
La interrupción del gasoducto de TGP en marzo de este año puso en evidencia una vulnerabilidad estructural del sistema energético peruano: la elevada dependencia de una única fuente de producción y de una infraestructura principal de transporte. El problema trasciende al mercado del gas natural. Cuando este suministro se interrumpe, sus efectos se trasladan rápidamente a la generación eléctrica, el transporte, la industria y la disponibilidad de GLP. La experiencia de inicios de años mostró, una vez más, que la seguridad energética debe ocupar un lugar central en la política energética del país.
El punto de partida es reconocer que la seguridad energética significa garantizar la continuidad del suministro, entendido como un servicio público, ante situaciones de contingencia, y no simplemente disponer de energía al menor precio o con subsidios. En el caso peruano, la concentración en Camisea como principal fuente y en un solo ducto como vía fundamental de transporte configura un riesgo que puede afectar simultáneamente a varios sectores. La indisponibilidad del gasoducto obligó al sistema eléctrico a recurrir a generación con diésel y, durante el evento reseñado, el precio spot superó los US$200/MWh. También se afectó el abastecimiento de GNV para cientos de miles de vehículos, así como el de numerosas industrias que utilizan el gas como insumo energético.
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Por ello, la respuesta no debería limitarse a construir un segundo gasoducto, ya que pueden presentarse otras contingencias que impidan contar con gas natural en el sistema actual. La verdadera diversificación debe actuar sobre toda la cadena de suministro. Una primera alternativa consiste en desarrollar capacidad de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) en la costa, proyecto que se estudió hace más de una década. Se trata de contar con una fuente físicamente independiente que pueda actuar como respaldo cuando el suministro convencional se encuentre comprometido.
Una segunda línea de acción es descentralizar la producción de GNL. Actualmente, las regiones que reciben GNL para la masificación del gas dependen de Melchorita como fuente de suministro. La propuesta considera instalar microplantas de producción en puntos estratégicos en el norte, sur y centro. Además de reducir la dependencia de una única instalación, esta alternativa permitiría disponer de mayor resiliencia para atender a más de 400 mil familias que utilizan GNL en distintas regiones del país.
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La seguridad del gas también debe complementarse con seguridad eléctrica. Ante una eventual interrupción del gasoducto, el sistema necesita capacidad de generación que pueda operar con un combustible alternativo. En este sentido, la propuesta de un nodo energético en Marcona, con aproximadamente 600 MW de capacidad y tecnología de combustible dual (gas natural y diésel), permitiría incrementar el margen de reserva y respaldar al sistema ante la indisponibilidad del gasoducto o condiciones hidrológicas adversas.
La diversificación requiere planificación energética e institucionalidad. La experiencia reciente demuestra que la competitividad de los precios, la masificación y las exportaciones no sustituyen la necesidad de resiliencia. El país necesita identificar sus riesgos críticos, establecer infraestructura de respaldo y definir quién debe asumir los costos de mantener esa seguridad. Se requiere institucionalizar una política de largo plazo que articule seguridad, competitividad, sostenibilidad ambiental y acceso a la energía.
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La lección es clara: el objetivo no debe ser abandonar el gas natural en tanto no existan energéticos sustitutos limpios y verdaderamente competitivos, sino evitar que el crecimiento de su utilización dependa de un único punto de suministro. Diversificar fuentes, rutas, infraestructura y capacidad de respaldo permitiría que el gas continúe siendo un componente relevante de la matriz energética peruana en la ruta de la transición energética global, pero dentro de un sistema mucho más resiliente frente a futuras contingencias.

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