
Durante su visita a Sudamérica, León XIV ha insistido en la necesidad de combatir la pobreza y atender a los más necesitados. En Montevideo afirmó que “un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer”. En Buenos Aires, frente a Javier Milei, sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. En Lima, ante Keiko Fujimori, reclamó un marco jurídico justo para agricultores, pescadores, pequeños comerciantes y jóvenes que buscan su primer empleo.
Se ha querido distorsionar estas palabras, presentándolas como una crítica a las políticas de libre mercado, con una visión sesgada y antojadiza de que la lucha contra la pobreza, el bienestar general y la redistribución de la riqueza serían incompatibles con la economía de mercado, cuando la realidad demuestra todo lo contrario.
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No olvidemos que estamos hablando del principio consagrado como norma de la máxima jerarquía en nuestra Constitución. Y a los políticos que se atribuyen el monopolio de la preocupación social, hay que recordarles que proclamarse defensor de los pobres no convierte a nadie en tal. Socialistas, liberales y conservadores dicen buscar lo mismo, y si hubiera que clasificar a las doctrinas por lo que ofrecen conseguir, sería difícil distinguirlas. La verdadera diferencia está cómo se propone hacerlo.
De un lado, el intervencionismo confía en que el Estado, mediante controles de precios, subsidios, expropiaciones o una carga tributaria cada vez mayor sobre quienes más tienen, puede asignar y “redistribuir” mejor los recursos. De otro lado, la economía de mercado sostiene que no se puede repartir lo que no se produce y que la riqueza se crea cuando las personas tienen libertad e incentivos para trabajar, invertir y emprender, y que esos incentivos se debilitan cuando se castiga el éxito y el ingreso deja de depender del esfuerzo. Así, una política que desalienta la generación de riqueza deja cada vez menos que distribuir.
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La doctrina social de la Iglesia
No es casual que, en Argentina, el Papa reconociera expresamente el riesgo que asumen los empresarios al comprometer su patrimonio para crear empleo. Y su mensaje en Lima apunta en la misma dirección cuando habla de las a empresas como “comunidades de personas”. Los pequeños comerciantes y emprendedores a los que se refirió son, en buena medida, los peruanos que han salido de la pobreza por sus propios medios, muchas veces desde la informalidad. Como enseña Hernando de Soto en El otro sendero, su principal obstáculo ha sido el costo de la formalidad: trámites, barreras burocráticas e inseguridad jurídica. Un marco jurídico justo, como el que hace bien Leon XIV en reclamar, es ante todo, uno que permita emprender, formalizarse y conservar el fruto del propio trabajo.
En 1891, León XIII —papa cuyo legado eligió honrar el actual pontífice— rechazó en Rerum Novarum la abolición socialista de la propiedad privada. Un siglo después, en Centesimus Annus, Juan Pablo II respondió afirmativamente a la pregunta de si el capitalismo era el sistema que debía proponerse a los países en desarrollo, siempre que se entienda como un sistema que reconoce el papel de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la libre creatividad humana, encuadrado en «un sólido contexto jurídico». Esa condición la comparte cualquier defensor serio del mercado. Sin Estado de derecho, propiedad segura y reglas estables, no hay economía de mercado sino ley de la selva.
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La Iglesia proclama también la función social de la propiedad y deberes estatales hacia los más vulnerables, pero ello no es opuesto, sino más bien consustancial, a la economía de mercado. Particularmente a la que se refiere nuestra constitución, que por algo se denomina “economía social de mercado”.
Una redistribución razonable, orientada a necesidades esenciales y financiada de manera sostenible, fortalece el mercado, que funciona mejor cuando todos compiten con la misma ley y con oportunidades reales de acceder a educación y salud básicas. (Esa igualdad de oportunidades nada tiene que ver con la igualdad de resultados socialista, esa fábula utópica en la que todos ganan y nadie pierde, compitan o no.)
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La discusión legítima es sobre el alcance y los efectos de la redistribución. Hobbes sostuvo que las personas aceptan someterse a un gobierno porque, sin él, la vida sería una guerra de todos contra todos; Locke añadió que ese gobierno existe para proteger la vida, la libertad y la propiedad. Para quien genera riqueza, los impuestos deben ser el costo razonable de ese orden y esa protección, no un castigo que lo desaliente a producir. Y deben ser sostenibles: nadie debería matar a la gallina de los huevos de oro.

