El gobierno de Mauricio Macri decidió este jueves disponer la caducidad de la licencia de Radio América, una emisora que hace meses está bajo control de sus trabajadores -quienes no perciben sus salarios desde diciembre- y acumula incumplimientos de obligaciones comerciales e impositivas.
La decisión fue tomada por unanimidad por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que preside Miguel De Godoy, y en el que hay representación de los principales partidos de oposición. Además, se resolvió convocar a concurso público de la licencia, que concluirá el 13 de octubre próximo.
En la resolución, a la que accedió Infobae, se ordenó a la actual licenciataria de Radio América, "Desup, a mantener las emisiones regulares" hasta tanto se haga cargo un nuevo responsable, y resolvió el cese en sus funciones del "delegado administrador" que había sido designado cuando se intervino ese medio.
Con la medida del gobierno nacional se pone fin a un traumático proceso que comenzó con la venta de la emisora del desaparecido Grupo 23, de los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, al correntino Mariano Martínez Rojas.
A principios de julio pasado, una patota enviada por Martínez Rojas entró al edificio en el que funciona la redacción del diario Tiempo Argentino -también bajo control de sus trabajadores- y de Radio América, con el objetivo de desalojar por la fuerza a todos sus ocupantes.
La redacción fue literalmente arrasada. Las fotos son contundentes.
A pocas horas del ataque, que incluyó agresiones físicas a periodistas y graves destrozos, la fiscal Verónica Andrade, encargada de investigarlo, imputó a Martínez Rojas y al grupo que ingresó con él por los delitos de usurpación y daños.
Además, se denunció por incumplimiento a un grupo de policías federales que estuvieron presentes en la escena y fueron fotografiados por varias cámaras. Los efectivos, con uniforme de la PFA, sorpresivamente, solo miraron sin detener los destrozos. Incluso se los vio acompañando a los violentos en su retirada sin apresarlos, si es que debían hacerlo.
Después de ese episodio, la ex presidente Cristina Kirchner estuvo en las instalaciones atacadas y expresó su "solidaridad".
A su vez, el Gobierno rechazó la presentación que había hecho Martínez Rojas ante el ENACOM como supuesto legítimo dueño. Hoy, en la reunión del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones y por unanimidad, la decisión fue declarar la "extinción de la licencia", por incumplimiento del inciso i del artículo 50 de la Ley 26.522.
"Por pérdida o incumplimiento de los requisitos para la adjudicación establecidos en la presente, previo cumplimiento de sumario con garantía de derecho de defensa", establece el inciso mencionado.
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