
Hace algunos meses reflexionábamos sobre el importante rol que juega el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) en la gestión sostenible de uno de los mayores activos del país, su mar. IMARPE cumple una tarea indispensable, producir el conocimiento científico que sustenta las decisiones que se toman en torno a nuestros recursos marinos, en especial las de manejo pesquero. Su trabajo es la base sobre la cual se definen cuotas, temporadas de pesca y medidas que impactan directamente en la economía, el empleo y la seguridad alimentaria del Perú.
Esta tarea cobra aún más importancia en contextos como el actual, en el que un evento El Niño de alta intensidad exige tomar decisiones rápidas, pero bien informadas, para mitigar los impactos negativos que ya se están sintiendo en los ingresos de los pescadores, la industria y la provisión de alimentos. Esto implica, por ejemplo, aprovechar los recursos de oportunidad disponibles, pero sin poner en riesgo su sostenibilidad.
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Para hacer frente a una responsabilidad de esta magnitud y responder de forma oportuna, es decir con la rapidez que amerita la situación, pero sin perder rigor científico, se requiere contar con los recursos adecuados, y esto nos lleva preguntarnos ¿tiene el IMARPE los medios financieros para cumplir su trabajo? ¿Qué tanto invertimos como país para asegurar que las decisiones que se tomen sobre el Mar de Grau tengan el respaldo científico adecuado?

Un dato interesante que nos da una idea sobre la prioridad que se le ha venido dando a su labor es que el presupuesto de IMARPE se ha mantenido sin mayores cambios desde hace una década, y ante la llegada de El Niño se ha optado por reducir el monto destinado a esta institución para atender otros aspectos de sus impactos. Para el 2026 la institución cuenta con un presupuesto de tan solo 96.2 millones de soles, 17 millones por debajo del año pasado, y el más bajo desde el 2013 si tomamos en cuenta la inflación anual acumulada. Esta reducción no obedece a una menor recaudación del sector.
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Ante esta situación, cabe preguntarse si, frente a un mar con condiciones altamente cambiantes y a la necesidad de contar con información actualizada para adoptar medidas adaptativas según evolucionan las condiciones climáticas y oceanográficas, la decisión lógica no habría sido aumentar, o al menos mantener, el presupuesto asignado a la institución encargada de brindar las recomendaciones científicas que sustentan el manejo pesquero del país.
De acuerdo con la Ley General de Pesca, el 50% de lo recaudado por derechos de pesca (el pago que hacen las empresas pesqueras al Estado por extraer recursos naturales que son patrimonio de la Nación) que corresponde al Ministerio de la Producción como recursos propios, debe ser destinado, entre otros fines, a la investigación científica. Además, el sector cuenta también con el 50% de los ingresos por canon pesquero (proveniente del impuesto a la renta de las empresas pesqueras). Pero, en la práctica ¿Qué porcentaje de esta recaudación se destina efectivamente a financiar las actividades de IMARPE? Es una pregunta que no tiene respuesta ya que no hay información publica sobre el destino que se le da a lo recaudado por ambos conceptos. Podemos y debemos hacerlo mejor.
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El Ejecutivo ha incluido el fortalecimiento institucional del IMARPE como parte del pedido de facultades legislativas, sin embargo, las mejoras normativas no serán suficientes si no vienen acompañadas de mejoras presupuestales.
El IMARPE es una institución lider en investigación pesquera con reconocimiento internacional, y nuestra mejor carta para afrontar el actual El Niño y la crisis climática que hace estos eventos más fecuentes e intensos. Para que este a la altura del desafio que esto implica debemos dotarla de mayores recursos, ampliar y no reducir su capacidad operativa: embarcaciones de investigación, mejor equipamiento y mayor cobertura en el monitoreo del mar y sus recursos. La ciencia no es gratis, pero es sin duda nuestra mejor inversión.
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