El Gobierno quiere aprobar este año la ley que lo obliga a ordenar las recaudaciones de campaña

Según los informes previos de la campaña de octubre presentados ante la Justicia electoral, más del 80% de los donaciones a las listas de Senadores y Diputados de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, casi $40 millones en total, fueron en efectivo. No solo eso: en el listado de contribuyentes a las nóminas que encabezaron Esteban Bullrich y Graciela Ocaña figuran decenas de directores y asesores provinciales cuyos desembolsos, desde $10.000 en adelante, generan todo tipo de suspicacias. Uno de los grandes dilemas de los procesos electorales no es dónde sale el dinero si no quién se hace cargo, lo que en la jerga se llama "simulación de aportes".

En ese sentido, el Gobierno deberá al menos ordenar las próximas recaudaciones de campaña si es que se cumple uno de los objetivos parlamentarios previsto para este año: la sanción de una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, que en los primeros dos años de gestión la Casa Rosada no llegó a impulsar, en buena medida por el naufragio de la Reforma Política en el Senado. "Es una de las reformas de carácter institucional de importancia para este año", confiaron a Infobae desde uno de los despachos de la Jefatura de Gabinete desde el que se coordina la agenda parlamentaria, y en particular dicho proyecto, con el Ministerio del Interior.

En los próximos días, de hecho, el ministro Rogelio Frigerio y el ex diputado Fernando Sánchez -que por estas horas será designado formalmente como secretario de Fortalecimiento Institucional y que estará a cargo, entre otras tareas y junto a Lucia Aboud, de la relación con el Parlamento- tienen prevista una reunión para empezar a esbozar la agenda del Congreso desde las sesiones extraordinarias de febrero, si es que el Gobierno finalmente las convoca, hacia adelante. La principal incógnita en estas semanas es cómo y cuándo enviará Mauricio Macri la Reforma Laboral, resistida por un sector importante de la oposición.

El año pasado, en vísperas de la campaña legislativa y tras el fracaso de la Reforma Política, el Gobierno había empezado a promover el debate en torno a la modificación de la actual ley de financiamiento. A mediados de año, reunió en Casa Rosada a referentes de algunos de los partidos de la oposición y a referentes de organizaciones civiles como CIPPEC, Poder Ciudadano y Transparencia Internacional.

El proyecto, que el macrismo ya tiene listo y que fue consensuado con los diversos actores de la coalición de gobierno -desde Adrián Pérez y José Torello a los dirigentes de la Coalición Cívica-, contempla la bancarización casi total de los aportes, la habilitación de las donaciones empresarias -prohibidas en campaña-, un registro de gastos y de proveedores en tiempo real y la regulación de la colaboración de órganos como la Cámara Nacional Electoral, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC, AFIP, ANSES, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción para el combate de actividades ilícitas. En el 2015, la campaña presidencial de Cambiemos y la de otras alianzas quedaron bajo sospecha por supuestos lavados de activos a raíz de millonarios aportes realizados en efectivo.

El texto elaborado ahora por la Casa Rosada restringe, por ejemplo, casi hasta el mínimo las donaciones en efectivo: solo 950 pesos, el equivalente a 100 módulos electorales actuales, en ocasión de eventos de recaudación de fondos y con la obligación de depositarlos en la cuenta bancaria del partido en un plazo máximo de cinco días hábiles. En el caso de las empresas, que sí pueden aportar a los partidos políticos-, según el proyecto oficial, la donación no podría exceder el 2 por ciento del total del gasto permitido durante la campaña. ¿El objetivo? Que ningún aportante pueda "comprar" una campaña. Toda una novedad para el sistema de financiamiento local. Incluso para Macri, cuya carrera presidencial, que costó más de $1.000 millones, estuvo plagada de dinero negro.

El año pasado, la financiación de las campañas del oficialismo, además de las abundantes donaciones en efectivo, arrojaron algunos datos singulares. En la provincia de Buenos Aires, uno de los mayores donantes a Cambiemos fue Carlos José Miguens. Contribuyó con $125.000 a la lista de Bullrich y otro tanto a la de Ocaña, además de otros generosos aportes de la tradicional familia empresaria. Eso sí: lo hizo, según los informes previos de rendición de cuentas, a través de transferencias bancarias. Miguens es un actor de peso en el negocio de la generación eléctrica, entre otros rubros.

En Santa Fe hubo otra particularidad, cuanto menos llamativa. Según los informes preliminares, Felipe Franco, secretario de Recursos Hídricos de la Municipalidad de Santa Fe, aportó $725.000 a la campaña de Albor Ángel Cantard, el candidato que derrotó a Agustín Rossi, repartidos en 29 contribuciones de $25.000. Voceros de José Corral aclararon, sin embargo, que se trató de un error de carga, que ya fue subsanado en la rendición final y que fue una sola donación de $25.000.

Así como el Gobierno tiene entre sus objetivos aprobar este año la modificación al financiamiento político, y volver a impulsar la Reforma Política, aún hay dudas en torno a si insistir o no con la Boleta Única Electrónica, uno de los caprichos de Macri que más resistencia encontró por parte no solo de la política, sino de las organizaciones civiles. Así se lo recordó Delia Ferreira Rubio, directora de Transparencia Internacional y una de las principales detractoras del voto electrónico, en la reunión que mantuvieron en noviembre pasado en el despacho presidencial. Fuentes oficiales aseguraron que el Gobierno recibió informes de organismos internacionales que desaconsejan la introducción de la tecnología en el escrutinio.