La desconfianza en la Justicia y la "depuración" que quiere Mauricio Macri

El Poder Judicial está desde hace varios años en caída libre en cuanto a su imagen. Cada año desciende ante la mirada de la ciudadanía y su credibilidad deja mucho que desear: más del 70 por ciento tiene una imagen negativa de la justicia.

Desde el gobierno nacional lo saben y por eso el presidente Mauricio Macri ya dio la orden de avanzar en lo que denominan desde el oficialismo la "depuración de la justicia".

Según se desprende de un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social en Argentina de la UCA, "el 40% de los consultados tiene una imagen muy mala de la justicia y el 38% tiene una imagen algo negativa, un 14% algo positiva y un 3% prefirió no expedirse sobre el tema".

El abogado Ricardo Gil Lavedra reconoció que "hay una extendida desconfianza en el funcionamiento judicial" y aseveró que "no es posible en una sociedad democrática que exista este grado de desconfianza hacia el accionar de la justicia porque su legitimidad se basa en la credibilidad que tiene con respecto de sus fallos".

Por su parte, Eduardo Barcesat, también especialista en derecho constitucional, coincidió en que hay "una creciente pérdida de credibilidad en el accionar judicial".

"Creo que esto obedece a que hubo una sumisión del Poder Judicial a los dictados del poder político, ha aceptado en silencio hasta el último minuto en las interferencias del Poder Ejecutivo en la tramitación de causas judiciales y ha consentido también que un órgano que se ha convertido en inquisitorial, que es el Consejo de la Magistratura, amedrente, persiga y excluya de la función judicial a los jueces independientes que han honrado el ejercicio de la judicatura", explicó Barcesat en diálogo con Infobae.

Para el ex juez y actual senador nacional Rodolfo Urtubey, el resultado de este estudio no es una sorpresa porque la imagen de la justicia "viene dando negativa porque hay un desajuste entre las expectativas de la sociedad en muchos órdenes de la justicia y los procesos".

"A través de una noticia se produce una expectativa por parte de la sociedad y después esa noticia no se ve correspondida en un proceso judicial en tiempo y forma. Me parece que esta es la causa principal del deterioro de la imagen de la justicia, esta falta de correspondencia entre una expectativa social y la efectiva revisación de los procesos judiciales respectivos", agregó durante una entrevista con Infobae.

El Presidente quiere avanzar sobre la Justicia, lo que por un lado, dado los resultados de las encuestas, la opinión de los especialistas y la percepción que tiene la ciudadanía del Poder Judicial, sería una buena medida ya que parece necesaria una reforma que está pendiente desde 1983. Pero, por el otro lado, están quienes cuestionan esta decisión y dicen que solo es una reacción de Macri porque no le gustaron las decisiones de algunos jueces en las últimas semanas.

Para Gil Lavedra, "hay una muy firme voluntad del Gobierno en avanzar en un plan integral de la Justicia. El Plan de Reforma Integral que lleva adelante el ministro Germán Garavano, que es el Plan de Justicia 2020, apunta a tratar de recuperar esa confianza perdida a través de un método inédito de participación ciudadana. Cualquier ciudadano ahora puede entrar en la página y discutir todas estas iniciativas, que muchas de ellas han podido ser sancionadas pero muchas otras no porque el plan requiere un verdadero cambio cultural que lleva tiempo".

"Los cambios tienen que reposar en procesos por audiencias totalmente orales, sin actas, sin constancias, audiencias totalmente grabadas. Una mayor digitalización del proceso judicial, favorecer el acceso y todas las herramientas tendientes a hacer más transparente y más cristalino el funcionamiento de los jueces. La mejor manera de obtener mejores resultados es que la gente pueda controlar y ver lo que ocurre dentro de la justicia".

En cambio, el senador Urtubey advierte que "si la batalla política se va a realizar en los tribunales entonces está a la vista la aceptación de querer poner jueces adictos".

"Si se judicializa la política -es decir que las cuestiones políticas que deben resolverse en ámbitos naturales de la política se llevan a resolver en un estrado judicial-, rápidamente los gobiernos tienen la aceptación de politizar la justicia. Y esto es muy negativo y es un mismo proceso de llevar a la justicia cuestiones políticas y politizar a los jueces", agregó.

Sin embargo, aclaró que no ve una intervención del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, aunque reiteró que "lo que pasa es que todo parte del mismo proceso, cuando uno adopta este esquema mental de asumir como natural los procesos de politización de la justicia, la lógica termina siendo que todo lo que pasa, pasa porque un gobierno determinado quiere intervenir en la justicia".

Como la mayoría de los especialistas consultados por Infobae, Urtubey reconoció la necesidad de reformar la Justicia porque "tiene muchas deficiencias y tiene que ir modernizándose".

"Hay una agenda pendiente de modernización, sobre todo en la aplicación de nuevas tecnologías al proceso judicial. Hay que avanzar hacia un expediente electrónico, hay que tratar de desburocratizar mucho los procesos de la justicia. También hay que generar procesos de evaluación o de autoevaluación que prácticamente no existen, y también los jueces tienen que tener un mecanismo de actualización de conocimientos y de nuevos procedimientos, y es obligación de la Corte Suprema de implementarlos", agregó.

Para Barcesat -cuyo diagnóstico sobre la situación de la justicia y su credibilidad es mucho más crítico- "solamente una nueva Constitución que configure una Justicia que sea representativa y republicana, la actual no lo es, puede ser la alternativa sanadora en lo que hace a tener un Poder Judicial que integre efectivamente el Gobierno Federal y no que sea una especie de herramienta del status quo".

Agustín Salvia, sociólogo e investigador del Conicet y la UBA y director del Observatorio, explicó en diálogo con Infobae que la encuesta se hace todos los años y monitorea más de un centenar de indicadores de desarrollo humano e integración social desde un enfoque de derechos a nivel de hogares, población infantil, población mayores y población adulta de 18 años y más.

Salvia destacó varios aspectos a partir de los resultados obtenidos, primero los inestables niveles de confianza en el Poder Ejecutivo desde 2010 hasta la fecha, con un cambio de composición de las clases que le brindan confianza con el cambio de gobierno en 2015.

"En el último año el gobierno de Mauricio Macri presenta mayor confianza que el que registraba Cristina Fernández en 2015, aunque menor al que registraba la expresidente en 2011", precisó.

Señaló, además, la sistemática caída de la confianza del conjunto de la ciudadanía, pero mucho más entre las clases medias, en el Poder Judicial y explicó que en el caso del Poder Legislativo la confianza es más inestable y acompaña a las expectativas electorales porque, según dijo, "en los años que no hay elecciones tiende a caer".

Y por último agregó: "La ciudadanía, cualquiera sea su clase, presenta alta valoración de la democracia como sistema de gobierno pero baja credibilidad en sus instituciones y representantes".

Para Salvia que la ciudadanía descrea de la Justicia es un proceso que creció con el tiempo, sobre todo a partir de 2011 cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner comenzó "una campaña política contra jueces y fiscales".

"El descreimiento corresponde a que tanto defensores del gobierno de Macri como del kirchnerismo perciben que el Poder Judicial no actúa de manera neutral", analizó Salvia.

La imagen de la Justicia para la sociedad argentina es mala y hoy su nivel de credibilidad es el más bajo desde 1983. Sobre este tema parece que no hay grieta, porque cada vez son menos quienes creen que el Poder Judicial es independiente del poder político de turno.