Se define un juicio oral clave para el futuro de un predio en una de las zonas más caras de la Ciudad

Son ocho hectáreas en uno de los lugares más caros de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro frente al río de la plata. Allí funcionó Tandanor, uno de los astilleros más importantes de la región. En la década del 90 se privatizó y se intentó hacer un negocio inmobiliario. Hoy el caso está en juicio oral y su resultado será clave para su futuro: si queda en manos del Estado o de privados.

Un tribunal oral federal juzga desde marzo del año pasado a los ex funcionarios a cargo de la privatización y a los empresarios que se quedaron con el negocio por una presunta defraudación al Estado. El juicio entró el viernes en la etapa de alegatos y se espera que en agosto se conozca el veredicto.

La pugna es entre el Estado y privados. El Estado –desde hace varios gobiernos– es querellante en la causa a través del Ministerio de Defensa de la Nación. Hace una semana estuvo presente en el juicio el procurador del Tesoro de la Nación, Bernando Saravia Frías, –jefe de los abogados del estado– y reclamó una reparación económica.

Para los privados es un negocio impactante. Según un informe que consta en la causa, en el predio se pueden construir 64 mil metros cuadrados. A un precio de entre seis y ocho mil dólares el metro cuadrado, el negocio ronda entre los 384 y los 512 millones de dólares. La última tasación oficial, de diciembre del año pasado, indicó que la parte del predio donde se pretende construir vale 38 millones de dólares, informaron a Infobae fuentes que trabajan en el caso.

Lo que se juzga en el caso es un cúmulo de presuntas irregularidades que relevan una privatización amañada para hacer negocios: la modificación del precio inicial de compra; la auto compra de una de las plantas de Tandanor; una deuda que nunca se pagó; y la intención de convertir el lugar en un negocio inmobiliario; y una justicia que demoró el avance de la causa.

La historia de una caso de negocios políticos

A principios de los años 90, Tandanor era casi la única empresa estatal que no daba pérdidas. Tenía dos plantas. En la 1 había diques secos y flotantes y talleres navieros. Y la 2 contaba con un sistema que permite elevar el barco, ubicarlo en los diques y repararlo fuera del agua. Una empresa estatal modelo. Por ahí pasaban todos los buques para su reparación. De hecho, allí se hizo la reparación de media vida del desaparecido submarino ARA San Juan.

Sin embargo, entró en la ola de privatizaciones que impulsó el gobierno de Carlos Menem. El 10 por ciento quedó en poder de los empleados y el 90 restante de un consorcio integrado por tres empresas: CIAMAR, de capitales argentinos; el Banco Holandés Unido; y la francesa Sud Marine Enterprises. CIAMAR se quedó con el 92 por ciento de las acciones.

La licitación establecía que se debían pagar 8 millones de dólares en efectivo y 160 millones en títulos del Estado. Pero cuando CIAMAR ganó el negocio, Menem sacó un decreto que modificó el precio: 7.200.000 dólares en efectivo y 52.560.000 financiados a nueve años con tres de gracia.

A los 20 días de comprar Tandanor, Ciamar vendió la planta 1 a 18 millones de dólares a "Puerto Retiro", una empresa que se sospecha es de los mismos dueños, y que blanqueó el objetivo de la operación. Pidió la rezonificación del lugar para poder hacer un negocio inmobiliario. Así lo aprobó el entonces Concejo Deliberante de la ciudad pero lo vetó el intendente Saúl Bouer. Luego se dictó una medida judicial que está vigente y que prohíbe modificar el lugar.

Los peritos que declararon en el juicio dijeron que no se puede acreditar que esos 18 millones de dólares efectivamente se hayan pagado.

Esa es una de las irregularidades que se está juzgando. Otra es que CIAMAR nunca pagó la licitación. Solo los primeros 7 millones de dólares y después el 2,9 por ciento de los restantes 52 millones. También que el contrato establecía es que ante los incumplimientos el Estado recién podía iniciar una demanda en la última cuota y no en la primera que suele ser la práctica habitual de estos contratos. Por eso la denuncia penal recién llegó en 1999 cuando la presentó quien entonces era intendente, Jorge Domínguez.

El proceso entró en los laberintos de tribunales. A la causa penal se le sumó un pedido de quiebra de la empresa y en 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner estatizó la planta 1 que volvió al estado. Pero el decreto fue declarado inconstitucional y ahora está en la Corte a la espera de una resolución.

Pero la intención de avanzar con el negocio inmobiliario no se detuvo. En 1998, Puerto Retiro vendió parte de sus acciones a IRSA, una de las empresas más grandes que se dedican al desarrollo de proyectos inmobiliarias.

El juicio oral

Los jueces del Tribual Oral Federal 5, Sergio Paduczak, Gabriel Nardiello y Sabrina Namer, iniciaron en marzo del año pasado el juicio oral y público a siete acusados. Son Eduardo Tesoriere, ex director de privatizaciones; Alejandro Bofill y Juan Andrés Vlastó, titulares de CIAMAR y Puerto Retiro; los también empresarios Miguel Larminat, y Nachat Samman; el abogado Gerardo Donato; y el gerente del Banco Holandés Unido Omar Calculli.

También estuvo procesado Erman González, ministro de Defensa cuando se hizo la privatización de Tandanor, pero falleció antes del inicio del juicio. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió en varias oportunidades la indagatoria de Menem pero el juez Claudio Bonadio no lo citó. Bonadio fue sancionado con el 30 por ciento de su sueldo por el Consejo de la Magistratura por demorar tres años la elevación a juicio del caso. Luego la Corte revocó esa sanción.

El procurador Saravia Frias habló ante los jueces hace una semana. Fue en los alegatos de la demanda civil y pidió que los privados paguen los 52 millones de dólares que adeudan y que el predio vuelva a manos del estado.

El viernes pasado comenzaron los alegatos penales. El primer turno fue de la propia Tandanor. Sus abogados señalaron que hubo una defraudación al estado y alertaron sobre el millonario negocio inmobiliario que podría significar si el predio no vuelve al estado. Este viernes concluirán con los pedidos de pena para los acusados. Luego será el turno de la querella del Ministerio de Defensa, después del fiscal Diego Luciani y por último de las defensas. La expectativa es que en agosto se conozca el veredicto.

La acusación es por el delito de administración fraudulenta que tiene una pena máxima de seis años de prisión.

El resultado será clave. Si los jueces entienden que la privatización fue fraudulenta, el Estado y el fiscal podrán reclamar el decomiso del predio para que vuelva a ser público.