El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite una demanda contra la quinta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las normas que, según el Colegio de Abogados de Loreto, permiten un régimen de inmunidad para actividades vinculadas con la minería ilegal.
La acción cuestiona la Ley 32537, que extendió la vigencia del proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, y modificaciones al Código Penal introducidas por el Decreto Legislativo 1695.
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Loreto cuestiona una formalización que se prolonga desde hace más de 24 años
La demanda fue presentada el 30 de junio por el Colegio de Abogados de Loreto, bajo el expediente 0009-2026-PI/TC. El 11 de septiembre, el Tribunal publicó la resolución que admite el proceso y notificó al Poder Ejecutivo y al Congreso para que formulen sus descargos.
El principal cuestionamiento se dirige contra el artículo único de la Ley 32537, que prorrogó por quinta vez el proceso de formalización minera integral.
Para el gremio, un mecanismo creado con carácter transitorio se convirtió en una vía de permanencia para personas que realizan extracción minera sin contar con autorización.
La institución también impugna el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695, que modificó los artículos 307-A y 307-F del Código Penal, referidos al delito de minería ilegal. Según la demanda, esos cambios sostienen un sistema que evita la aplicación de responsabilidades civiles, administrativas y penales a inscritos en el Reinfo.
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¿El registro funciona como una protección frente a sanciones?
El Colegio de Abogados sostiene que permanecer en el registro puede impedir que quienes desarrollan actividad minera fuera de la legalidad enfrenten consecuencias penales.
Su planteamiento apunta a que el Reinfo establece un tratamiento distinto frente al resto de personas y empresas obligadas a cumplir exigencias ambientales, administrativas y judiciales.
En el comunicado difundido por la institución, se afirma que las normas cuestionadas consolidaron un “régimen paralelo” al margen de las bases de un Estado constitucional. El gremio considera que esa situación vulnera el derecho a vivir en un ambiente equilibrado, la salud, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia ambiental.
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Además de pedir que se declare inconstitucional la última prórroga, el recurso solicita que el TC establezca que el proceso de formalización ya no se encuentra vigente. También busca que se eliminen las supuestas inmunidades asociadas al régimen y que otras normas conexas sean invalidadas.
El río Nanay concentra las alertas por el abastecimiento de agua en Iquitos
La demanda pone especial atención en el avance de actividades extractivas en Loreto, sobre todo en la cuenca del río Nanay, fuente de agua para la población de Iquitos. El Colegio de Abogados advierte que la minería ilegal se incrementó en distintas zonas de la región y que la extracción de oro representa un riesgo para el ambiente y la salud pública.
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El gremio sostiene que la falta de fiscalización ambiental y de tecnologías limpias facilita la contaminación de los ríos amazónicos. También vincula esta actividad con una mayor deforestación y con efectos sobre comunidades en situación de vulnerabilidad.
“El Estado no debe avalar a la minería ilegal”, señaló el decano del Colegio de Abogados de Loreto, Erick Salas Barrera, en la nota institucional emitida el 12 de septiembre. El comunicado alerta, además, sobre anuncios que plantean nuevas ampliaciones del Reinfo después de su vencimiento previsto para fines de este año.
Un fallo anterior exhortó a cambiar el régimen de formalización minera
El actual expediente tiene como antecedente la demanda 0017-2023-PI/TC, presentada por el mismo gremio contra una prórroga anterior. En abril de 2025, cuatro magistrados consideraron que correspondía declarar improcedente el caso por sustracción de la materia.
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En minoría, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo Valdez votaron para declarar fundada esa demanda. La resolución incluyó una exhortación al Congreso y al Ejecutivo para aprobar un marco normativo que no contemple exenciones de responsabilidades civiles, administrativas o penales dentro de la formalización minera.
El Colegio de Abogados afirma que esa recomendación no fue atendida y que la nueva prórroga mantiene los efectos cuestionados. El Congreso y el Ejecutivo tendrán 30 días útiles para responder ante el TC, que luego deberá resolver el fondo de la controversia.
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