El radicalismo propone que la Oficina Anticorrupción investigue a los funcionarios antes de asumir

La renuncia de Valentín Díaz Gilligan sigue generando ruido interno dentro de Cambiemos. Es que ahora, la UCR, uno de los miembros fundadores, impulsará en el Congreso un proyecto de ley para que la Oficina Anticorrupción, hoy a cargo de Laura Alonso, investigue a los funcionarios -que no sean elegidos por el voto popular- antes de asumir.

La iniciativa fue presentada por Mario Negri, jefe del interbloque oficialista en la Cámara de Diputados, y lleva también las firmas de Karina Banfi, Luis Borsani y Miguel Bazze. Lo que propone es modificar la Ley de Ética Pública (25.188) para que la OA "actúe preventivamente en la regulación de conflicto de intereses".

"Aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales u otros riesgos éticos o conflictos con las reglas y principios de integridad que puedan existir", establece el escrito.

Sería para quienes fueran postulados para desempeñarse como jefe de Gabinete, ministro, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo y/o como titulares o integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores de servicios públicos.

"La idea es que quienes resulten designados comparezcan ante la OA, en una suerte de chequeo previo, para ver si no hay contradicciones entre su función anterior y el cargo que van a asumir", explicó Negri.

El texto también contempla que "se tomará en cuenta la información que se hubiera presentado y las fuentes de información públicas disponibles" para luego poder solicitar "información complementaria al candidato y pedir informes a los organismos nacionales, provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto a organismos privados y como particulares".

Con la información que recabe y analice, la OA podrá hacer una recomendación para "reparar" alguna situación detectada o hasta "no avanzar con la designación" o "la potencial intervención de otras autoridades".