Caso Boudou: la trampa de discutir solamente la prisión preventiva

La causa del ex vicepresidente resume algunos de los más graves vicios de la justicia federal. La decisión de ponerlo preso ahora contrasta con los años transcurridos sin cerrar esta etapa y mandar el caso a juicio oral. Son dos piezas del mismo problema

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Amado Bodou, detenido por una causa de enriquecimiento ilícito
Amado Bodou, detenido por una causa de enriquecimiento ilícito

Amado Boudou está en la cárcel con prisión preventiva, figura que genera controversias por su aplicación y sus márgenes difusos. La causa por enriquecimiento ilícito que determinó esa medida lleva ya cinco años de recorrido y aún no fue cerrada la instrucción para darle paso al juicio oral y, seguramente, a la instancia de la Cámara de Casación. Dilaciones judiciales y detención sonora: el caso del ex vicepresidente expone así dos piezas de un mismo y viejo problema en el poderoso fuero federal, que parecen disociadas en el debate de estos días.

La filtración de los videos que registraron la detención de Boudou, un hecho obsceno en sí mismo, le dio mayor volumen o repercusión al tema, pero la cuestión de fondo trasciende el episodio y va más allá incluso de los cuestionamientos nuevos y viejos al juez Ariel Lijo. Es un punto sensible el que está en discusión: no debería ser desenfocado ni siquiera por la campaña bastante elemental que despliega ahora el kirchnerismo.

Está claro que la prisión preventiva puede proyectar sombras sobre el criterio básico que establece que la cárcel debe ser producto de una condena firme. Y es evidente que las dilaciones judiciales tampoco son un tema menor: alimentan la sensación de impunidad y a veces rozan la denegación de justicia. ¿Cómo analizarlo por separado cuando, además, en muchos casos los mismos jueces federales aletargan procesos y unos años más tarde precipitan medidas?

Hay poco espacio para las miradas ingenuas. El kirchnerismo ha tomado una parte del tema –la prisión preventiva de Boudou- como eje de una campaña que busca dibujar un cuadro de extremo peligro para la democracia y el Estado de Derecho. Lo inquietan muchos otros casos, pero el núcleo implícito es la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, no hay registro de preocupación por los tiempos, ni defensa del ex vicepresidente frente a este tema o el caso Ciccone. La apuesta a que los años diluyan la carga no es nueva en la política.

Amado Boudou fue detenido el 2 de noviembre por orden del juez Ariel Lijo (Maximiliano Luna)
Amado Boudou fue detenido el 2 de noviembre por orden del juez Ariel Lijo (Maximiliano Luna)

Un dato elocuente: más de la mitad de los despachos de Comodoro Py son ocupados por jueces designados en aquella década. De hecho, el cuadro de degradación y de juego con el poder en el ámbito de los jueces federales se agudizó durante las gestiones kirchneristas, y lo hizo con la matriz impuesta en los '90.

Las reacciones frente al caso Boudou, en el circuito oficialista, no superaron la sencillez de lamentar que los responsables de casos de corrupción no hayan ido a la cárcel mucho antes. Sugieren pero no dicen de manera expresa que el manejo de los tiempos es al menos un ejercicio de arbitrariedad que no puede ser entendido como fenómeno individual, de un juez o un par más, sino de un sistema integral que debería ser revertido. Ya no se trata de mirar el partido desde la platea.

Hace más de dos décadas, los jueces federales se transformaron en jueces de instrucción. Las sentencias quedaron para los tribunales orales. Asomó como un avance en el sistema judicial, sin dudas, pero no siempre es registrado.

Vale un ejemplo. La causa inicial por la tragedia de Once –con el enorme y sensato empuje de familiares de las víctimas- escribió en menos de cuatro años los capítulos de la instrucción y de las condenas. La decisión del tribunal oral federal fue apelada y llegó a la instancia de Casación. Parece un caso excepcional, aunque con una luz amarilla: va camino a cumplir dos años en ese escalón de la Justicia.

Muchos casos que involucran a ex funcionarios y allegados o beneficiados durante las gestiones kirchneristas pasaron años en estado de letargo o se movieron con lentitud extrema. Aun desde posiciones críticas, algunos dirigentes contemplan ese paisaje con cierta naturalidad. Creen que algunos jueces pisan causas en un doble juego: como favor político pero a la vez como blindaje o moneda de negociación ante el poder coyuntural.

La cuestión de la prisión preventiva se asocia al mismo cuadro y también expone la necesidad de un debate. No hay un criterio unánime en la Justicia e incluso varía según las jurisdicciones. En el terreno de la justicia federal, su implementación en causas como las referidas debería atenerse a la existencia de riesgos procesales, es decir, el peligro de fuga o la capacidad de entorpecer la investigación.

¿Cómo se miden en la práctica esos riesgos? No está precisado y como ocurre en relación con los tiempos, se impone finalmente la visión del juez según el caso. Resulta contradictoria esa amplitud para la aplicación de una medida que tendría que tener un sentido realmente restrictivo.

La necesidad de precisar y asegurar esas restricciones, para achicar a milímetros el margen de interpretación, opera en espejo con el necesario respeto y preservación del principio mayor que, se sabe, es el principio de inocencia. Hay una pregunta que no pone en crisis ese elemento central, sino que alude a la otra cuestión, la de los tiempos: ¿cuándo una persona involucrada en una causa deja de ser inocente y pasa a ser técnicamente culpable?

Amado Boudou durante el traslado, saliendo de Prefectura (Adrián Escandar)
Amado Boudou durante el traslado, saliendo de Prefectura (Adrián Escandar)

De acuerdo con la visión más extendida, una condena es considerada sentencia firme cuando Casación convalida el fallo del tribunal oral federal, aunque hay quienes extienden esa mirada hasta la Corte, en caso de que se llegue al último escalón judicial. Pero el punto no es esa escalera, razonable además en términos de garantías, sino la voluntad de los jueces para avanzar con los casos.

Parece ineludible la discusión sobre los alcances de la prisión preventiva y es posible incluso debatir el fondo de su vigencia. Parece difícil además esquivar el debate sobre los tiempos, a veces eternos, que se registran en la justicia federal. Vuelta entonces a la pregunta de arranque: ¿por qué poner la atención sólo en un tema y no tratarlos juntos, como suelen operar en la realidad? Y vuelta también a un señalamiento inicial: hay poco espacio para las miradas ingenuas.

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