Cinco días después del fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas de gas, y obsesionado con encontrar una solución definitiva al pleito, el presidente Mauricio Macri se reunió ayer por la tarde con el ministro Juan José Aranguren y parte de su mesa chica, en un día plagado de sucesivos encuentros en Casa Rosada.
Si bien el encuentro formó parte del esquema habitual de reuniones del jefe de Estado, Macri y el ministro de Energía analizaron la posibilidad de introducir cambios en el esquema tarifario de cara a la audiencia prevista para el viernes 16 de septiembre, en la que se discutirá el aumento en la tarifa del gas para usuarios residenciales. Gustavo Lopetegui, coordinador de la Jefatura de Gabinete; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba también participaron del cónclave. Lopetegui es el encargado de controlar, entre otros ministerios, la gestión en Energía. Durán Barba suele participar de esos encuentros durante los días que pasa por Buenos Aires.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, una de las ideas que se discuten por estas horas en Casa Rosada es la de eliminar los topes, que habían sido acordados entre el Gobierno y los gobernadores, y aplicar las subas de acuerdo a las realidades y al consumo de cada región del país. Es uno de los proyectos en danza desde ayer por la tarde en Balcarce 50.
Fue uno de los temas que dominaron gran parte de la reunión de gabinete de esta mañana. Macri quiere que Aranguren, uno de los funcionarios más cuestionados desde hace meses, llegue con un esquema tarifario sólido a la audiencia pública del tercer viernes de septiembre. Además de las tarifas, el mandatario y sus ministros analizaron durante la mañana la remoción provisoria de Juan José Gómez Centurión, ahora ex titular de la Dirección General de Aduanas, investigado por el presunto cobro de coimas. En el entorno presidencial aseguran que el jefe de Estado lamentó la separación de Gómez Centurión: de hecho le arrimó a Alejandro Pérez Chada, uno de sus abogados de confianza.
El jueves pasado, la Casa Rosada recibió con notorio malestar el fallo de la Corte Suprema, que si bien ratificó la tarifa social y la vigencia de los aumentos en las tarifas del gas para el 76 por ciento de los usuarios –industrias y comercios–, propinó un duro revés al retrotraer los aumentos en los clientes residenciales, un costo fiscal de unos 20.000 millones de pesos para el Estado. Y obligó al Gobierno al llamado a la audiencia pública. En los próximos días, las reuniones entre Macri, Aranguren y parte de su equipo serán habituales en Balcarce 50.
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