Horacio Verbitsky: "Estamos en un momento del país en el que la violencia institucional se hace evidente en las políticas estatales"

Remeras con los rostros estampados de Néstor y Cristina Kirchner. Banderas de La Cámpora y afiches que invitaban a "no aflojar y seguir militando". La entrada de la sala Auditorium de la Facultad de Derecho se transformó por unas horas durante la tarde de ayer en un reducto kirchnerista con motivo del encuentro sobre "violencia institucional" que organizó la agrupación La Cámpora Derecho y que contó con la presencia del periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y los fiscales Javier De Luca y Alejandro Alagia, ambos de la organización Justicia Legítima y conocidos por sus dictámenes ultragarantistas y sentencias que acompañaron durante la última década los intereses políticos del gobierno kirchnerista (los casos Nisman y Papel Prensa, por ejemplo).

Ante una audiencia compuesta mayoritariamente por estudiantes universitarios y militantes de la agrupación juvenil, De Luca, el primero en tomar la palabra, desgranó su visión sobre la Justicia y dijo que el Poder Judicial en Argentina "generaba violencia institucional" y que era necesario buscar alternativas al castigo y la prisión para que el delincuente pueda reinsertarse en la sociedad "siendo más virtuoso".

Definió a quienes reclamaban por mayor presencia policial para evitar los delitos como "gente que le encanta que le abran el baúl cuando entra al country, o que le revisen la bombacha si van al aeropuerto, porque los hace sentir más seguros" y opinó que ese tipo de procedimiento deviene en violencia estatal, "generando odio y rencor".

El fiscal de la Cámara Federal de Casación penal, que en el año pasado enterró la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner y varios ex funcionarios por encubrimiento del atentado a la AMIA, dijo además que cualquiera podía ser víctima del sistema penal.

"Si a vos te ponen un sobrecito de cocaína con una lista de personas, y un policía te detiene y te acusa de narco, aunque vos no tengas nada que ver y no supieses que eso estaba ahí, jamás vas a poder demostrar tu inocencia", expresó.

El ejemplo es coherente con la trayectoria de De Luca, quien en el pasado dictaminó a favor de narcos, pidiendo la nulidad de procesos contra traficantes por presuntas irregularidades en sus detenciones y hasta en una ocasión, luego de que encontraran marihuana en la vagina de una mujer que ingresaba a un penal a visitar a su pareja, llegó a argumentar que era "inhumano" pedirle a la mujer de un preso no llevarle drogas a la cárcel.

"El esfuerzo que hubiera requerido a rehusarse a realizar el suministro y a rechazar las necesidades de su concubino supera lo jurídicamente reprochable", justificó el fiscal en aquel momento en un insólito escrito.

A su turno, Alejandro Alagia, fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y docente titular del Departamento de Derecho Penal de la UBA, dijo que el estudio de la violencia institucional era una novedad cultural que "descoloniza al saber latinoamericano" al no aparecer en las teorías "importadas de Europa y los Estados Unidos" y que tenía su origen en Venezuela.

"Cuando se toma conciencia de que la violencia institucional pertenece a la familia de la violencia punitiva y se alimenta de grupos inferiorizados, es cuando por fin el juez puede ejercer su profesión con un punto de vista ético", dijo Alagia, quien calificó a la acción de castigar un delito con una pena como un "fenómeno vindicativo" con tendencia a descontrolarse y destruir al individuo.

Alagia, hombre cercano al presidente de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slokar, y a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, defendió además el garantismo, y dijo que la simpatía por el victimario (en lugar de la víctima) que ostenta esta doctrina "no tiene que ver con que el juez es amigo del chorro y por eso éste recibe una condena menor, sino que se da cuando el juez se da cuenta de la gravedad destructiva de la violencia institucional".

Y añadió: "Zaffaroni tiene una expresión para esta violencia que ocurre en América Latina, y es genocidio por goteo, donde la ley opera selectivamente, y para salvar al país del delito y proteger a la sociedad tengo que devorarme como bestia a una parte del país. Así, un Estado que castiga termina generando crisis humanitarias".

Más adelante, Alagia lanzó críticas al Poder Judicial y dijo que este cumple hoy en la región, "especialmente en Brasil", el papel que cumplían antes los militares y que en Argentina "son un elemento de desestabilización democrática".

"Hoy el Poder Judicial colabora en el retroceso de las conquistas que efectúa el actual Gobierno", dijo, y puso el ejemplo del apresamiento de Milagro Sala, la referente de la Tupac Amaru acusada de fraude al Estado, asociación ilícita y extorsión, al que calificó de "caso inédito de persecución política y racial".

Las leyes "aberrantes" contra los secuestradores

Horacio Verbitsky abrió su intervención con un duro cuestionamiento al gobierno de Mauricio Macri. "Estamos en un momento del país en el que la violencia institucional se hace evidente en las políticas estatales", señaló y lo ejemplificó: "Los despidos de trabajadores estatales, a quienes luego el ministro Prat-Gay calificó de grasa militante, son un acto de violencia institucional; también lo es la represión a los trabajadores de Cresta Roja y que los amigos del Gobierno puedan blanquear su dinero".

Sin embargo, Verbitsky manifestó que la situación de las cárceles "es insoportable desde hace muchos años, sin importar qué partido gobierne, eso es la verdadera transversalidad". Ubicó su "pico de agravamiento" durante las presidencias de Cristina Kirchner y dijo que la situación era especialmente preocupante en la Provincia de Buenos Aires.

El periodista, de 74 años, quien se manifestó encantado por "la presencia de tantas chicas jóvenes" en la sala, abordó luego el tema de los reclamos contra el delito en Argentina y dijo que "no había que olvidarse que las marchas por la seguridad del ex ingeniero Juan Carlos Blumberg comenzaron al mes siguiente de que se bajara el cuadro de Videla y se recuperara la ESMA".

Y continuó: "Es muy difícil demostrar que fue una respuesta coordinada a eso, yo solo señalo la coexistencia en el tiempo y en el espacio de esos dos fenómenos".

Acto siguiente, Verbitsky criticó las leyes que se aprobaron en el 2004 con las que se endurecieron las penas de delitos como el secuestro, la violación seguida de muerte y la tortura seguida de muerte, entre otros, producto de la conmoción generada por la muerte de Alex Blumberg, el joven de 23 años asesinado por sus captores.

"Hay que recordar que la foto de Axel Blumberg estuvo en el despacho de Cristina hasta el 10 de diciembre, a mí no me lo contaron, yo lo vi, y ese fue el caso que permitió la aprobación de leyes aberrantes".

Verbitsky afirmó "estar seguro" que el entonces presidente Kirchner no compartía esas modificaciones al Código Penal pero dijo que, si se oponía, "la estabilidad del gobierno hubiese peligrado, aunque lamentó que el ex mandatario se "rindiese a las políticas más reaccionarias de la derecha".