
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su preocupación por los episodios de hostigamiento e intimidación contra periodistas registrados durante octubre de 2026 y advirtió sobre el riesgo de utilizar mecanismos judiciales para intentar frenar investigaciones de interés público. El organismo puso especial atención en las presiones denunciadas por una periodista que investigaba presuntos vínculos entre empresas del sector aurífero y actividades relacionadas con la minería ilegal.
En su informe mensual de libertad de expresión, publicado este miércoles 18 de noviembre, la organización documentó dos casos que considera preocupantes para el ejercicio periodístico: las comunicaciones notariales recibidas por Graciela Villasís, directora del programa Territorio Tomado, y los agravios públicos dirigidos contra el periodista César Hildebrandt.
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El CPP sostuvo que las controversias sobre publicaciones periodísticas deben abordarse respetando la libertad de expresión y rechazó cualquier intento de utilizar procedimientos legales para silenciar investigaciones.
Ocho cartas notariales contra periodista que investigaba operaciones vinculadas a la minería ilegal
Uno de los casos desarrollados en el informe corresponde a Graciela Villasís, periodista de investigación y directora de Territorio Tomado, quien denunció haber recibido ocho cartas notariales mientras preparaba un reportaje sobre el empresario Jimmy Pflücker y la compañía procesadora de minerales Paltarumi.
Según el Consejo de la Prensa Peruana, las comunicaciones fueron enviadas por integrantes de la familia Sánchez Iparraguirre, vinculada al suministro de oro a Paltarumi y procedente de la provincia de Pataz, en La Libertad.
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La investigación periodística abordaba indagaciones fiscales relacionadas con presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, en un contexto marcado por las actividades de extracción y comercialización de oro en esa zona del país.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) precisó que las ocho cartas notariales fueron remitidas entre finales de septiembre y comienzos de octubre, durante el proceso de contrastación de la información.
En esos documentos, los remitentes exigieron el cese de las menciones a sus actividades comerciales y advirtieron sobre la posibilidad de iniciar acciones constitucionales, civiles y penales contra la periodista.
Villasís respondió formalmente el 16 de octubre y defendió el carácter de interés público de su investigación. También sostuvo que había solicitado previamente la versión de las personas y empresas involucradas.
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La preocupación por el uso de acciones legales contra investigaciones periodísticas
El Consejo de la Prensa Peruana considera especialmente preocupante que las advertencias de acciones judiciales puedan utilizarse para presionar a periodistas que investigan actividades presuntamente vinculadas con economías ilegales.
En su pronunciamiento, la organización rechazó la instrumentalización de la justicia para perseguir e intentar acallar investigaciones periodísticas, al referirse al caso de Villasís.
La ANP también expresó su respaldo a la directora de Territorio Tomado y cuestionó el envío de las comunicaciones notariales, al considerar que constituían un intento de amedrentamiento.
El caso tuvo un nuevo episodio el 27 de octubre, cuando el abogado de Paltarumi, Eduardo Roy Gates, participó en una entrevista con el programa para responder a los cuestionamientos.
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Durante esa intervención, rechazó las imputaciones planteadas en el reportaje, cuestionó el tratamiento de la información y defendió el derecho de la empresa a recurrir a las vías legales que considere pertinentes.
La controversia pone de relieve la importancia de diferenciar el legítimo derecho de cualquier persona o empresa a solicitar rectificaciones y defender su reputación de las acciones que puedan buscar impedir la difusión de información de interés público.
El informe también recoge los cuestionamientos contra César Hildebrandt
El segundo episodio documentado por el CPP corresponde a las expresiones del embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, contra el periodista César Hildebrandt, director del semanario Hildebrandt en sus trece.
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La controversia se desarrolló a través de redes sociales, donde el diplomático utilizó el calificativo de “traficante de chismes” para referirse al periodista y cuestionó públicamente su actividad profesional.

Las declaraciones se produjeron en medio de cuestionamientos relacionados con la emisión de cinco boletas electrónicas por más de S/1,2 millones, correspondientes a ventas de ejemplares del semanario y emitidas a nombre de uno de sus trabajadores, según recoge el documento.
Hildebrandt sostuvo que se trataba de operaciones comerciales legítimas y que los aspectos contables eran responsabilidad del contador de la empresa.
En su posición institucional, el Consejo de la Prensa Peruana subrayó que las empresas periodísticas están obligadas a cumplir sus responsabilidades tributarias, sin que ello justifique expresiones agraviantes contra los periodistas.
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El organismo rechazó los calificativos empleados por Navarro, una postura que también había expresado el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) a comienzos de octubre.
Consejo de la Prensa Peruana pide preservar las garantías para el ejercicio periodístico
A partir de ambos episodios, el CPP reiteró su preocupación por las condiciones en las que los periodistas desarrollan investigaciones sobre asuntos de interés público, especialmente cuando estas involucran actividades económicas cuestionadas, presuntas irregularidades o personas con capacidad de ejercer presión pública y legal.
En el caso de Villasís, el organismo puso particular énfasis en los riesgos que enfrentan las investigaciones relacionadas con la minería ilegal, una actividad que representa uno de los principales desafíos para la seguridad y la institucionalidad en distintas regiones del Perú.
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El informe de octubre se suma a los pronunciamientos que organizaciones periodísticas nacionales han difundido durante 2026 sobre amenazas, agresiones y controversias judiciales vinculadas con el trabajo de la prensa.
El Consejo de la Prensa Peruana reiteró así su rechazo a las prácticas que puedan intimidar a los periodistas o limitar la difusión de investigaciones, al tiempo que reconoció la obligación de los medios de responder por sus actuaciones dentro del marco legal.
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