Restauración en suspenso: ¿Por qué el santuario de Guadalupe sigue paralizado pese a contar con 30 millones de soles?

El futuro de la restauración del santuario de Guadalupe, en Trujillo, quedó en suspenso después de que el arzobispo Alfredo Vizcarra Mori solicitara dejar sin efecto el convenio que permitía financiar la intervención mediante el mecanismo de obras por impuestos. El proyecto contempla una inversión de 30 millones de soles para recuperar un templo-monasterio con más de 400 años de historia, declarado patrimonio cultural de la nación y ligado a la devoción que dio nombre al distrito.

La decisión frenó el avance del expediente técnico, una etapa necesaria antes de iniciar los trabajos en el inmueble. La empresa Paltarumi, que había asumido el financiamiento de la obra, requiere autorización para ingresar al santuario y continuar con las evaluaciones y la elaboración de los documentos técnicos. Sin ese permiso, el acuerdo suscrito entre la Iglesia, el Gobierno Regional y la firma privada no puede seguir su curso.

Vecinos del distrito y miembros del Comité de Restauración de Nuestra Señora de Guadalupe realizaron vigilias y protestas para exigir que el proyecto continúe. Los manifestantes cuestionan que el Arzobispado de Trujillo no haya precisado cuáles son las observaciones administrativas y técnicas que considera insubsanables ni haya presentado una alternativa de financiamiento o un cronograma para una nueva intervención.

El Arzobispado pidió anular el acuerdo por objeciones que no detalló

El Arzobispado de Trujillo señaló, en un comunicado entregado a periodistas, que su intención es “cuidar que la obra se realice con transparencia, rigor y respeto al patrimonio”. La institución indicó que detectó problemas en las bases de adjudicación, así como observaciones administrativas y técnicas vinculadas al convenio. No obstante, el pronunciamiento no incluyó detalles sobre la naturaleza de esas objeciones ni sobre los documentos en los que estarían consignadas.

Vizcarra Mori pidió suspender el proceso el 22 de julio, poco después de la entrega del terreno destinada a la obra. Según los impulsores del proyecto, esa etapa cerraba varios años de coordinaciones entre autoridades regionales, representantes de la parroquia, especialistas y la empresa interesada en aportar los recursos. El expediente técnico todavía no estaba concluido, por lo que los vecinos sostienen que existía margen para formular observaciones y corregirlas antes de cancelar el acuerdo.

La arquidiócesis manifestó que no ha desistido de restaurar el santuario, aunque aclaró que el diálogo con los involucrados no supone revisar su posición sobre el convenio vigente. Hasta ahora, no informó qué procedimiento plantea para financiar una obra distinta ni qué entidad asumiría la responsabilidad de desarrollar el expediente técnico. La ausencia de esa definición mantiene paralizada una intervención para la que ya existía un aporte privado comprometido.

El párroco Ronald La Barrera tampoco pudo ser ubicado para responder sobre el estado del proyecto. Durante una intervención ante fieles, el 15 de agosto, había dicho que “la restauración puede ser por otros medios”. Esa posibilidad no fue desarrollada públicamente. Mientras continúa la incertidumbre, la parroquia anunció una rifa para el primero de noviembre relacionada con otro proyecto, una decisión que aumentó las preguntas de los residentes sobre el destino de la recuperación del templo.

El comité cuestiona la falta de una alternativa y plantea posibles conflictos de intereses

La presidenta del Comité de Restauración de Nuestra Señora de Guadalupe, Cecilia Vera, afirmó que el grupo trabajó durante tres años para lograr la viabilidad de la iniciativa y conseguir el respaldo empresarial. “Lo más difícil es conseguir la plata. Acá la plata ya está, pero no la quieren usar”, declaró. Para la dirigente, el punto central del conflicto es que el financiamiento estaba asegurado, pero el convenio que habilitaba su uso quedó bajo cuestionamiento sin una propuesta pública que permita reemplazarlo.

Vera señaló que Paltarumi apostó por una modalidad poco frecuente para intervenciones patrimoniales. A su juicio, los proyectos ejecutados mediante obras por impuestos suelen concentrarse en infraestructura pública, como carreteras, puentes o equipamiento urbano, mientras que la restauración de un inmueble religioso y cultural exige estudios especializados, coordinación institucional y autorización de la entidad responsable del bien. El deterioro del santuario, advirtió, continúa mientras no existe una fecha para retomar el proceso.

La representante también formuló una presunción de conflicto de intereses respecto del equipo técnico que asesora al arzobispo. Su cuestionamiento alcanza a la arquitecta Patricia Navarro Grao, a quien vinculó con gestiones previas relacionadas con el proyecto. Según Vera, la especialista propuso inicialmente que el Gobierno Regional la contratara para elaborar el perfil de inversión pública necesario para la restauración.

Más adelante, de acuerdo con la versión del comité, Navarro Grao se comunicó con Vera después del cambio del sacerdote encargado de conducir las gestiones y le indicó que contaba con un equipo técnico y una empresa que podían ejecutar la intervención. Vera aseguró que, cuando una compañía mostró interés en financiar la restauración, la arquitecta solicitó conocer su identidad con el fin de presentarse como especialista ante la firma.

La dirigente sostuvo que, después de que Paltarumi obtuvo la buena pro, Navarro Grao presentó una propuesta técnica y económica cercana a los 700 mil soles para elaborar el expediente técnico en seis meses. El contrato, según indicó, establecía un plazo de un año para esa fase. También afirmó que la arquitecta intentó participar en el concurso de supervisión promovido por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), aunque no calificó.

Vera añadió que Navarro Grao pasó a integrar el equipo que asesora al arzobispo el 3 de septiembre. Ni la arquitecta ni el Arzobispado de Trujillo respondieron públicamente a esas afirmaciones. El debate permanece centrado en dos asuntos: las razones concretas que llevaron a objetar el convenio y la falta de un mecanismo definido que permita recuperar el santuario sin perder los recursos ya comprometidos.