierno.

El Ministerio de Hacienda hizo un cálculo preciso de cuál sería el costo fiscal de la ley. En gas, $34.643 millones; en electricidad, $74.936,25 millones; en agua, $5.450 millones. Es decir, un costo fiscal total de $115.029,25 millones solo en el Presupuesto 2018, sin contabilizar aumentos en el transporte terrestre, ferroviario, telefonía y peajes nacionales, que llevarían a aumentar en por lo menos 25 mil millones adicionales.

Por otro lado, elimina la recomposición tarifaria aprobada en audiencias públicas del 2017, beneficiando -por supuesto- a los usuarios de Capital Federal y área metropolitana de Buenos Aires, que seguirían pagando los servicios con porcentajes mucho menores de los que abonan los usuarios del interior del país.

Algo de esto dijo ayer la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. "Siendo yo presidenta de la Comisión de Energía propuse varias veces que se hagan renegociaciones tarifarias, pero no tuvimos el apoyo ni de nuestro propio bloque. Nadie quería ningún aumento, y se siguieron subsidiando tarifas de una manera injusta para Tierra del Fuego, que paga tarifa plena en energía y en agua, mientras que en Capital y en elCconurbano siguen los subsidios".

Mientras tanto, en el Gobierno apuestan a digerir lo más pronto posible el mal trago de la derrota. El Presidente y varios ministros realizarán este jueves una gira por el NOA, donde habrá reuniones con gobernadores y la mesa nacional de Cambiemos, además de visitar obras. Las protestas dominarán la escena porteña jueves y viernes, con Macri de viake. El lunes de la semana próxima, esperan, será otra historia.

Es cuando deberán a empezar a negociar lo verdaderamente importante con los gobernadores: el Presupuesto 2019, que tendrá que venir con un ajuste recargado. Para eso, está prevista la constitución de una Mesa Nacional para el Desarrollo, la nueva aspiración oficial para llevar al Gobierno a un aterrizaje lo más suave posible hasta las próximas elecciones, cuando se cristalice la batalla política presidencial.