Liliana Zulet es tajante.
—Sabés que no me alcanza la plata. Me tenés que aumentar la cápita. Y traeme flan con dulce de leche —le dice a Hugo Moyano.
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La frase está incorporada en la ampliación de la denuncia por defraudación que Graciela Ocaña presentará hoy en Tribunales contra el sindicalista y su familia.
Se trata de una licencia literaria que se tomó la diputada de Cambiemos para explicar de manera coloquial cómo el dinero de la obra social del camionero termina en manos de las empresas que maneja su esposa.
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El escrito de 20 páginas, al que accedió Infobae, sugiere incluso la existencia de maniobras de lavado, y solicita al juez Claudio Bonadio que ordene la intervención tanto del ente de salud como del conglomerado de firmas vinculadas al gremialista.
LAS EMPRESAS QUE ESTÁN EN LA MIRA
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El ex jefe de la CGT siempre utilizó su obra social como una formidable plataforma de negocios y logró edificar en muy pocos años un verdadero emporio familiar.
Su mujer fue la ingeniera de la estrategia: le dio impulso a Iarai, la gerenciadora de los sanatorios, clínicas y geriátricos del ente de salud de los camioneros.
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Según la investigación de Ocaña, "Iarai es la nave insignia y principal sociedad utilizada para el traspaso de fondos" a favor del clan Moyano.
La firma mostró año tras año un ostensible crecimiento. Pasó de facturar 130.352.804,05 pesos, en 2009, a 413.654.985,48 pesos, en 2014, su último ejercicio conocido.
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Iarai tiene registrados préstamos, inversiones, compras de inmuebles y también de otras sociedades, como por ejemplo el 50% de las acciones de la agencia de seguridad Las Marías.
Para "La Hormiguita", este flujo de fondos, que se presenta como parte de un proceso de capitalización, esconde el traslado de dinero de la obra social a los bolsillos de Moyano.
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Sospecha que lo mismo ocurre con Dixey. ¿Por qué? Porque adquirió tres inmuebles de 7001,09 metros en Parque Leloir, en cuya dirección fijó domicilio particular la propia Zulet.
Dixey es otra empresa del clan que se expandió a la velocidad de un rayo. Solo entre 2009 y 2013 los ingresos por ventas pasaron de 6.821.345,08 pesos a 62.660.996,41 pesos. Nada mal para una compañía multirrubro, que provee desde ropa de trabajo hasta servicios administrativos, informáticos y de carpintería.
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En la denuncia que hoy aterrizará en el despacho de Bonadio también hay un capítulo dedicado a Aconra. La firma, cuya principal actividad es la construcción, registra un crecimiento fenomenal, y eso que se vincula exclusivamente con la obra social y la mutual de los camioneros.
Los balances son categóricos. De los 54.177.065,16 pesos facturados por ventas en 2009 pasó a 157.538.276,16 pesos cinco años después. El boom le permitió adquirir varios inmuebles.
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UNA OBRA SOCIAL CON ÍNDICES NEGATIVOS
Ocaña advierte que el fulgurante éxito del "holding Moyano" contrasta con la crítica situación económica-financiera de la obra social.
Concretamente habla de un quebranto de 636.935.873 pesos del ente de salud. Y remarca que en los últimos cuatro ejercicios contables el patrimonio neto fue negativo. Nada cambió con el incremento de aportes y contribuciones, ya que igualmente estuvo por debajo de los gastos prestacionales, que facturan las firmas familiares.
Acaso eso explique la dependencia histórica con los reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE) y del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que pasaron de 334 millones de pesos, en 2014, a 776 millones de pesos, en 2018.
"¿Por qué Moyano no contrató al staff familiar encabezado por su esposa y demás parientes para el manejo de la obra social en lugar de crearles empresas paralelas? De esta forma todas las ganancias que fueron a las empresas familiares a través de la tercerización de servicios podrían haber quedado en la obra social", señala la legisladora de Cambiemos en el escrito.
En menos de diez años, las empresas que maneja Zulet contabilizan a su favor 35.213.846 pesos, de los cuales 15.770.826 pesos corresponden a Iarai, 8.385.767 pesos a Dixey, y 11.057.253 pesos a Aconra.
Para Ocaña, ver a "los Moyano-Zulet millonarios" frente a "un servicio de salud quebrado" es "la prueba más contundente de la defraudación" e incluso de "lavado".
Por eso, y por temor a que el camionero obstruya la investigación, la solicitud de intervención de las empresas y de la obra social.
Por eso, también, el pedido expreso de la legisladora para que la Inspección General de Justicia, la Superintendencia de Servicios de Salud, la ONG de contadores forenses y la Unidad de Información Financiera colaboren con la investigación.
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