La pesca de pota agoniza: más de 9 mil embarcaciones operan sin control y hunden los precios ante inacción del Estado

La pesca de pota atraviesa una contradicción que golpea a la cadena artesanal: mientras el Estado amplía las cuotas de captura ante una mayor disponibilidad del recurso, la falta de control sobre las embarcaciones que ingresan a la actividad agrava la sobreoferta y reduce el precio que reciben los pescadores. El resultado es una pesquería con más volumen autorizado, pero con menores ingresos para quienes dependen de cada faena.

La Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal) sostiene que las decisiones sobre apertura, suspensión y ampliación de la pesca de pota no han estado acompañadas por un ordenamiento efectivo de la flota.

El gremio cuestiona que cualquier embarcación con permiso para pesca destinada al consumo humano directo pueda ingresar a la captura de calamar gigante, aun si antes se dedicaba a otros recursos.

La presidenta de Sonapescal, Elsa Vega, afirmó que el problema se profundizó tras la temporada de 2025, cuando la pota se acercó a la costa y alcanzó precios de hasta S/11 por kilo.

Esa situación habría atraído a naves que no formaban parte de la flota potera tradicional. “Ahora estamos pescando más de 9.000 embarcaciones”, señaló. Según la dirigente, antes participaban entre 4.500 y 5.000 naves.

Produce elevó la cuota anual a 709.659 toneladas

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) amplió el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) de pota para 2026 hasta 709.659 toneladas, tras incorporar una cuota adicional de más de 82 mil toneladas mediante la Resolución Ministerial N.° 00304-2026-PRODUCE, a fines de afgosto.

La decisión llegó después de una secuencia de suspensiones, reaperturas y ampliaciones que generó incertidumbre entre los pescadores. Vega indicó que una resolución dispuso la suspensión de la captura y que luego el sector tuvo que rectificar la medida para permitir la actividad.

Para Sonapescal, la ampliación de la cuota requiere controles sobre la cantidad de embarcaciones, sus capacidades de carga, las faenas realizadas y los desembarques.

El gremio no cuestiona que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) produzca información sobre la disponibilidad del recurso, pero sostiene que los informes científicos deben traducirse en reglas para administrar la actividad.

“¿Qué te sirve que esté bueno si todo el mundo hace un desorden?”, cuestionó Vega. La dirigente planteó que, al igual que otras pesquerías, la pota debe contar con una relación definida de embarcaciones autorizadas.

La sobreoferta llevó el precio de S/11 a S/2,10

La mayor presencia de embarcaciones habría elevado los desembarques en un mercado cuya capacidad de procesamiento y comercialización no creció al mismo ritmo. Para los pescadores, el efecto se refleja en el precio que pagan las plantas.

“Hoy está a S/2,10 en planta”, afirmó Vega. De acuerdo con su testimonio, el pescador recibe entre S/1 y S/1,30 por kilo, frente a los S/11 que la pota alcanzó durante 2025. La diferencia afecta la rentabilidad de las faenas, sobre todo en un escenario de costos más altos.

La dirigente afirmó que la tonelada de hielo pasó de S/100 a S/260. También mencionó que el combustible cuesta S/27, aunque no precisó la unidad de medida. Con una cotización menor para el recurso y mayores gastos para conservarlo y transportarlo, el margen del pescador se reduce.

El gremio pide cerrar el ingreso de nuevas embarcaciones

Sonapescal reclama que Produce cree un padrón de la flota que pesca pota, exija el uso del Sistema de Seguimiento Satelital para Embarcaciones Pesqueras (Sisesat) y refuerce la fiscalización en el mar, los puertos, el transporte y las plantas de procesamiento.

Vega denunció que existen embarcaciones sin monitoreo satelital y alertó que algunas podrían transportar más volumen del que declaran en sus registros. También expresó preocupación por posibles capturas no declaradas, una afirmación que requiere ser respondida por las autoridades competentes.

“No hay un control efectivo”, sostuvo la presidenta de Sonapescal. Su propuesta es impedir la entrada de nuevas naves mientras se identifica a las que ya participan en la pesquería y se determina su capacidad real de captura.

El debate coincide con los fallidos proyectos de ley que buscaron este año, desde el Congreso, reabrir el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal II (Siforpa II) para reincorporar a cerca de 2.000 embarcaciones que quedaron fuera del proceso.

Para el gremio, incorporar más naves sin resolver el desorden actual podría elevar la presión sobre la pota, profundizar la caída de precios y debilitar a una cadena productiva de la que dependen pescadores, armadores, comerciantes y trabajadores de plantas.