Crisis de combustible en Bolivia: YPFB despide a 410 funcionarios en un proceso de “reestructuración” de la empresa

En medio de la crisis por la calidad del combustible en Bolivia, la empresa estatal petrolera informó que realizó el despido de 410 funcionarios públicos en el marco de un proceso de “reestructuración” interna.

“Este proceso busca no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas”, señaló el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky, a través de un comunicado institucional.

La empresa atribuye los problemas recientes a un presunto “sabotaje deliberado por parte de estructuras internas organizadas” que tienen el objetivo de “desestabilizar a la compañía y al Gobierno”.

“La anterior gestión convirtió a YPFB en un espacio de influencia política, lo que en 20 años generó graves daños a su capacidad técnica y operativa”, señala la nota de prensa y agrega que se iniciaron investigaciones contra los responsables de “cualquier daño en materia económica o técnica”.

Esta información se da a conocer en medio de la crisis por la contaminación del combustible que provocó fallas en motores y bajo rendimiento en los vehículos. En una conferencia de prensa anterior, Alky admitió que se identificaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, heredados de la anterior gestión, lo que habría dañado la gasolina y generado daños en los motores.

Según datos del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB), al menos el 60% de los vehículos que actualmente se encuentran en talleres mecánicos tienen problemas relacionados con la “mala calidad del combustible”.

El presidente Rodrigo Paz atribuyó el problema a un supuesto plan de “sabotaje” dentro de la estatal petrolera y afirmó que tiene identificados a los responsables. Sin embargo, a más de 40 días de iniciado el conflicto, aún no se han presentado los presuntos implicados, ni se ha explicado la forma en la que han operado ni las estrategias para evitar que vulneraciones de ese tipo se repitan en la empresa más importante del país.

El lunes el Gobierno anunció la militarización de las plantas de YPFB en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz con el objetivo de “defender” a la petrolera de “las mafias y de la corrupción”. Paz señaló que la decisión también responde a la necesidad de establecer un seguimiento en toda la cadena de producción y distribución de gasolina para garantizar la trazabilidad de los combustibles.

En paralelo al despliegue de las Fuerzas Armadas, la administración de Paz ordenó la incorporación de aditivos estabilizantes y antioxidantes en la gasolina, con el propósito de proteger el producto de la degradación y disminuir los riesgos de daños a los motores.

Bolivia atraviesa desde hace tres años una crisis de carburantes que inició con periodos de desabastecimiento y continúa con problemas para garantizar los estándares de calidad. Los crecientes problemas de importación por la falta de divisas provocaron periodos de escasez que iniciaron en 2023 y se fueron haciendo cada vez más frecuentes y prolongados. Con el cambio de gobierno, en noviembre de 2025, se regularizó el suministro, pero surgieron cuestionamientos sobre los controles y la calidad de la gasolina que se distribuye.

En ese contexto, en las últimas semanas los choferes sindicalizados realizaron protestas en diferentes ciudades del país e hicieron vigilias en instituciones públicas para exigir una solución estructural y definitiva, además de un resarcimiento de los daños provocados en sus vehículos.