La Oficina Anticorrupción les pedirá explicaciones a Caputo y Aranguren por las sociedades offshore

La Oficina Anticorrupción enviará hoy sendos requerimientos a los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren para que aclaren si prestaron servicios a sociedades en el exterior y si dicha actividad fue incluida en sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales.

La titular de la OA, Laura Alonso, tomó la decisión tras difundirse en los medios que los jefes de las carteras de Finanzas y de Energía están comprometidos en la administración de sociedades y fondos de inversión offshore.

La duda sobre si ambos ministros consignaron u omitieron esos datos en sus antecedentes laborales es porque las declaraciones juradas patrimoniales tienen un anexo reservado al que la OA no puede acceder.

Por eso, como medida complementaria a los requerimientos, Alonso le solicitará en las próximas horas al ministro de Justicia, Germán Garavano, una autorización expresa para poder ingresar a los anexos reservados y cerciorarse si Caputo y Aranguren están en falta.

El artículo 12 de la Ley de Ética Pública obliga a todos los funcionarios, cuyo acceso a la función pública no sea resultado directo del voto, a incluir en su declaración jurada patrimonial sus antecedentes laborales.

De acuerdo con la información difundida en los Paradise Papers –el proyecto impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung–, antes de asumir en el cargo Caputo administró inversiones en las Islas Caimán y Delaware, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales.

Por su parte, Aranguren, mientras se desempeñaba como ejecutivo de Shell, integró los directorios de al menos dos sociedades offshore: Shell Western Supply and Trading Ltd y Sol Antilles y Guianas Limited.

¿Los ministros de Finanzas y de Energía incluyeron estos datos en sus antecedentes laborales? El senador Fernando Pino Solanas dio por hecho que en el caso de Aranguren eso no sucedió. Y en consecuencia ayer lo denunció penalmente ante la jueza federal María Servini de Cubría.

Los dos funcionarios también aparecen sospechados de un supuesto conflicto de intereses. El artículo 15 de la Ley de Ética Pública les impide tomar intervención en cuestiones relacionadas con personas o asuntos a los cuales estuvieron vinculados en los últimos tres años o tengan participación societaria.

Caputo aseguró al diario La Nación que antes de asumir en el cargo, en diciembre de 2015, renunció a la administración de las sociedades Noctua y Alto Global Fund, aunque no exhibió documento alguno que lo pruebe.

El lunes, a través de un comunicado, el kirchnerismo marcó la paradoja del ministro de Finanzas de moverse en el mundo offshore y tener entre sus deberes y funciones el combate contra la evasión impositiva y el lavado de activos.

El funcionario también negó que algún fondo buitre que haya litigado contra la Argentina estuviera vinculado a las sociedades donde trabajaba, una manera de desacreditar un conflicto de intereses debido a su conocido papel como negociador de la deuda en default.

A propósito de conflicto de intereses, Caputo ya había sido denunciado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de Seguridad Social (Ufises) cuando en 2016 aprobó un giro de 500 millones de pesos de la Anses a Axis, un fondo común de inversión que le pertenecía.

En el caso de Aranguren, la mira está puesta en Shell Western Supply and Trading Ltd, una sociedad en la que estuvo antes de ser ministro, y que ganó 2 licitaciones por 13 cargamentos de gasoil, —y facturó unos 240 millones de dólares— una vez que asumió la cartera de Energía.

El funcionario informó que fue director de esta proveedora de gasoil durante cinco meses del 2003 y que por lo tanto su papel allí "no constituye per se un delito ni viola ley".

Alonso ahora buscará atemperar las críticas de la oposición motorizando desde hoy mismo una investigación sobre lo actuado por los dos miembros del gabinete de Mauricio Macri.