Angelina Abbona negó las acusaciones en su contra
Angelina Abbona negó las acusaciones en su contra

El juez federal Luis Rodríguez procesó hoy a Angelina Abbona, ex procuradora del Tesoro de la Nación, por no denunciar e impulsar acciones penales contra Marsans, el grupo privado que gestionó Aerolíneas Argentinas y la vació antes de ser reestatizada por el gobierno de Cristina Kirchner.

La novedad contra Abbona se produce luego de que, a comienzos de este mes, se presentara a declaración indagatoria, en la cual afirmó ser inocente y se negó a contestar preguntas al magistrado.

Rodríguez considera que la ex funcionaria kirchnerista incumplió sus deberes de funcionaria pública en la auditoría sobre la aerolínea de bandera, y sospecha que encubrió los delitos cometidos por el grupo español. Por hechos similares están siendo investigados el ex ministro de Planificación Federal y diputado nacional, Julio de Vido, y ex presidente de AA y diputado de La Cámpora, Mariano Recalde.

Según el juez, Abbona no cumplió con lo establecido por la ley 26.466 y el decreto 2347/2008. Ambas normativas imponen al gobierno nacional "realizar todas las medidas necesarias y que estuvieran a su alcance, no sólo denunciar penalmente a los funcionarios del grupo Marsans, sino recuperar el patrimonio afectado por su mala gestión". En este grupo de medidas que tendrían que no se hicieron, estaba la obligación de Abbona de presentarse en los juicios contra los capitales europeos por administración fraudulenta.

Abbona, De Vido y Recalde buscaron “de manera burda favorecer a Marsans”.

El texto señala también que, en el conjunto de hechos, tanto la ex procuradora, como De Vido y Recalde, buscaron "de manera burda y evidente, favorecer al grupo español". En este sentido, un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) -solicitado por el Poder Ejecutivo y que demoró tres años en ser presentado-,  advierte la "imperiosa necesidad de entablar las pertinentes acciones penales y comerciales" contra los antiguos gestores de la compañía.

"No tenemos registros de que se hubiera llevado a cabo ninguna medida […] La inacción en contra de los responsables y el propio grupo empresario MARSANS, resulta notorio", señala la resolución del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, que fue reproducida por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Lejos de avanzar contra aquella empresa, el Estado le pagó a la firma española 832.897.800 de dólares por la expropiación, le perdonó una deuda impositiva de 319 millones de pesos y se hizo cargo de 500 millones de pesos de pasivo post concursal, señala el reporte de la UBA.

Por lo tanto, concluye Rodríguez, la omisión de los funcionarios no solo infringe la obligación de denunciar "de oficio" los delitos, sino que también alcanza a la figura de encubrimiento, pues "entorpece las investigaciones necesarias para acreditar cuál fue la responsabilidad de Marsans en el vaciamiento".

A Rodríguez le "sorprendió" la ausencia de denuncias de parte de los ex funcionarios nacionales porque, desde el propio Poder Ejecutivo encabezado por Cristina Kirchner, en distintas oportunidades cuestionaron públicamente a Marsans por el "saqueo" de la aerolínea de bandera. "La verdad es que fue una compañía maltratada en todas las maneras posibles y realmente saqueada", llegó a decir en 2013 Axel Kicillof ante el Senado de la Nación, cuando era ministro de Economía.

El procesamiento contra Abbona está en sintonía en la causa contra Mariano Recalde por abuso de autoridad, que fue iniciada por el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En ese expediente, Recalde fue acusado por incumplimiento de deberes de funcionario público al no presentar ante la Inspección General de Justicia (IGJ) los estados contables de AA. También está sospechado por la posible comisión del delito de administración fraudulenta y/o desvío de fondos desde el año 2009 en adelante, cuando estuvo a cargo de la compañía aérea.

Angelina Abbona es una de las ex funcionarias de mayor confianza de la familia Kirchner, a quienes acompaña desde hace 29 años. De profesión abogada, la mendocina ya trabajaba en la municipalidad de Río Gallegos cuando Néstor Kirchner fue electo intendente en 1987. Ese año pasó de ser asesora legal de la subsecretaría de Comercio de la provincia a ser asesora legal del jefe comunal. Tras un recorrido como jefa de Auditores en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando estaba a cargo de Alicia Kirchner, en 2010 terminó siendo nombrada por Cristina Kirchner en la Procuración del Tesoro.

En una investigación periodística, la ex procuradora fue denunciada por llevarse documentación sobre miles de transferencias bancarias de Leonardo Fariña, la familia de Lázaro Báez, Federico Elaskar y otras personas allegadas al kirchnerismo.