Diputado Harvey Colchado propone recortar pensión a congresistas que fueron policías y militares que cobren “doble sueldo”

El diputado Harvey Colchado, representante de Ahora Nación, anunció la presentación de un proyecto de ley para suspender parcialmente o la totalidad de las pensiones de militares y policías retirados que ocupen cargos de elección popular y cobren un doble ingreso por parte del Estado: un sueldo por el cargo que ocupan y otro por la pensión correspondiente a sus servicios en la Policía Nacional del Perú o las Fuerzas Armadas.

La iniciativa, según indicó el parlamentario, busca impedir que esos funcionarios acumulen sin límite su sueldo y su jubilación, un beneficio vigente desde mayo de 2022.

La medida alcanzaría a cualquier cargo de elección popular, como diputados, senadores, gobernadores regionales, alcaldes, consejeros y regidores. Solo al momento en el que estos dejen los cargos para los que fueron elegidos por los ciudadanos, los beneficiarios podrían recuperar la totalidad de su pensión, de acuerdo con el planteo del legislador de Ahora Nación.

El proyecto modifica la Ley 31473 para que la pensión se suspenda en la parte que, sumada al salario del cargo público, exceda el tope remunerativo previsto por el Decreto de Urgencia 038-2006. Si la remuneración del puesto electivo ya llega a ese máximo, la jubilación quedaría suspendida por completo durante el período de funciones.

Colchado afirmó que su propuesta también lo comprende: “Presenté el proyecto de ley que acaba con el privilegio del ‘doble sueldo’ para militares y policías en retiro que llegan a cargos por voto popular. Sí, a mí también me alcanza. No le quitamos a nadie la pensión ganada con años de servicio. Mientras ejerzan el cargo, se suspende lo necesario para respetar el tope legal. Al terminar, la recuperan completamente. Aplica a diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, consejeros y regidores. Servir al país es un HONOR, no un privilegio”.

El doble ingreso fue habilitado en 2022

La Ley 31473 permitió que pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú percibieran simultáneamente su jubilación y una remuneración pública sin el límite que rige para otros funcionarios.

La norma se originó en una iniciativa presentada en 2021 por la excongresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, entonces presidenta del Congreso, que además fue parte de la Comisión de Defensa Nacional que presidía el también excongresista José Williams, quien además fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El legislador sostiene que esa excepción se apartó de su propósito inicial, que era facilitar la incorporación de militares y policías retirados a labores técnicas o administrativas del Estado. A su juicio, los cargos obtenidos por voto popular no responden a un perfil técnico ni generan una relación de subordinación con el Estado.

La propuesta de Colchado también menciona la pérdida de credibilidad del Parlamento. Una encuesta de Ipsos realizada en julio de 2025 registró una desaprobación de 89% hacia los congresistas y de 96% hacia la presidenta de la República; el proyecto vincula esos resultados con la percepción de un manejo poco transparente de los recursos públicos.

Denuncia archivada y proyecto rechazado en el Congreso

La Fiscalía de la Nación presentó en enero de 2025 una denuncia constitucional contra 11 legisladores que integraron la Comisión de Defensa durante el período 2021-2022. El Ministerio Público les atribuyó presunta negociación incompatible por haber impulsado el dictamen que permitió a cinco de sus colegas cobrar ambos ingresos sin límite.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia en marzo de 2025. José Cueto, quien es exalmirante de la Marina y fue congresista en el periodo parlamentario en el que se aprobó esta norma, la defendió.

Ese mismo año, el congresista Héctor Valer propuso eliminar la excepción que permite a pensionistas de las fuerzas del orden superar el tope de seis Unidades de Ingreso del Sector Público. La iniciativa fue rechazada por legisladores beneficiados, mientras Alfredo Azurín calificó esos ingresos como “intocables” y acusó al Ministerio Público de cometer un “atropello” contra el Congreso.