Leonardo Fariña apuntó contra Daniel Scioli y Julio de Vido por la obra pública en la Provincia

El empresario Leonardo Fariña declaró ante el fiscal en lo penal Álvaro Garganta que Lázaro Báez nunca pudo ingresar en el negocio de la obra pública bonaerense porque "se cartelizó" y era manejada por Daniel Scioli, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y Carlos Wagner, quien era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

El ex financista declaró a pedido de Elisa Carrió en la causa contra el ex gobernador bonaerense y quien fuera su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y parte de su equipo de gobierno por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otras defraudaciones a la administración pública.

"Por los mismos dichos de (Lázaro) Báez, la obra pública en la provincia de Buenos Aires se manejaba entre (Carlos) Wagner, que era el presidente de la CAC, el gobernador de la Provincia, que era Scioli, y el ministro de Planificación, que era De Vido", se desprende de la declaración de Fariña, quien agregó que esto generó el enojo de Báez porque "no podía entrar en la obra de la Provincia". Dio como ejemplo su participación en la concesión de la Autovía 2, que fue "vetada" por estos actores.

Asimismo, el valijero acusado por la ruta del dinero K también declaró que existía "el club de la obra pública" y describió: "Se ponían de acuerdo ciertas cantidades de empresas ya sabiendo quién iba a ser adjudicatario y cuatro ofertaban por encima de la quinta que iba a ser la ganadora".

"En la city porteña se puede comprobar la irregularidad en la obra pública en la provincia de Buenos Aires, dado que existen cooperativas, mutuales, cerealeras y recaudadoras que el Banco Provincia las dotaba de cuentas exentas las cuales se utilizaban para el descuento de valores en negro", sostuvo Fariña.

Y detalló: "La empresa que obtenía la obra pública, luego entregaba cheques a cooperativas, mutuales, etcétera, quienes luego eran cobrados por ellas en efectivo y luego se la daban a quien le dio el cheque. Todo esto va en contra de toda norma bancaria y todo el dinero terminaba en gobernadores, la CAC, etcétera".

En medio de un máximo hermetismo, la audiencia de declaración no se realizó en la Fiscalía de Garganta sino en el edificio de la Procuración General: Fariña tenía puesta una tobillera magnética y fue trasladado con chaleco antibalas al lugar.

La causa

La denuncia contra Scioli y su equipo de gobierno fue presentada en junio en la Justicia platense por Carrió, y la causa cayó en la UFI 11 a cargo del fiscal Garganta, bajo la carátula "lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública".

El fiscal primero apuntó la investigación a supuestas irregularidades detectadas en la ex Jefatura de Gabinete, a cargo de Alberto Pérez, mediante la emisión de facturas apócrifas por un monto superior a los 10 millones de pesos por servicios que no se prestaron en unos 25 eventos que se desarrollaron durante los años 2014 y 2015.

Tras descubrirse el supuesto delito, el 14 de septiembre se realizó un allanamiento en la casa que el ex subsecretario administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, tiene dentro del country Abril, ubicado en el kilómetro 33 de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Allí el fiscal encontró una caja fuerte de dos metros de alto vacía, oculta dentro de una escultura de un dragón, además de unos cuarenta mil pesos y documentación que fue secuestrada.

Inmediatamente Carbone y Alberto Pérez fueron citados a declaración indagatoria para los primeros días del mes pasado. Tras negar su participación en el hecho que se les imputa, la Justicia los inhibió por 15 millones de pesos y les prohibió salir del país sin una autorización judicial.

Más tarde el fiscal giró la investigación hacia los movimientos de Scioli durante su administración, y a finales del mes pasado ordenó allanar las oficinas de Plan de Vuelo de Aeroparque, el hangar de la empresa Royal Class, el aeropuerto de San Fernando y las oficinas del empresario Gustavo Carmona en Puerto Madero.

El objetivo: determinar si el ex gobernador realizó viajes de la campaña presidencial disfrazados de salidas oficiales y si fueron pagados con fondos de la provincia de Buenos Aires.

La última medida de Garganta fue una solicitud a Scioli para que presente las facturas por la contratación de un vuelo privado del 23 de noviembre último hasta Punta Cana con la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., la misma que alquiló las aeronaves a la Gobernación hasta diciembre de 2015.

Con información de la agencia DyN