Presentan denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo por declaraciones sobre un posible “cierre del Congreso”

El titular de la Defensoría, Josué Gutiérrez, indicó en una entrevista que la presidenta Keiko Fujimori podría aumentar su popularidad si anunciaba un cierre del Congreso

La congresista Anali Márquez, de Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso. La denuncia busca su destitución e inhabilitación por 10 años. - Canal N
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La diputada de la bancada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Guriérrez, después de que el funcionario indicara públicamente que la presidenta Keiko Fujimori podría aumentar sus cifras de aprobación si disolviera el Congreso.

La denuncia no solo busca la destitución del titular de la Defensoría del Pueblo, sino que también se inhabilite a Gutiérrez de la función pública por un periodo de 10 años por sus afirmaciones que, según se indica en el documento presentado ante el Congreso, habría infringido los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución Política del Perú.

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“Te voy a decir otra cosa cruda. Si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilo veinte o treinta puntos de su popularidad. No estoy alentando, porque soy un demócrata, creo en los principios”, declaró en la radio Exitosa.

Horas después, el funcionario negó que se tratara de una exhortación a quebrar el orden democrático. Explicó que su comentario buscaba advertir sobre la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones y sobre la posibilidad de que una medida de ese tipo encontrara respaldo precisamente por esa debilidad.

El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, en una foto de archivo. EFE/ Aldair Mejía
El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, en una foto de archivo. EFE/ Aldair Mejía

La respuesta de Gutiérrez

Ante el rechazo de las bancadas y de otros sectores, el defensor del Pueblo respondió que su intervención había sido leída fuera del sentido que quiso darle. “Jamás alentaré ni pediré ni nada por el estilo la disolución de ninguna institución”, afirmó, al definirse como “un demócrata convencido”.

Según su explicación, su advertencia apuntaba a mostrar que un jefe de Estado puede capitalizar políticamente la desconfianza hacia el Congreso. En otra de sus intervenciones, incluso sostuvo que un eventual cierre del Parlamento podría recibir más del 80% de respaldo ciudadano, precisamente por ese desgaste institucional.

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El funcionario también vinculó ese escenario con la necesidad de que las autoridades se concentren en la gestión una vez terminado el proceso electoral previsto para octubre. “Cuando ya termine el momento electoral tenemos que dedicarnos a servir a la población y resolver sus problemas de manera inmediata (...) Hay una anarquía total, nadie hace caso a nadie. Todo es un problema. Entonces, hay que resolverlos. A grandes problemas, grandes soluciones”, dijo.

Gutiérrez agregó que el fenómeno revela un problema de fondo en la convivencia política. Defendió que las instituciones deben fortalecerse para evitar que el rechazo ciudadano al Parlamento termine convirtiendo una ruptura del equilibrio de poderes en una salida atractiva para parte de la población.

Documento impreso con el título Pronunciamiento, texto en español, fecha de Lima del 28 de agosto de 2026, cuatro firmas digitales y cuatro logotipos
Un comunicado oficial firmado por grupos parlamentarios del Senado en Lima rechaza las acciones del Defensor del Pueblo el 28 de agosto de 2026.

La respuesta parlamentaria

Cuatro bancadas del Congreso: Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, emitieron un pronunciamiento conjunto contra Gutiérrez. El texto calificó sus expresiones como “incitaciones golpistas” y anunció medidas desde el fuero parlamentario.

“Como representantes del fuero parlamentario y defensores del orden constitucional, lo comentado por quien debería defender la democracia, es un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes. Desde el fuero del Senado tomaremos acciones dentro del ejercicio de las funciones que nos competen constitucionalmente”, señalaron los voceros Flavio Figallo, Alfonso López Chau, José Mercedes Castillo y Daniel Barragán.

Barragán, senador de Obras, fue más lejos al reclamar la salida inmediata del funcionario. “Yo creo que dentro de él existen actitudes antidemocráticas y eso no lo podemos permitir nosotros en este país, en un país que está tomando un camino democrático”, declaró a RPP.

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