
Tras las elecciones del 4 de octubre, quince regiones decidirían en segunda vuelta a su próximo gobernador regional. En ese sentido, cabe resaltar el rol de estas autoridades en tres frentes clave: la atención frente al Fenómeno El Niño FEN, seguridad ciudadana y ejecución del presupuesto asignado.
Retos que heredan los GORE
El rol de los GORE es clave para enfrentar el FEN, el cual sería el de magnitud extraordinaria más largo del que se tiene registro. Así, Cenepred estima que 20 millones de peruanos 61% de la población viven en distritos con riesgo alto o muy alto de movimientos en masa, como huaicos o deslizamientos ante las lluvias. Este riesgo se presenta en una coyuntura en la que, a nivel nacional, entre 2012 y octubre de 2026, 70% de las obras 1,075 de 1,526 para la gestión de riesgos y emergencias de gobiernos subnacionales están paralizadas o abandonadas.
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En seguridad ciudadana, el panorama también es crítico. Entre 2020 y 2025, las denuncias por extorsión se multiplicaron cinco veces o más en todas las regiones, y las denuncias por minería ilegal al menos se duplicaron en 12 regiones. A ello se suma que, en 16 regiones, menos del 30% de las comisarías están en buen estado. Los gobiernos regionales pueden financiar patrullaje, videovigilancia, equipamiento policial y mejoras en comisarías mediante convenios con la PNP. Sin embargo, entre 2022 y 2025 ejecutaron apenas el 82% de su presupuesto en orden interno y dejaron sin usar más de S/ 138 millones, ajustado por inflación.
Principales retos del nuevo GORE Piura
Al GORE le corresponde ejecutar obras de prevención, así como planificar, financiar y ejecutar inversiones para el cierre de brechas de agua y saneamiento, cuyo servicio prestan las EPS en las ciudades y, fuera de su ámbito, las municipalidades y organizaciones comunales. En esta región, el mayor peligro son las inundaciones: según el Cenepred, más de 1.5 millones de piuranos 76% de la población viven en distritos con riesgo alto o muy alto de inundación, la segunda cifra más alta del país. A ese riesgo se suma la falta de servicios básicos: según el Censo 2025, el 24% de las viviendas de Piura no tiene agua ni desagüe por red pública, lo que afecta a más de 450 mil piuranos.
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En seguridad ciudadana, el gobernador preside el Comité Regional de Seguridad Ciudadana Coresec, que coordina con la Policía, la Fiscalía y los alcaldes, y el GORE puede invertir en infraestructura policial. Según el Ministerio Público, las denuncias por extorsión en Piura se multiplicaron por 11 entre 2020 y 2025 de 249 a 2,701. Además, de acuerdo con el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, la tasa de homicidios subió de 7.0 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 10.1 en 2025. A ello se suma que, en 2024, solo el 28% de las comisarías de la región estaba en buen estado.
En camino a la segunda vuelta
La capacidad técnica del próximo GORE será determinante para que los recursos públicos se conviertan en obras y servicios eficientes para la población. Por ello, el IPE y otras organizaciones proponen evaluar el reparto de competencias y recursos entre niveles de gobierno según los resultados que se logren. La propuesta incluye crear un mecanismo independiente que mida el cierre de brechas, fortalecer el rol rector de la PCM y condicionar parte de las transferencias a resultados verificables. En Piura, es importante que se destraben obras de prevención paralizadas, llevar agua a los distritos más expuestos a inundaciones y mejorar la seguridad ciudadana.
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