Indagaron a la diputada Aída Ayala y pidió la exención de prisión

Aída Ayala, diputada nacional de Cambiemos y ex intendenta de Resistencia, Chaco, se sentó este martes a la mañana frente a la jueza federal Zunilda Niremperger y al fiscal Patricio Sabadini y escuchó la acusación en su contra: ser la jefe de una asociación ilícita que desde la comuna hizo negocios con la recolección de residuos en la ciudad. La legisladora negó los cargos y pidió la exención de prisión para tratar de revertir el pedido de desafuero y detención que pesa sobre ella.

El fiscal Sabadini pidió el jueves pasado la detención de Ayala previo solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados porque tiene inmunidad de arresto por ser legisladora nacional. Hasta que no le quiten los fueros no puede ser arrestada. Eso depende de Diputados. Lo mismo ocurrió el año pasado con el legislador del Frente para la Victoria Julio De Vido, que fue desaforado y terminó preso en la causa conocida como "Río Turbio".

La acusación contra Ayala es porque en 2014, cuando era intendenta de Resistencia, montó una ingeniería para beneficiar a la empresa "PIMP SA" con el negocio de la recolección de residuos en la ciudad. Según la Fiscalía, de la maniobra también participó dirigente sindical, Jacinto Sampayo.

"Para poder llevar adelante estas maniobras, ambos se encargaron en primer lugar de construir o armar estructuras societarias, con la clara finalidad de ocultar sus identidades valiéndose de personas de confianza que, bajo sus órdenes, llevaron adelante el designio criminal", describió el fiscal en su acusación.

El contrato inicial fue de 260 millones de pesos y tuvo sucesivas prórrogas. Peritos de la Policía Federal Argentina están trabajando en un informe para determinar cuál fue el monto de la defraudación al estado.

El fiscal Sabadini pidió la detención de Ayala porque cree que en libertad puede entorpecer la investigación que está en tramite. Puntualmente, entiende que puede haber destrucción de prueba.

En la causa ya hay varias personas detenidas. Entre ellas, Alejandro Fischer, ex yerno de Ayala.

Ayala es la dirigente radical más importante de Chaco y compitió en 2015 por la gobernación de la provincia contra el peronista Domingo Peppo. Para eso tuvo el apoyo del presidente Mauricio Macri, del entonces jefe radical Ernesto Sanz y del líder del Frente Renovador Sergio Massa. Ayala fue intendenta de Resistencia durante tres períodos (de 2003 a 2015) hasta que perdió la gobernación con Peppo. Con Macri como presidente pasó al gobierno nacional: Ayala fue nombrada Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, que depende de Rogelio Friguerio. Y el año pasado fue electa como diputada nacional.

Tras el pedido de detención e imputación de la Fiscalía -que incluyó a otras 15 personas-, Ayala se presentó ayer en el juzgado federal de Resistencia y pidió declarar. La jueza Niremperger le dijo que no se podía hacer en ese momento y la citó para el día siguiente a las ocho de la mañana.

La diputada nacional se presentó hoy escuchó la acusación y las pruebas en su contra: ser la jefa de una asociación ilícita agravada que lavó dinero público, defraudó a la administración pública y se enriqueció ilícitamente. Todo agravado por ser funcionaria pública, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Ayala negó las acusaciones y dijo que era inocente. Sostuvo que el contrato se hizo bajo los parámetros legales, que así está documentado y pidió que declaren como testigos funcionarios de su gobierno que trabajaron en el caso. También acusó a la justicia de actuar políticamente en su contra y se negó a contestar las preguntas del fiscal Sabadini.

Tras la indagatoria-que duró cerca de una hora-, la defensa de Ayala pidió la exención de prisión. Eso significa que la diputada solicitó tener la garantía de transitar en libertad la investigación judicial.

Lo hizo para contrarestar el pedido de arresto del fiscal Sabadini, al que la jueza Niremperger le dio curso porque pidió su desafuero.

Ese planteo debe ser tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que presidente el legislador del PRO Pablo Tonelli. Por allí también pasó el desafuero de De Vido.

Primero tiene que haber dictamen de la comisión y luego del pleno de la Cámara. La ley de fueros establece que la comisión tiene 60 días para tratar el tema y el pleno, 180 días. Para desaforar a un legislador se necesitan los votos de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.

"Antes que me quiten los fueros, renuncio", dijo hoy Ayala. La diputada espera dos decisiones importantes. Una es si Diputados le quita los fueros y la otra si la jueza Niremperger la procesa como jefa de una asociación ilícita.

Lo más inmediato será la resolución del pedido de exención de prisión. Primero debe dictaminar el fiscal Sabadini y luego resolver la magistrada. Se prevé que sea en el transcurso de esta semana.