Omar “Caballo” Suárez saliendo de la comisaría (Télam)
Omar “Caballo” Suárez saliendo de la comisaría (Télam)

Desaliñado, con barba de varios días y visiblemente desmejorado en su salud, el ex jefe del sindicato de los obreros marítimos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez, se quebró en una declaración judicial. "No quiero morir en prisión", pidió, entre lágrimas, a los jueces de la Cámara Federal, en el marco de la causa que lo investiga por hechos de corrupción en su gremio.

"Caballo" Suárez declaró por videoconferencia ante los jueces de la Sala I de la Cámara, en una audiencia de apelación contra la decisión del juez de primera instancia Rodolfo Canicoba Corral de rechazar su pedido de prisión domiciliaria.

El sindicalista formuló su descargo desde la cárcel mientras su abogado, Carlos Broitman, en la sala de audiencias del tribunal, desarrolló las razones de salud por las que considera que el procesado debe acceder al beneficio de cumplir la prisión preventiva en su domicilio.

El pedido se funda en que "Caballo" sufrió un episodio equiparable a un accidente cerebrovascular estando en prisión. De acuerdo a informes médicos, perdió parte de la visión, la audición y la libertad de desplazamiento, situación que se agrava -dijo- porque le negaron un pedido de silla de ruedas para moverse.

"Ya no puedo caminar ni asearme. Dependo de la ayuda de terceros", describió el imputado.

Ante los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (quien estuvo demorado por los operativos de seguridad por la visita del vicepresidente de Estados Unidos), Suárez balbuceó a través de una pantalla de televisión algunas palabras y rompió en llanto, se calificó como "un trabajador desde niño" y pidió "no morir en prisión" porque tiene una hija de cuatro años de edad "que no puede quedar sola".

"Necesito volver a mi casa…¿me quieren muerto en prisión?, ya falta poco…discúlpenme", pronunció antes de quedarse en silencio.

A fines de julio pasado, Canicoba Corral volvió a rechazar el pedido de excarcelación o prisión domiciliaria porque "el imputado durante el trámite de este expediente y mientras se mantuvo en libertad, continuó ejerciendo su rol como jefe de la asociación ilícita". Según el criterio del magistrado, el ex jefe del SOMU seguía "ejecutando en las sombras el poder de mando y económico" del gremio "mediante medidas extorsivas sobre distintas empresas relacionadas con la actividad naviera".

El SOMU está intervenido judicialmente desde febrero de 2016. En una primera etapa estuvo al frente la dirigente del PRO y precandidata a senadora Gladys González y actualmente el interventor es Silvio Torres. Esta semana, se resolvió extender por 180 días el procedimiento, ya que, de acuerdo al criterio de Canicoba Corral, no están dadas las condiciones para llamar a un proceso electoral para que los trabajadores elijan a sus futuros dirigentes.

* Con información de la agencia DyN.

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