La esposa de Máximo Kirchner y actual ministra de Salud de Santa Cruz, Rocio García, sumó este viernes una nueva denuncia judicial. El abogado Javier Stoessel, vocal del Tribunal de Cuentas de esa provincia, pidió que se investigue la contratación, sin licitación previa, de una empresa sin antecedentes para el mantenimiento de varios hospitales. El contrato fue firmado por el cuñado de la ministra, Marcelo Bersanelli, quien acaba de ser propuesto como juez y podría hacerse cargo de la sucesión de Néstor Kirchner.
La denuncia penal, a la que tuvo acceso Infobae, quedó radicada en el juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°3 de Río Gallegos, a cargo de la jueza Roxana Suárez.
Todo comenzó en febrero del año pasado, cuando el Ministerio de Salud de Santa Cruz, representado por Bersanelli, que todavía sigue ejerciendo como Subsecretario de Gestión Institucional y Administrativa, contrató en forma directa a la empresa PANEL TECH SA para el "Servicio de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo del Hospital Regional Río Gallegos, Centro de Salud Mental, Hogar de Ancianos Falucho, Centro de Salud Nº1 al Nº8, Las Heras, Caleta Olivia, Centro de Salud Nº1 al Nº4".
Ese contrato, por el cual se reemplazó a la empresa INDALTEC, que prestaba el servicio hasta ese momento, fue ratificado en junio del año pasado por la ministra de Salud y por el Subsecretario de Servicios de Salud, Héctor Nervi.
Además de apelar a una contratación directa, hay varios datos que generan sospecha. Según la denuncia, el nuevo prestador es una sociedad anónima sin antecedentes y además no tenía empleados a la fecha de contratación.
En el plano administrativo, la firma PANEL TECH no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado al momento de ser contratada. "No podría haber participado en una licitación ni haber realizado oferta válida", detalla la denuncia.
Hay más. La empresa elegida cotizó un presupuesto mensual de $790.000 por el Hospital de Río Gallegos, ocho centros de salud, el Hospital geriátrico y el Centro de Rehabilitación, mientras que para el mantenimiento del Hospital de Las Heras el costo es de $760.000, es decir, apenas $30.000 menos.
En total, el contrato anual le costó a la provincia de Santa Cruz $39.840.000, que incluye el mantenimiento preventivo y predictivo, unos $27.840.000, más el mantenimiento correctivo, otros $ 12.000.000.
La denuncia destaca que "se desconoció el procedimiento de licitación pública exigido como regla por la normativa vigente, recurriéndose a una contratación directa sin que concurra ninguna de las circunstancias de excepción que lo autorizan". Según la ley 760, cualquier contratación superior a los $ 400.000 obliga a un llamado a licitación pública.
Además, como era una contratación superior a los $ 2.000.000, no alcanzaba con la firma del ministro.
El funcionario que firmó el contrato es el abogado Marcelo Bersanelli (en la foto a la izquierda), quien acaba de ser propuesto por la gobernadora Alicia Kirchner como juez civil de Rio Gallegos. Si la Legislatura aprueba su pliego, tendrá a su cargo el expediente de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner. Se trata de una causa vital para la familia Kirchner ante la sucesión de embargos e inhibiciones judiciales.
Bersanelli no es un abogado más de Santa Cruz: está casado con Candela García, la hermana de la ministra de Salud. Fuera de la provincia, se hizo conocido hace poco tiempo, cuando acompañó a Cristina Kirchner a cumplir con un trámite judicial. Fue el día del "pianito" y del recordado video de Cristina Kirchner hablando a cámara.
La denuncia penal fue impulsada por el vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas, Javier Stoessel, quien apunta a un "direccionamiento inadmisible en la contratación pública". El resto de los integrantes entendieron que aún no había elementos para ir a la Justicia.
Sin embargo, hace pocos días ese organismo de control impulsó otra denuncia penal contra la ministra de Salud por graves irregularidades en la administración del hospital Fernando Peliche tras demostrase que se triangularon $36 millones, a través de la UTN, para contratar personal sin ningún tipo de control y violando la ley de contrataciones laborales.
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