La evidencia histórica importa
Si lo que define a una doctrina son sus medios, el criterio para juzgarla son sus resultados. Al reunificarse en 1990, las dos Alemanias mostraban diferencias enormes de desarrollo. Según el Banco de Corea, en 2024 el ingreso por habitante de Corea del Norte equivalía apenas al 3,4 % del de Corea del Sur. Y en China, tras las reformas de mercado de 1978, cerca de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema.
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A escala mundial, la proporción de la población en pobreza extrema pasó de más de un tercio en 1990 a alrededor de una de cada diez personas hoy. Ese avance coincidió con la expansión del comercio y de los mercados que siguió a reformas liberalizadoras como las de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los años ochenta, y al derrumbe del bloque soviético y la caída del Muro de Berlín entre 1989 y 1991.
Los fracasos del intervencionismo son todavía más elocuentes, y se produjeron precisamente en regímenes que se proclamaban defensores de los trabajadores y de los pobres.

La Unión Soviética convivió durante décadas con el desabastecimiento y las colas, sufrió hambrunas como la de Ucrania en 1932 y 1933, y se disolvió en 1991 bajo el peso de su propia ineficiencia. En la China de Mao, el Gran Salto Adelante provocó entre 1959 y 1961 una hambruna en la que murieron decenas de millones de personas, precisamente los campesinos en cuyo nombre se impuso. Cuba raciona alimentos básicos desde 1962 y, más de seis décadas después de su revolución, sigue registrando una emigración masiva.
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Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, aplicó controles de precios y de cambio y expropiaciones masivas. Según la CEPAL, su economía se contrajo cerca de 75 % entre 2013 y 2021, en medio de una hiperinflación devastadora, y según ACNUR más de 7,9 millones de venezolanos han dejado su país, muchos de ellos rumbo al Perú. El colapso comenzó antes de las sanciones de 2017: sus causas fueron, ante todo, internas.
El Perú no necesita mirar lejos. Las expropiaciones de Velasco y los controles de los años ochenta desembocaron en la hiperinflación de 1990, que superó el 7.000 % anual. La apertura y la estabilidad posteriores permitieron que la pobreza monetaria bajara de 58,7 % en 2004 a 20,2 % en 2019. La pandemia y la inestabilidad política revirtieron parte de ese avance —en 2025 se ubicó en 25,7 %—, pero sigue siendo una de las reducciones más notables de la región.
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No hay en la historia un solo país que haya sacado de la pobreza a sus grandes mayorías mediante la planificación central. Ello no significa que toda intervención pública sea contraproducente: las economías de mercado más exitosas cuentan también con instituciones sólidas y sistemas de protección social. Pero sí confirma que los incentivos para producir, invertir e innovar son determinantes para salir de la pobreza.

La solidaridad se mide por sus resultados
Solemos juzgar las políticas por la intención que proclaman. Una medida redistributiva parece solidaria por definición, y una liberalización, sospechosa de favorecer a los empresarios. Pero las intenciones no crean empleo ni ponen comida en la mesa. Más impuestos, trámites y controles significan menos inversión y más informalidad. Respetar la propiedad y la libertad de emprender significa más empleo y un Estado con más recursos para atender a los vulnerables. Sin generación de riqueza, cualquier promesa de justicia social es una promesa falsa.
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Por eso, las palabras de León XIV deben leerse como un llamado a la necesidad de contribuir, cada uno desde donde nos toque, a luchar contra la pobreza, sin olvidar que ello es únicamente posible si la economía prospera, si se genera mayor riqueza, si elegimos autoridades que manejen eficientemente los recursos y aprendemos, de una vez por todas, a no creer en falsas promesas.
La doctrina social de la Iglesia plantea los principios morales que deben orientar la economía; el liberalismo explica cómo la libertad, los incentivos y el mercado pueden ayudar a alcanzarlos. La solidaridad y la justicia social hay que medirla por la cantidad de personas que efectivamente logramos sacar de la pobreza y no por proclamas huecas. En ese terreno, la libertad económica tiene una historia de resultados que merece ser reconocida, mientras que el intervencionismo no tiene absolutamente nada que mostrar.

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