Gustavo Bolívar, que fue director del DPS, se desahogó tras condena a Ciro Ramírez y alegó que sigue sin aparecer millonaria cifra

La reciente condena al senador Ciro Ramírez a 23 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción en la contratación de obras públicas, que se gestó al interior del Departamento de Prosperidad Social (DPS), impulsó nuevas denuncias sobre lo que sería, según el exdirector de la entidad Gustavo Bolívar, la falta de rastreo de millonarios recursos entregados durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.

Bolívar, que estuvo al frente de esta dependencia entre marzo de 2024 y mayo de 2025, afirmó el miércoles 25 de marzo de 2026 que aún no aparece información sobre el destino de más de dos billones de pesos en convenios firmados en ese periodo, mientras el fallo de la Corte Suprema de Justicia dio cuenta de una red de asignación ilícita de contratos y reparto de sobornos, de la que participó el congresista boyacense.

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La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema halló responsable a Ramírez de haber manipulado recursos del DPS entre 2020 y 2022. El contrato interadministrativo 670 de 2021, celebrado entre la entidad y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta Quindío, apenas días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, ascendió a $48.660 millones y se convirtió en el eje de un esquema de reparto ilícito de proyectos.

Frente a esta determinación judicial, Bolívar señaló en la red social X que, bajo su gestión, el equipo jurídico de la entidad impulsó acciones para que Prosperidad Social fuera reconocida como víctima en los procesos de las ‘Marionetas’. “Aún falta que la justicia nos diga qué pasó con más de dos billones en convenios que firmó el gobierno Duque, cuya información aún no aparece”, expresó el exfuncionario.

Las investigaciones judiciales documentaron el acuerdo criminal sellado en 2021 entre Pablo César Herrera, entonces asesor de Proyecta, y el senador Ramírez, que planificaron la adjudicación de contratos a beneficiarios seleccionados antes de cualquier licitación formal. Ambos se reunieron el 13 de octubre de 2021 con Pierre García Jacquier, exsubdirector del DPS, para preparar un nuevo convenio interadministrativo.

La operación, según la documentación del alto tribunal, fue diseñada para consolidar influencias políticas en los departamentos de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Tolima, entre otros. Los contratos de obra e interventoría marcaron la ruta para la asignación de recursos a empresas lideradas por personas vinculadas a la red: motivo por el que la Corte calculó que las dádivas comprometidas rondaron los $1.000.000.000.

La estrategia jurídica y el destino incierto de dos billones de pesos

Durante el proceso, Bolívar aseguró que el DPS aportó información sobre “todos los torcidos que encontramos del gobierno Duque”, e insistió en la necesidad de que la justicia aclare la situación de los convenios millonarios cuya documentación “aún no aparece”.

En paralelo al pronunciamiento de Bolívar, la representante a la Cámara María del Mar Pizarro cuestionó el papel del partido político implicado en los hechos sancionados por la Corte Suprema. “No debería ser Centro Democrático, sino Centro de detención”, dijo la parlamentaria en referencia directa a los daños ocasionados por las irregularidades en la gestión de recursos públicos por parte del senador condenado.

Las actuaciones de la Corte Suprema no se limitaron a Ramírez. En 2025, la Sala de Instrucción decidió no abrir investigación contra los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa, al argumentar que “no existe ningún medio de prueba que demuestre la vinculación de los aforados” en la red de corrupción identificada como Las Marionetas 2.0, gestado en 2021 y 2022.

El tribunal enfatizó la ausencia de pruebas sobre gestiones anómalas en torno al contrato interadministrativo 670 de 2021 y sobre posibles intereses electorales ilegales por parte de los mencionados senadores. Así pues, la discusión, como lo indicó Bolívar, parece centrarse en la falta de información sobre el destino de dos billones de pesos en convenios estatales, en una entidad que ha estado en el ‘ojo del huracán’.