Un educador del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, denunció presuntos privilegios en favor de los seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise investigados por la presunta violación grupal de un compañero de colegio, entre ellos un régimen de visitas superior al establecido para otros internos.
Según el testimonio del trabajador, difundido este miércoles por el programa Beto a Saber de Willax, los seis adolescentes reciben visitas tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, mientras que otros internos solo pueden recibir a sus madres los sábados.
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La denuncia sostiene, además, que los adolescentes permanecen separados del resto de internos y cuentan con dos educadores asignados de manera permanente para su vigilancia.
El trabajador afirmó que los seis fueron instalados en el sector H1, donde funciona la posta médica del centro, y que, tras su llegada, se trasladaron camas, colchones y otros implementos nuevos para su uso.
De acuerdo con su versión, la ocupación de ese espacio estaría afectando el acceso de otros internos a los servicios médicos. También aseguró que algunos educadores y psicólogos que cuestionaron las condiciones otorgadas a los adolescentes fueron posteriormente trasladados a pabellones considerados de mayor peligrosidad.
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Los cuestionamientos alcanzan también al régimen de vigilancia. Según la denuncia, mientras algunos educadores tienen a su cargo entre 50 y 60 adolescentes, los seis investigados contarían con dos educadores dedicados exclusivamente a su supervisión durante las 24 horas.
Las fuentes citadas por el programa señalaron, asimismo, que los adolescentes tendrían más horas de recreación y permanecerían apartados de otros internos.
El presidente del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega Marroquín, negó que exista un tratamiento diferenciado. “Tienen el mismo tratamiento que cualquier otro joven que ingresa a un centro juvenil de medio cerrado”, afirmó.
El programa televisivo también señaló que Maranguita cuenta con distintos sectores destinados a adolescentes de acuerdo con su situación jurídica y programa de rehabilitación. Los sectores Gandhi y Nazarenos albergan a menores con sentencias por delitos graves, mientras que Don Bosco y Bienvenida reúnen a internos considerados de menor riesgo y, en algunos casos, permiten actividades educativas o laborales fuera del establecimiento.
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La semana pasada, el Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para los seis adolescentes investigados, el plazo máximo previsto por la legislación para esta medida. La Fiscalía había solicitado el internamiento de seis de los diez adolescentes que inicialmente fueron incluidos en la denuncia.
Por su parte, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección preventivas en favor del adolescente que denunció la agresión sexual. Entre ellas, prohibió que los presuntos agresores utilicen espacios privados o redes sociales, como WhatsApp y Facebook, para contactarlo y ordenó que reciban terapias psicológicas.
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El juzgado también dispuso patrullaje periódico semanal en el domicilio de la víctima, a cargo de la comisaría del sector.
Según la denuncia presentada por la familia, la agresión ocurrió cuando el grupo regresaba en autobús al colegio después de participar en un torneo de fútbol, pese a que en el vehículo también se encontraban adultos responsables de los estudiantes.
El caso ha generado cuestionamientos públicos por las denuncias de acoso y violencia sexual en centros educativos privados y por las acusaciones de racismo y clasismo vinculadas al Liceo Naval, institución que era administrada por la Marina de Guerra.
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