La Primera Sala del Tribunal Registral estableció que la copia certificada de un convenio de liquidación basta para inscribir a un nuevo liquidador en un procedimiento concursal. La decisión, contenida en la Resolución N° 4778-2026-SUNARP-TR, evita exigir el acta de la junta de acreedores como documento adicional.
El criterio fue recogido en el Radar Concursal de Almerco Abogados, correspondiente a la primera quincena de octubre. La resolución revocó una observación registral y precisó la aplicación del numeral 78.2 de la Ley General del Sistema Concursal.
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Cuando una empresa no puede pagar, los acreedores deciden qué hacer con sus bienes
Un procedimiento concursal es un proceso que se activa cuando una empresa atraviesa problemas para cumplir con sus deudas. En esa etapa, los acreedores —como bancos, proveedores, trabajadores o entidades públicas— se reúnen para decidir si la compañía puede reestructurarse o si corresponde vender sus bienes para pagar las obligaciones pendientes.
Si optan por la liquidación, nombran a un liquidador. Esta persona o entidad se encarga de administrar el patrimonio de la empresa, vender activos y distribuir recursos obtenidos entre los acreedores, de acuerdo con el orden que fija la ley.
La inscripción habilita al liquidador para operar sobre los activos
La inscripción del liquidador permite que este pueda gestionar cuentas bancarias, hacer trámites ante entidades públicas y administrar o disponer de los bienes de la empresa en liquidación. Estas facultades resultan necesarias para convertir los activos en recursos destinados al pago de las obligaciones reconocidas en el procedimiento.
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Con el nuevo criterio, ya no será necesario presentar también el acta de la junta que nombró al liquidador si se cuenta con la copia certificada del convenio de liquidación. “La copia certificada del convenio de liquidación es suficiente”, sostiene el reporte sobre el alcance de la decisión.
Menos exigencias pueden evitar costos durante la liquidación
Las observaciones registrales pueden retrasar por meses la inscripción y, con ello, el inicio efectivo de las funciones del liquidador. Durante ese periodo, los activos de la compañía pueden generar gastos de conservación, mantenimiento o administración, mientras se posterga su venta o disposición.
El informe señala que una menor carga documental puede ayudar a reducir demoras y costos del proceso concursal. También puede evitar que el patrimonio pierda valor antes de que los acreedores reciban los recursos que les correspondan según el orden de prelación.
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“La oportunidad de las decisiones puede incidir en la recuperación de valor para los acreedores”, advierte Almerco Abogados.
Cinco empresas ingresaron a procesos concursales en la primera quincena de octubre
El Radar Concursal también identificó cinco nuevos ingresos a procedimientos concursales y diez juntas de acreedores convocadas entre el 1 y el 15 de octubre de 2026. Estas reuniones permiten a los acreedores adoptar acuerdos sobre la reestructuración o liquidación de las empresas involucradas.
El precedente del Tribunal Registral fija una referencia para los casos en que se solicite inscribir a liquidadores. Su aplicación podría reducir trámites cuando las juntas de acreedores ya hayan aprobado el convenio de liquidación, documento que establece las condiciones para administrar y realizar los activos de una empresa concursada.
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