Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen

El predictamen de la Comisión de Constitución plantea que el Congreso no otorgue al Poder Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas por 120 días. El documento recomienda archivar la proposición presentada por el Gobierno para emitir decretos legislativos en ocho grandes áreas, entre ellas seguridad ciudadana, empleo, tributación, minería, hidrocarburos, vivienda y saneamiento.

La propuesta parlamentaria corresponde al expediente N.° 00098-2026-2031-CD y fue evaluada bajo los requisitos establecidos por el artículo 104 de la Constitución. Según el predictamen, el pedido no alcanza los niveles de especificidad, precisión y necesidad exigidos para una delegación de facultades legislativas.

El documento de la comisión sostiene que la solicitud reúne 66 ítems distribuidos en ocho literales, aunque su revisión identifica más de 100 asuntos distintos. Esta amplitud constituye uno de los elementos considerados por la Comisión de Constitución al evaluar los límites que debe tener una delegación de esta naturaleza.

La decisión todavía requiere el trámite correspondiente en la Cámara de Diputados. La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores programó para el martes 29 y miércoles 30 de septiembre la sustentación y el debate del dictamen de la Proposición Legislativa 00098/2026-2031-CD.

Comisión cuestiona el alcance de las facultades solicitadas

El predictamen señala cuatro problemas recurrentes en los 66 ítems revisados. El primero corresponde a la falta de especificidad. Según el documento, varios planteamientos utilizan términos generales como “fortalecer”, “modernizar”, “optimizar” o “actualizar”, sin identificar las normas que serían modificadas ni establecer con precisión el sentido de los cambios.

La comisión también observa diferencias entre el contenido de la propuesta y su exposición de motivos. El expediente incluye un documento de 436 páginas y, según el análisis parlamentario, en determinados casos la exposición plantea objetivos que exceden o difieren de aquello que figura en el texto sujeto a delegación. El predictamen precisa que esa exposición no puede ampliar por sí misma el alcance de las facultades solicitadas. Markdown pegado

Otro cuestionamiento está relacionado con la urgencia. La comisión señala que el Ejecutivo no sustenta por qué las materias propuestas requieren una vía distinta al procedimiento legislativo ordinario ni acredita la “circunstancia contingente” que, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, permite justificar una delegación.

El cuarto punto corresponde a la necesidad de utilizar normas con rango de ley. El predictamen sostiene que varias de las acciones planteadas podrían ejecutarse mediante decretos supremos, resoluciones ministeriales u otros instrumentos propios del Ejecutivo.

Las materias que presentan reparos constitucionales

El documento también identifica cuestionamientos específicos en determinados sectores. En materia migratoria, observa la propuesta para ampliar de 24 a 48 horas el periodo de retención administrativa y para incorporar a las Fuerzas Armadas en labores de control migratorio. La comisión sostiene que ambas medidas presentan problemas frente a recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre derechos de trabajadores migrantes y frente a los límites constitucionales para la participación militar en funciones civiles.

En hidrocarburos, el documento considera inconstitucional la modificación propuesta de normas sobre áreas naturales protegidas y pueblos indígenas en aislamiento voluntario para facilitar actividades de exploración petrolera. La comisión sustenta esta posición en el Convenio 169 de la OIT y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Respecto del componente ambiental, el predictamen cuestiona la aplicación del silencio administrativo positivo a estudios de impacto ambiental. El documento vincula esta medida con el principio de prevención reconocido por el Tribunal Constitucional y menciona una comunicación de relatores especiales de Naciones Unidas, identificada como OL PER 7/2026, con fecha 15 de septiembre de 2026.

En seguridad ciudadana, la comisión rechaza la propuesta de calificar como terroristas a las organizaciones criminales. El predictamen sostiene que esta modificación no corresponde con el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en 2001 sobre el elemento ideológico que caracteriza al delito de terrorismo.