Familiares de víctimas peruanas envían carta al papa León XIV: "Algunos toman decisiones para que nuestras historias no lleguen a Usted"

Familiares de víctimas de crímenes de Estado en Perú le enviaron una carta pública al papa León XIV ante su visita al país, en la que denuncian que personas de la propia Iglesia impidieron que sus historias llegaran al Pontífice y le piden que tome partido por las más de 22.750 personas desaparecidas durante décadas de violencia política.

La misiva, firmada por familiares de casos emblemáticos como La Cantuta, Barrios Altos, El Frontón y las víctimas de las protestas de noviembre de 2020, fue dirigida directamente a León XIV porque, según denuncian, operadores eclesiásticos locales habrían bloqueado el acceso de los familiares a la agenda del Papa durante su visita a Lima.

“Algunas personas, desde la Iglesia, toman decisiones para que nuestras historias no lleguen a Usted”, advierte la carta, que reúne las firmas de 25 familiares con nombre, DNI y caso identificado. El documento apela a las propias palabras del Pontífice para exigirle coherencia entre su discurso y su actuación en territorio peruano.

La carta fue organizada por familiares de víctimas de distintas etapas de la violencia en Perú: desde el conflicto armado interno de los años 1980 y 1990 hasta las muertes ocurridas durante las protestas de 2020 y 2023. Entre los firmantes figuran madres, padres, hijos y hermanos de desaparecidos en casos que ya tienen sentencias de organismos internacionales de derechos humanos.

El reclamo central apunta a 22.750 desaparecidos y décadas de impunidad estatal

Los familiares describen más de cuarenta años de reclamos ante un Estado que, según sostienen, ha respondido con indiferencia, leyes de amnistía y parálisis en la búsqueda de restos. “Los años pasan, los gobiernos cambian, pero para cientos de familias peruanas el tiempo parece haberse detenido en el dolor de la ausencia”, señala el texto.

La cifra de 22.750 personas desaparecidas concentra el eje del reclamo. Los firmantes subrayan que esa búsqueda “es un acto de la más elemental humanidad, un derecho sagrado y una deuda pendiente de la sociedad y del Estado”, y que la impunidad que protege a quienes cometieron esos crímenes persiste décadas después de ocurridos los hechos.

Los firmantes invocan el documento papal Magnifica Humanitas para interpelar al Pontífice

Para sostener su reclamo, los familiares citan pasajes del documento pontificio Magnifica Humanitas, en el que León XIV sostiene que “es inaceptable cualquier cultura que reduzca a las personas a meros objetos descartables o que naturalice el sufrimiento de los más vulnerables”. La carta retoma esa línea para señalar que el Estado peruano ha naturalizado precisamente ese sufrimiento.

“La dignidad humana exige que la verdad resplandezca y que la justicia no sea un privilegio, sino un camino accesible para todos”, cita la misiva, atribuyendo esas palabras al propio documento papal. Con ese argumento, los firmantes le piden al Papa que su visita al país signifique “un compromiso de la Iglesia con la verdad, las memorias de las víctimas, la justicia como derecho”.

La carta denuncia silenciamiento eclesiástico local y pide al Papa que se posicione

Uno de los pasajes más directos del documento apunta a sectores de la Iglesia en Perú. Los familiares afirman que operadores eclesiásticos habrían actuado para impedir que sus testimonios llegaran al Pontífice, y lo describen como una forma de complicidad. “No podemos aceptar una Iglesia que mira para el otro lado, ni a quienes hacen del silencio una forma de complicidad”, escriben.

Para reforzar ese punto, citan nuevamente Magnifica Humanitas: “Hay situaciones en las que, para seguir siendo humanos, debemos abandonar las vacilaciones y tomar partido. Hay conflictos en los que no es justo permanecer neutrales y no basta con pensar en ‘no ser cómplices’”. La cita fue elegida deliberadamente para interpelar tanto a la jerarquía eclesiástica local como al propio Papa.

Los familiares piden que quienes tienen información sobre desaparecidos la entreguen

A través de la carta, los firmantes también lanzaron un llamado directo a quienes, según denuncian, guardan información sobre el paradero de los desaparecidos. “La obligación sigue siendo del Estado peruano, también, directamente, de quienes tienen información y no la quieren decir. De quienes guardan los registros de los detenidos que se convirtieron en desaparecidos, y no lo comparten”, indica el texto.

El pedido se extiende a las instituciones militares y de inteligencia que, sostienen los familiares, conservan documentación sobre detenciones ocurridas en los denominados “sótanos del SIE” y en otros centros clandestinos de reclusión activos durante la década de 1990. “No podemos callar nuestra conciencia”, recordaron, con palabras atribuidas al propio León XIV.

Los casos firmantes abarcan desde 1983 hasta las protestas de 2023

La carta reúne familiares de trece casos documentados. Entre ellos figuran los del Caso La Cantuta (julio de 1992), los Sótanos del SIE (julio de 1993 y octubre de 1993), Cabitos 1983, El Frontón (junio de 1986), Barrios Altos (noviembre de 1991), la periodista Melissa Alfaro (caso Sobres Bomba, octubre de 1991), Hugo Bustíos (noviembre de 1988), Ernesto Castillo Páez (octubre de 1990), el caso 14N con la muerte de Inti Sotelo (noviembre de 2020) y Víctor Santisteban Yacsavilca, identificado como víctima del gobierno de Dina Boluarte (enero de 2023).

El documento cuenta con 25 firmas individuales con nombre completo y número de DNI, lo que le otorga carácter de carta pública verificable. Entre los firmantes se encuentran Andrea Gisela Ortiz Perea, hermana de Enrique Ortiz Perea del Caso Cantuta; Alejandrina Raida Condor Saez, madre de Armando Amaro Cóndor; Pacha Sotelo Camargo, hermano de Inti Sotelo; y Sharmeli Bustíos Patiño, hija del periodista Hugo Bustíos, asesinado en 1988.