Otra derrota para el Estado peruano: Enagás libera USD 178 millones retenidos en Perú por su sociedad con Odebrecht

El Ciadi ordenó a Perú liberar dividendos y devolver una garantía a la española, socia de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano, mientras el Estado aún busca anular un laudo previo de cerca de USD 302 millones y revivir el SITGas sobre el mismo trazo

TGP - gas natural
La decisión llega cuando Perú debe definir cómo retomará el proyecto de llevar gas al sur y bajo qué condiciones. Mientras SITGAS busca recoger el objetivo pendiente del GSP, TGP negocia una ampliación de concesión para construir un ducto costero.
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A casi una década de la caída del Gasoducto Sur Peruano (GSP), el conflicto originado por la sociedad entre Odebrecht y Enagás sigue generando estragos al Estado peruano.

El pasado 17 de noviembre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) notificó un laudo favorable a la española que ordena a Perú liberar los dividendos de Transportadora de Gas del Perú (TGP), cancelar y devolver una carta fianza de USD 65 millones y pagar más de USD 4 millones en costas.

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La decisión permite a la compañía disponer de USD 178 millones retenidos en el país, entre dividendos y la garantía. Aunque el nuevo fallo se refiere a las inversiones de Enagás en TGP y Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), su origen se remonta al proyecto cancelado en 2017.

La participación de la gasífera en el consorcio del GSP llevó al Estado a incluirla en la categoría 2 de la Ley 30737, creada para asegurar eventuales reparaciones civiles en casos de corrupción. Esa medida bloqueó la salida de sus dividendos de TGP y le exigió constituir la garantía ahora cuestionada por el tribunal arbitral.

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La tríada de Odebrecht, Enagás, y Graña y Montero

Cuando estalló el escándalo de Odebrecht, Enagás mantenía inversiones en dos sistemas de transporte de gas natural distintos. Por un lado, tenía el 25% del consorcio del GSP, el proyecto que debía conectar Camisea, en Cusco, con la macrorregión sur.

Por otro, era accionista de TGP, la empresa que hoy opera el sistema que transporta gas de Camisea hacia Lima e Ica. La diferencia es central: el GSP nunca entró en funcionamiento, mientras TGP siguió operando pese a que Enagás integró el consorcio del proyecto cuestionado por sus vínculos con Odebrecht.

El consorcio del GSP fue adjudicado en 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, con Eleodoro Mayorga como ministro de Energías y Luis Miguel Castilla al frente del Ministerio de Economía. Inicialmente, Odebrecht tenía el 75% del proyecto y Enagás, el 25%.

En 2015, Graña y Montero ingresó al negocio al comprar el 20% de la participación de Odebrecht. La estructura final quedó con Odebrecht en 55%, Enagás en 25% y Graña y Montero en 20%. El proyecto debía extenderse por más de 1.000 kilómetros hacia Arequipa, Moquegua y Tacna, pero quedó inconcluso después de que el consorcio no lograra acreditar el cierre financiero, debido al escándalo.

CAMISEA
Camisea. El nuevo laudo no declara inválida toda la Ley 30737, sino que cuestiona su aplicación a Enagás: el artículo 2 de la Ley 30737 establece medidas como la suspensión de transferencias al exterior, mientras la categoría 2 está regulada en el artículo 9.

Perú cancela el GSP

En paralelo, Enagás consolidaba su posición en la infraestructura que ya existía. En 2014 ingresó a TGP y adquirió el 30% de COGA, la firma encargada de operar y mantener los ductos de gas natural y líquidos vinculados al sistema de Camisea. Para 2017, Enagás tenía el 28,94% de TGP y el 30% de COGA.

Graña y Montero controlaba el 51% de COGA y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), a través de Carmen Corporation, poseía el 19% restante. Es decir, la española era socia de Graña y Montero tanto en el proyecto frustrado del sur como en la empresa operadora del sistema que continuó en funcionamiento.

La caída del GSP golpeó las finanzas de Graña y Montero. La concesión fue resuelta en enero de 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con Alfredo Thorne en Economía y Finanzas y Gonzalo Tamayo en Energía y Minas. Este último mantiene vínculos con Macroconsult, firma en la que también fue socio Elmer Cuba antes de asumir el MEF.

