González Izquierdo pide recortar obras para evitar más presión inflacionaria en Perú y propone escalonar el gasto público ante El Niño

El economista Jorge González Izquierdo recomendó a la presidenta Keiko Fujimori revisar el alcance del plan de estímulo fiscal previsto frente a los efectos de El Niño y la guerra entre Estados Unidos e Irán. Planteó preservar las transferencias monetarias para hogares y empresas afectados, pero reducir y distribuir en más tiempo el gasto destinado a infraestructura para limitar las presiones sobre los precios.

La advertencia se apoya en un escenario de expansión de la demanda privada. Según su evaluación, el gasto privado crece cerca de 7%, impulsado en especial por la inversión privada, que avanzó un promedio de 15% durante los primeros siete u ocho meses del año. Entre enero y agosto, la economía peruana acumuló una expansión de 3,1%.

Para González Izquierdo, la principal señal de alerta es la inflación. El indicador llegó a 4,5% hasta septiembre, por encima del rango que considera compatible con la estabilidad de precios en Perú, situado en torno a 2% anual y con un límite de 3%. El economista sostuvo que la presión se mantenía aun sin considerar los precios más volátiles de alimentos y combustibles.

El paquete oficial sumaría 18.000 millones de soles

El análisis del economista parte de un programa de 18.000 millones de soles de gasto adicional, elaborado a partir de la información disponible sobre las medidas anunciadas por el Gobierno. González Izquierdo precisó que no contaba con detalles directos del diseño oficial ni de los plazos finales de ejecución.

Del total proyectado, 2.500 millones de soles corresponderían a transferencias para personas que pierdan ingresos o empleo por las consecuencias del fenómeno climático y del conflicto externo. La asistencia tendría carácter temporal, con una vigencia estimada de entre tres y cinco meses, para sostener el consumo de los hogares más expuestos.

Otros 500 millones de soles se orientarían a un subsidio destinado a impedir nuevas subas en el precio del diésel. González Izquierdo consideró que estas dos partidas, dirigidas a familias afectadas y al combustible, tendrían un efecto limitado sobre la inflación porque buscan compensar pérdidas de ingresos y contener un costo específico de la economía.

La infraestructura concentra el riesgo inflacionario

La mayor preocupación está en la porción restante del programa. El esquema contempla 2.000 millones de soles para reparar escuelas, comisarías, centros de salud y otras instalaciones dañadas. El Ejecutivo también evaluaba utilizar el mecanismo de obras por impuestos para acelerar la reconstrucción de la infraestructura pública afectada.

A esa cifra se agregarían 13.000 millones de soles para nuevas inversiones en infraestructura. Si ese desembolso se ejecutara con rapidez y eficacia, representaría entre 1,4% y 1,5% del producto bruto interno, según el cálculo de González Izquierdo. El impacto sería mayor si coincidiera con el actual avance de la inversión y el consumo privados.

El economista propuso recortar el gasto total de infraestructura, estimado en 15.000 millones de soles, hasta unos 8.000 millones. Su sugerencia consiste en ejecutar entre 7.000 y 8.000 millones de soles en el corto plazo y diferir el resto, de modo que la inversión pública atienda las necesidades urgentes sin elevar de forma abrupta la demanda interna.

El Banco Central podría responder con una política contractiva

González Izquierdo advirtió que un fuerte impulso fiscal puede entrar en conflicto con la tarea del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Si la autoridad monetaria interpreta que el gasto público alimenta una expansión excesiva de los precios, podría elevar la tasa de interés o adoptar medidas que encarezcan el crédito para empresas y familias.

Ese escenario implicaría que el Gobierno busque sostener la actividad mediante más gasto mientras el BCRP aplique restricciones para cumplir su meta de inflación. “Si el Banco Central es realmente independiente”, afirmó el economista, la entidad podría verse obligada a responder con una política contractiva ante un incremento elevado de la demanda.

La distinción entre transferencias e infraestructura ocupa un lugar central en su planteo. González Izquierdo respaldó la ayuda directa a quienes sufran pérdidas laborales o una reducción de ingresos por El Niño y por el impacto de la guerra. “El problema está en los 15.000 restantes”, señaló sobre los fondos previstos para obras e inversiones físicas.

La suspensión perfecta aparece como alternativa para empresas afectadas

El economista también se refirió a la posible aplicación de una suspensión perfecta de labores para compañías con caídas de ingresos o problemas de liquidez asociados a los fenómenos climáticos y externos. Bajo esa figura, se conserva el vínculo entre la empresa y el trabajador, aunque la prestación de tareas queda interrumpida durante un período definido.

En esos casos, los empleados pueden recibir una parte de su salario o dejar de percibir remuneración, según las condiciones del mecanismo. González Izquierdo sostuvo que la herramienta permitiría evitar recortes salariales abruptos o despidos, especialmente en sectores cuya actividad resulte afectada de forma temporal.

El Gobierno podría utilizar una parte de las transferencias previstas para asistir a una proporción de los trabajadores incluidos en ese régimen, indicó. La propuesta apunta a sostener los ingresos durante la interrupción laboral sin trasladar todo el costo de la crisis a las empresas con menor capacidad financiera.

El economista rechazó replicar créditos subsidiados de la pandemia

González Izquierdo se manifestó en contra de repetir un programa de préstamos empresariales como el utilizado durante la pandemia de COVID-19. Cuestionó que se otorgaran créditos con tasas muy bajas en un contexto de inflación elevada, porque esa combinación reducía el costo real de la deuda para los beneficiarios.

El economista explicó que, si una compañía recibía 100 soles y la inflación erosionaba el valor del dinero, podía terminar devolviendo un monto equivalente a 90 soles en términos reales. A su juicio, ese tipo de financiamiento supone un subsidio que debe evaluarse con cautela ante una inflación por encima del rango objetivo.

Su recomendación final es concentrar los recursos públicos en la asistencia temporal a hogares y trabajadores afectados, las reparaciones urgentes y los proyectos que puedan ejecutarse sin generar una expansión acelerada de la demanda. El debate sobre el ritmo de la infraestructura quedará vinculado a la evolución de los precios, la inversión privada y las próximas decisiones del BCRP.