Feminicidios en Perú: 67 víctimas en seis meses y casos que siguen sin justicia por fugas, demoras y decisiones judiciales pendientes

En Perú, los feminicidios registrados durante 2026 vuelven a poner bajo atención la capacidad del sistema de justicia para ubicar a los responsables y garantizar procesos efectivos. Durante el primer semestre se contabilizaron 67 casos, de acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer. El registro representa una frecuencia de una muerte cada tres días por este delito.

El problema no se limita al número de víctimas. Existen investigaciones en las que los principales sospechosos permanecen prófugos durante años, pese a órdenes de captura y recompensas ofrecidas por el Estado. Otros expedientes enfrentan retrasos, procesos anulados o decisiones judiciales que permiten la libertad de investigados.

Los casos recogidos por Punto Final muestran situaciones distintas dentro de un mismo problema. En algunos expedientes, los sospechosos abandonaron el país antes de que las autoridades solicitaran medidas judiciales. En otros, las investigaciones demoraron varios años antes de llegar a una acusación. También existen familias que continúan sin encontrar los cuerpos de sus parientes.

El Ministerio de la Mujer reportó más de 130 feminicidios durante 2025. A esta cifra se suma el seguimiento de casos que permanecen sin resolución efectiva, con familias que continúan a la espera de capturas, sentencias o respuestas sobre el paradero de las víctimas.

Lucía Bravo: más de un año sin captura

Lucía Graciela Bravo López tenía 21 años y estudiaba Psicología en Ayacucho. En abril de 2025, su cuerpo fue encontrado en un descampado con una herida provocada por un disparo. El principal sospechoso es su expareja, Erasmo Aguilar Cordero.

El caso incluye antecedentes de maltrato y amenazas referidos por el padre de la joven. Según su testimonio, Lucía decidió alejarse de su expareja y pasó a vivir con él. El Estado fijó una recompensa de 30 mil soles por información que permita la captura del sospechoso.

Más de un año después del crimen, Aguilar Cordero continúa sin ser capturado. El padre de Lucía sostiene que recibió información sobre su posible ubicación en el Vraem y viajó hasta esa zona en noviembre de 2025 con la intención de localizarlo.

Otro expediente corresponde a Erika Valdez Esposito, asesinada en Comas en 2022. Su expareja, Richard Montoya, es señalado como responsable de golpearla y atropellarla en plena vía pública. Existe una recompensa de 50 mil soles por información sobre su paradero, pero el investigado continúa prófugo.

En Arequipa, el caso de Deysi Flores también permanece pendiente. La mujer fue asesinada en 2018 por el ciudadano estadounidense Tony Perales, quien, según el material del caso, confesó el crimen. La Fiscalía dejó vencer la prisión preventiva y el investigado continúa libre ocho años después. El Estado ofrece 20 mil soles por información que permita localizarlo.

Un registro que supera los 30 prófugos

El programa estatal de recompensas incluye a hombres buscados por feminicidio o como presuntos responsables de este delito. Según los especialistas citados en el informe, la cantidad supera los 30 casos.

Otra intervención del mismo informe precisa que el número de personas requisitoriadas por feminicidio es mayor que el grupo incluido dentro del programa de recompensas. Esto evidencia una diferencia entre los casos con recompensa pública y el universo total de personas buscadas por este delito.

Pilar Antezana Pomabualca desapareció de su vivienda en Ayacucho el 4 de agosto de 2022 después de una discusión con su esposo, Félix Coaquira. Desde entonces, su cuerpo no fue encontrado.

En abril de 2025, una sala judicial condenó a Coaquira a 24 años y siete meses de prisión. La defensa apeló la decisión y otra sala anuló la sentencia, por lo que se ordenó repetir el juicio.

La ausencia del cuerpo de Pilar constituye uno de los principales puntos del expediente para su familia. La hermana de la víctima explicó que la anulación de la sentencia impidió cerrar el proceso judicial y prolongó la espera de una decisión definitiva.

Claudia Sedano sobrevivió al ataque y el agresor sigue libre

Claudia Sedano fue atacada el 23 de diciembre de 2023 cuando intentó auxiliar a una joven que sufría una agresión por parte de su pareja, Héctor David Gómez. El ataque provocó lesiones neurológicas severas y una pérdida de memoria que modificó su vida cotidiana.

Gómez salió del Perú pese a una orden de captura y llegó a Venezuela. Allí fue detenido por otro delito. En abril de 2026, la justicia venezolana rechazó su entrega al Perú. Según el material proporcionado, actualmente permanece libre en ese país.

La situación de Sedano también afecta a su familia. Su hija Marieta, de 18 años, asumió su cuidado y el sustento de su madre y de una hermana.

Blanca Lara y una orden de prisión preventiva que llegó tarde

Blanca Reina Lara tenía 20 años y viajó con destino a Lima para visitar a su familia en octubre de 2024. Nunca llegó a su destino. Sus restos fueron encontrados dentro de un contenedor de basura y su identidad pudo establecerse mediante un tatuaje.

El principal sospechoso es su pareja, Pablo Valencia Román. En noviembre de 2025 salió hacia Bolivia. La familia utilizó información de geolocalización de su teléfono para solicitar medidas contra él.

La orden de prisión preventiva llegó recién en junio de 2026. El material del caso señala que el sospechoso salió del país en un periodo muy inferior al tiempo que tomó al Estado solicitar su captura.

Leslie Vicente: una investigación que llegó a la acusación después de casi seis años

Leslie Valeria Vicente Félix tenía 19 años y estudiaba Ingeniería Civil en Tingo María. El 15 de julio de 2020 fue encontrada muerta en la habitación que alquilaba.

En un primer momento, sus familiares recibieron la versión de un suicidio. La necropsia estableció después que presentaba tres heridas de arma blanca en la espalda, golpes en el rostro y cortes en el cuello.

La Fiscalía investigó el caso durante casi seis años. En abril de 2026 acusó a dos hombres: un suboficial de la Policía y su padre. Ambos afrontan el proceso en libertad.

El principal sospechoso recibió prisión preventiva por nueve meses, pero esa medida terminó en junio de 2026 y el juez dispuso su libertad. La familia continúa a la espera de una resolución judicial sobre el caso.

El caso de Elvira Malki permanece en investigación

Elvira Malki, enfermera de 30 años, llegó a Lima desde otra región y residía en Santa Anita. En marzo de 2026 fue encontrada sin vida en el cuarto que alquilaba.

Una vecina escuchó un pedido de auxilio durante la noche del crimen. Seis meses después, según el material proporcionado, la investigación todavía recogía las primeras declaraciones de vecinos y del propietario del inmueble. No existía ningún detenido.

El caso se suma a otros expedientes en los que las familias reclaman avances concretos y temen que el paso del tiempo termine por extender aún más las investigaciones.