Tras la terminación de la concesión en enero de 2017, la compañía inició un plan de desinversión para reducir deudas y preservar su liquidez. El programa contemplaba vender activos no estratégicos por hasta USD 300 millones.

Odebrecht - Lava Jato
Enagás fue incorporada como tercero civil responsable en la investigación peruana relacionada con el GSP. Hay que diferenciar la carta fianza de USD 65 millones exigida bajo la Ley 30737 de las garantías ejecutadas al consorcio GSP en 2017.

Enagás compra el control de COGA en medio de la crisis de su socia

La venta de COGA fue parte de ese proceso: para abril de 2017, Graña y Montero ya había vendido cuatro activos por USD 108 millones. Entre ellos figuraban sus participaciones en Promoción Inmobiliaria Sur, el proyecto Cuartel San Martín, la minera canadiense Red Eagle y COGA.

Enagás y CPPIB compraron conjuntamente la participación de Graña y Montero en COGA por USD 21,5 millones. La española elevó su participación de 30% a 51%, mientras el fondo canadiense pasó de 19% a 49%.

Enagás se convirtió así en el socio mayoritario de la empresa que opera y mantiene cerca de 1.500 kilómetros de ductos y plantas compresoras en Perú.

Graña y Montero, que en 2020 cambió su denominación social a Aenza en medio de una reestructuración vinculada a los casos Lava Jato y Club de la Construcción, salió de ese negocio gasífero pocos meses después del colapso financiero del consorcio.

Cayó el Gasoducto Sur Peruano: se abre el primer frente

La resolución de la concesión abrió el primer arbitraje entre Enagás y Perú. La transnacional no cuestionó solo el fin del contrato, sino el tratamiento que el Estado dio a su inversión tras la terminación. Enagás sostuvo que Perú dejó sin aplicación la cláusula 20 de la concesión, que preveía una nueva subasta del proyecto dentro de un año y el uso de esos recursos para compensar a los socios salientes hasta el valor neto contable de los bienes.

Después de un intento de trato directo iniciado en diciembre de 2017, Enagás presentó su demanda ante el Ciadi en julio de 2018. Reclamó USD 511 millones por las inversiones y garantías vinculadas al GSP.

El segundo laudo no solo libera dividendos ya retenidos, sino que también alcanza dividendos presentes y futuros de TGP. REUTERS/Rick Wilking/File Photo
El segundo laudo no solo libera dividendos ya retenidos, sino que también alcanza dividendos presentes y futuros de TGP. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

El tribunal concluyó que Perú podía resolver la concesión, pues el consorcio no acreditó el cierre financiero dentro del plazo, pero consideró que las medidas posteriores modificaron el régimen aplicable a la terminación y vulneraron el acuerdo de protección de inversiones entre Perú y España.

El laudo notificado en diciembre de 2024 reconoció inicialmente USD 176,4 millones a favor de Enagás. Con intereses, la cifra ascendía a USD 194 millones. En mayo de 2025, una rectificación solicitada por la empresa elevó el monto total a cerca de USD 302 millones, entre principal, intereses y costas. Perú solicitó entonces la anulación del fallo, cuya ejecución permanece suspendida mientras el Ciadi resuelve el recurso.

El Estado cuestionó el laudo porque consideró que el tribunal no valoró de forma adecuada las pruebas sobre presuntos actos de corrupción en la adjudicación del GSP. Uno de los tres árbitros, Claus von Wobeser, emitió una opinión disidente y sostuvo que el proceso debía suspenderse hasta conocer el desenlace del arbitraje de Odebrecht o de los procesos penales peruanos vinculados al proyecto.

Pero Enagás también va por los dividendos retenidos de TGP

En paralelo al primer arbitraje, el vínculo de Enagás con Odebrecht en el GSP tuvo consecuencias sobre sus inversiones en TGP. La Ley 30737, aprobada en 2018 en el contexto del caso Lava Jato, creó medidas para asegurar eventuales reparaciones civiles a favor del Estado. Entre ellas figuraba la suspensión de transferencias al exterior de las empresas comprendidas en el régimen.

