Crisis del gas natural en Perú: cuestionan falta de respaldo en el ducto que abastece casi la mitad de la electricidad del país

La crisis energética en Perú provocada por la interrupción del transporte de gas natural de Camisea continúa generando cuestionamientos sobre la seguridad del sistema y la capacidad del país para enfrentar contingencias en su infraestructura energética. Tras el incidente ocurrido el 1 de marzo en el distrito de Megantoni, Cusco, que obligó a restringir el flujo del combustible hacia la costa, especialistas advierten que el problema no solo está vinculado al accidente, sino también a la falta de inversiones en el sistema de transporte.

Un reciente análisis del centro de estudios Síntesis Instituto sostiene que la interrupción del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) dejó al descubierto una vulnerabilidad estructural del sistema energético nacional. Según el informe, la dependencia del país de una sola infraestructura para transportar el gas de Camisea habría dejado expuesta a la economía a una crisis que podría afectar cerca del 45% de la oferta de electricidad del país, generando impactos en el mercado energético y en los costos de generación.

Falta de inversiones en el gasoducto habría dejado vulnerable al sistema energético

De acuerdo con el análisis, la emergencia generada por la interrupción del transporte de gas natural evidencia que el sistema no contaba con la infraestructura de respaldo necesaria para garantizar la continuidad del servicio en caso de fallas o incidentes técnicos.

El director ejecutivo del centro de estudios, Fernando Cáceres, señaló que el contrato de concesión del gasoducto establecía que la infraestructura debía operar con una disponibilidad cercana al 99%, además de contar con mecanismos que permitieran evitar paradas inesperadas en el sistema.

Entre las soluciones técnicas que suelen aplicarse en este tipo de sistemas se encuentra la construcción de “loops” o tramos paralelos de ductos, infraestructura adicional que permite mantener el flujo de gas incluso si ocurre una falla en una parte del sistema.

Según el instituto, este tipo de ampliaciones no se habrían desarrollado en los tramos más críticos del ducto que transporta el gas natural desde Camisea, a pesar de que desde el 2010 se autorizó ampliar la capacidad del sistema de transporte.

El incidente en el sistema de transporte ocurrió mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en el ducto, situación que provocó una deflagración y obligó a reducir temporalmente el volumen de gas natural enviado hacia Lima y otras regiones del país. La restricción del suministro derivó en medidas de emergencia para priorizar el abastecimiento de hogares, transporte y servicios esenciales.

Crisis del gas impacta en el costo de generación eléctrica

La interrupción del flujo de gas natural de Camisea también ha generado consecuencias directas en el mercado eléctrico peruano, especialmente en el costo de generación de energía.

Ante la reducción del suministro de gas, varias centrales eléctricas han tenido que recurrir a combustibles alternativos como el diésel, una fuente de energía considerablemente más costosa. Este cambio ha provocado un incremento significativo en el costo marginal de la electricidad durante el periodo de emergencia.

Antes del incidente, el costo marginal de generación se ubicaba alrededor de 30 dólares por megavatio hora (MWh). Sin embargo, durante la contingencia, este valor ha llegado a ser hasta diez veces mayor, de acuerdo con estimaciones difundidas por el centro de estudios.

Este escenario ha comenzado a generar tensiones en el mercado eléctrico, especialmente entre las empresas generadoras que mantienen contratos de suministro con clientes libres, es decir, grandes consumidores de energía como industrias o compañías de servicios.

Según explicó Cáceres, algunas empresas generadoras han empezado a suspender temporalmente estos contratos debido al aumento de los costos de generación.

“Cuando estos contratos se suspenden, los clientes pasan automáticamente a comprar energía en el mercado spot, donde el precio puede ser hasta diez veces mayor. Si este fenómeno se generaliza, el impacto económico para empresas y consumidores puede ser muy severo”, indicó.

Frente a esta situación, Síntesis Instituto señaló que corresponde al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) realizar una investigación técnica exhaustiva sobre el incidente registrado en el sistema de transporte de gas antes de aceptar que se trató de un evento de fuerza mayor.

El análisis señala que resulta relevante determinar las causas exactas de la deflagración, especialmente considerando que la propia empresa operadora informó que el incidente ocurrió mientras se realizaban labores de mantenimiento en el ducto.

“Sería prematuro concluir que estamos frente a un caso de fuerza mayor. Es indispensable determinar si la deflagración se debió a fallas en los protocolos de integridad del ducto, deficiencias en los sistemas de detección y prevención o incumplimientos de las obligaciones de seguridad”, señaló Cáceres.

De acuerdo con el instituto, si la investigación concluye que el incidente estuvo relacionado con fallas operativas o deficiencias en la gestión de la infraestructura, la empresa operadora del sistema podría enfrentar responsabilidades económicas por los efectos generados en el sistema eléctrico.

Entre los posibles impactos se encuentran los sobrecostos en la generación de electricidad, las pérdidas para empresas del sector energético y el encarecimiento del suministro para consumidores que dependen del mercado spot durante la emergencia.