Un proyecto del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) habilita descuentos de hasta 32% en acuerdos por cárteles y permite cerrar otros procedimientos con remedios, aportes económicos y, en determinados supuestos, sin admisión de responsabilidad.
La propuesta ordena los criterios para aplicar los compromisos de cese, un mecanismo que permite concluir de manera anticipada investigaciones por conductas que restringen la competencia. El documento busca ofrecer una alternativa a los procedimientos sancionadores que, según su exposición de motivos, suelen ser complejos, costosos y extensos.
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La medida no implica que los acuerdos de precios, los abusos de posición dominante o las restricciones verticales dejen de estar prohibidos. La autoridad conservará la facultad de rechazar los compromisos cuando considere que las medidas ofrecidas no corrigen los efectos de la conducta o no garantizan una reparación suficiente.
Los cárteles requerirán reconocimiento y un aporte económico
El proyecto establece dos modalidades. Los compromisos Tipo A estarán dirigidos a cárteles, como la fijación de precios, el reparto de clientes, territorios o cantidades, y la coordinación en licitaciones.
Las empresas o personas investigadas bajo esta figura deberán reconocer su participación en los hechos imputados. Además, tendrán que ofrecer medidas correctivas y un aporte económico asociado al propósito de enmienda. En casos que involucren bienes o servicios esenciales, el acuerdo podrá incluir compensaciones directas para consumidores.
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El descuento sobre ese aporte podrá llegar a 32%, de acuerdo con las circunstancias del expediente. El monto se calculará con parámetros similares a los usados para establecer multas, aunque no tendrá formalmente esa naturaleza.
La propuesta busca que el incentivo sea mayor al disponible para quien reconoce los cargos y paga pronto una multa, pero menor que los beneficios previstos por el Programa de Clemencia. De ese modo, Indecopi intenta preservar el atractivo de la colaboración de empresas o personas que entregan información para detectar un cártel.
En abusos de dominio no será obligatorio admitir responsabilidad
Los compromisos Tipo B se aplicarán a casos de abuso de posición dominante, prácticas colusorias verticales y determinadas conductas horizontales sujetas a una evaluación de sus efectos en el mercado.
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En esta vía, el investigado podrá plantear una solución sin reconocer de manera formal su responsabilidad. A cambio, deberá presentar remedios capaces de restablecer las condiciones de competencia, como cambios contractuales, eliminación de cláusulas restrictivas, acceso a información, programas de cumplimiento o monitoreo de sus operaciones.
La exposición de motivos advierte que esta modalidad debe utilizarse de manera selectiva. El texto señala que un uso excesivo de compromisos sin medidas suficientes podría reducir la capacidad de disuasión frente a futuras infracciones y limitar la creación de precedentes públicos sobre las conductas permitidas y prohibidas.
Las compensaciones podrán llegar antes a los afectados
El documento incorpora de forma expresa la posibilidad de que las empresas ofrezcan resarcimientos directos a consumidores, instituciones públicas o entidades sociales. El objetivo es reducir la espera de los afectados hasta la conclusión de procesos administrativos y judiciales.
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Como antecedente, el proyecto menciona un caso en Madre de Dios por una presunta concertación de precios de agua en bidones. Las compañías investigadas ofrecieron la entrega de 1.583 bidones de 20 litros, valorizados en S/ 10 cada uno, a usuarios e instituciones de la región.
Las medidas también podrán incluir el cese inmediato de la práctica, la venta de activos, la modificación de contratos, capacitaciones y fondos administrados mediante fideicomisos para investigación y promoción de la competencia.
El procedimiento tendrá plazos y reserva de la información
Los investigados podrán realizar consultas dentro de los 45 días posteriores a la notificación de cargos. La negociación formal tendrá un plazo de hasta 60 días hábiles, con una extensión excepcional de 20 días.
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Los aportes económicos podrán pagarse entre 12 y 60 cuotas mensuales o entre dos y seis cuotas anuales. El trámite será confidencial hasta la decisión final, aunque Indecopi podrá someter algunos acuerdos a consulta pública cuando tengan impacto amplio en el mercado.
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