Propaganda Política y Franja Electoral: Reglas fijadas por el JNE y la ONPE

El domingo 4 de octubre, más de 26 millones de ciudadanos peruanos acudirán a las urnas para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según las cifras oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la jornada permitirá elegir 13.148 autoridades subnacionales para el período gubernamental 2027-2030.

La elección abarca 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores de 196 provincias y más de 1.800 distritos. En este contexto, las reglas sobre propaganda electoral buscan regular la difusión de mensajes de campaña, preservar el orden público y garantizar condiciones equitativas para las agrupaciones políticas.

Horarios y lugares permitidos para la colocación de paneles y afiches políticos

La normativa electoral, administrada por el JNE en coordinación con las ordenanzas municipales, establece reglas para la instalación de propaganda en espacios públicos.

Está prohibido utilizar locales de entidades públicas, centros educativos, iglesias o monumentos declarados patrimonio cultural para colocar afiches o pintar murales.

Los paneles publicitarios, banderolas y carteles solo pueden instalarse en predios privados con autorización expresa del propietario o en áreas urbanas delimitadas por los municipios. Los mítines y caminatas en espacios abiertos también deben respetar los horarios fijados en cada ciudad.

Distribución del espacio en radio y televisión financiado mediante la Franja Electoral (ONPE)

La ley prohíbe la contratación privada de publicidad electoral en radio y televisión. La medida busca evitar el ingreso de fondos de origen ilícito y asegurar un acceso equitativo de las organizaciones políticas a los medios.

La ONPE administra y financia la Franja Electoral mediante fondos públicos asignados a los partidos y movimientos regionales inscritos.

Cada organización utiliza el presupuesto adjudicado a través de un catálogo oficial de medios proveedores. El sistema contempla espacios en radio y televisión para que las candidaturas difundan sus propuestas programáticas.

Retiro obligatorio de propaganda política antes de las elecciones por el JNE

La Ley Orgánica de Elecciones establece un “periodo de silencio electoral” desde 48 horas antes de la jornada de votación.

Durante ese lapso, el JNE fiscaliza la prohibición de realizar actos de proselitismo, difundir propaganda en medios masivos y organizar reuniones públicas vinculadas a la campaña.

Las agrupaciones políticas y sus militantes deben retirar o neutralizar los afiches, carteles, paneles y banderolas ubicados a menos de 100 metros de los locales de votación. Los fiscalizadores del JNE recorren las calles para verificar el cumplimiento de la norma y sancionar a las organizaciones infractoras.

Multas por propaganda en la vía pública y control de la publicidad digital

Las municipalidades provinciales y distritales pueden imponer multas a las organizaciones políticas que dañen infraestructura pública o ensucien la vía pública con afiches colocados en postes, semáforos o muros.

Tras el cierre de la campaña, los partidos deben retirar todo su material publicitario dentro del plazo establecido por las normas municipales. Si no lo hacen, las autoridades locales pueden ejecutar el desmontaje y trasladar el costo a la organización sancionada.

Regulación de la publicidad política pagada en redes sociales durante la campaña

El JNE y la ONPE también monitorean la publicidad política pagada en redes sociales e internet. Las agrupaciones y sus candidatos deben informar los montos destinados a pauta digital en sus reportes de financiamiento de campaña.

Plataformas como Meta y Google deben reportar los anuncios contratados con fines políticos. El objetivo es que la fiscalización electoral identifique el origen de los recursos utilizados y verifique el cumplimiento de las normas sobre financiamiento.

El sistema electoral también supervisa que los contenidos difundidos en internet no utilicen recursos públicos no autorizados ni vulneren las reglas establecidas para la campaña.