El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y presidente de la obra social Osecac, Armando Cavalieri, fue imputado por el delito de administración fraudulenta en la causa en la que se investigan las maniobras de la financiera Cordubensis (CBI), en lo que se conoce como la versión cordobesa de "La ruta del dinero K".
Según informó La Voz, el fiscal federal Enrique Senestrari acusó a Cavalieri y a otros directivos de Osecac de contratar empresas fantasmas a las que le pagaban por prestaciones de salud no brindadas en Mendoza, San Juan y San Luis.
Cheques por $53 millones
La investigación arrojó que esos cheques fueron cambiados en la mesa de dinero que funcionaba en la financiera CBI y depositados en las cuentas que tenían en el Banco Nación dos firmas fantasma: Halabo SA y Jotemi SA.
Aunque no está claro el monto total, el fiscal sostiene que superó los 53 millones de pesos entre septiembre de 2010 y agosto de 2012.
En ese contacto, el miércoles, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó un allanamiento en la sede de Osecac, en Moreno 648. El operativo fue realizado por la Prefectura Naval.
Polémico fiscal
La tarea del fiscal Senestrari en la causa, no obstante, ha sido cuestionada. Se trata del mismo funcionario que en una entrevista radial pidió que caiga el presidente Mauricio Macri.
La semana pasada, Senestrari fue denunciado por encubrimiento por parte de los abogados defensores de uno de los empresarios denunciados en el expediente, Darío Ramonda.
Los acusados
Junto a Cavalieri están imputados cinco directivos de Osecac: Carlos Alfredo Bélz, Pedro Ángel Mezzapelle, Daniel Andrés Ruberto, José Luis Oberto y Carlos Alberto Restivo. El fiscal cree que todos fueron autores de la maniobra fraudulenta.
A su vez, hay otros acusados en calidad de partícipes necesarios y que habrían actuado como intermediarios. Son Bruno Rodolfo Cricco, Alejandro Domingo Mateo, Mariana Rojas, Juan Antonio López, Mario Rolando Ramírez, Rafael Ricardo Molina y María Fernanda Sánchez.
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