Enagás fue incluida en la categoría 2 de la ley por haber integrado el consorcio del GSP junto a Odebrecht. La decisión bloqueó la salida de los dividendos que recibía de TGP y la obligó a constituir una carta fianza de USD 65 millones. La restricción alcanzó así los ingresos de un sistema gasífero distinto del GSP, que continuó en funcionamiento después de la caída del proyecto del sur.

La empresa cuestionó esas medidas en un segundo arbitraje ante el Ciadi. El tribunal concluyó que la aplicación de la Ley 30737 a Enagás vulneró el acuerdo de inversiones entre Perú y España. Por ello, ordenó liberar los dividendos devengados, presentes y futuros de TGP, cancelar la garantía y devolverla a la empresa, además del pago de más de USD 4 millones en costas.

Los USD 178 millones que Enagás podrá disponer incluyen los dividendos retenidos y la carta fianza. No se trata de una indemnización nueva que el Estado deba desembolsar en su totalidad, aunque Perú sí deberá asumir las costas y ejecutar las medidas ordenadas por el tribunal.

Guillermo Shino - MINEM
Guillermo Shino, actual ministro de Energía y Minas de Perú. El Estado mantiene bajo custodia los tubos, equipos y otros bienes que quedaron del GSP, pero su uso en SITGAS aún depende de definir la titularidad de esos activos y el diseño final del nuevo proyecto. Le cuesta millones cada año.

Mientras tanto, el nuevo gobierno resucita el SITGas en la ruta de Odebrecht

La decisión del Ciadi llega precisamente cuando el Gobierno anuncia la reactivación del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú (SITGAS), el proyecto llamado a retomar el objetivo que quedó pendiente tras la caída del GSP.

La iniciativa, con una inversión referencial de USD 4.320 millones, plantea transportar gas y líquidos desde Malvinas, en Cusco, hacia Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, además de abastecer las centrales termoeléctricas de Mollendo e Ilo.

SITGAS conserva parte de la lógica y del trazado interior del GSP, pero todavía no tiene obras en marcha. ProInversión debe completar estudios, actualizar la demanda, precisar el trazado final, definir costos y establecer el modelo bajo el cual ingresará un nuevo operador privado. Dos convocatorias previas para contratar estudios quedaron desiertas por falta de postores.

Al mismo tiempo, TGP propone una alternativa por la costa. Su proyecto Extensión Sur contempla un ducto desde Humay, en Ica, hasta Ilo, con ramales hacia Arequipa, Mollendo y Tacna. La versión más reciente tiene una inversión preliminar de USD 2.072 millones. A cambio de ejecutar la obra, TGP (28,95% de Enagás) solicita una adenda que extienda su concesión por diez años, hasta 2044.

Ambas propuestas se superponen en objetivos como el abastecimiento de Arequipa, Mollendo, Ilo y las centrales del Nodo Energético del Sur. El Gobierno deberá definir si los proyectos serán complementarios o si la aprobación del ducto costero obliga a reformular SITGAS para evitar duplicidades.

La discusión ocurre después de la rotura registrada el 1 de marzo de 2026 en el sistema de TGP, que interrumpió durante casi dos semanas el transporte de gas desde Camisea y expuso la dependencia del país de un solo corredor.

El dato

  • Los cerca de USD 302 millones reconocidos en el primer laudo siguen sin ser cobrados. Perú solicitó la anulación de la decisión ante el Ciadi y la ejecución quedó suspendida mientras se resuelve ese recurso, cuya definición podría conocerse en el primer trimestre de 2027, según estimó Enagás.
  • El GSP original se financió parcialmente mediante el Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), un cargo incluido en recibos de luz para respaldar ingresos garantizados al concesionario. Tras la cancelación, se devolvieron alrededor de USD 93,8 millones a más de 6,3 millones de usuarios eléctricos (Osinergmin Dev. CASE-Ley N.° 30543).
  • El nuevo laudo habilita a Enagás a disponer de USD 178 millones retenidos en Perú, aunque hasta el momento no existe información pública que confirme que la transferencia al exterior ya se haya ejecutado.
  • El ducto costero de TGP tampoco resuelve completamente la vulnerabilidad expuesta en marzo porque partiría desde Humay y no crea una ruta alternativa entre Camisea y la costa central.

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