La violencia criminal está alcanzando cada vez a más menores de edad en el Perú. Algunos adolescentes son víctimas directas de homicidios, mientras otros son captados por organizaciones delictivas y terminan involucrados en actividades criminales. Las cifras oficiales muestran la dimensión de esta problemática: 67 adolescentes de entre 12 y 17 años fueron asesinados hasta el 23 de agosto de 2026, según registros del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) analizados por el especialista en datos Juan Carbajal.
De acuerdo con la información difundida por Latina Noticias, 46 de estos homicidios fueron provocados por proyectiles de arma de fuego, lo que evidencia la creciente exposición de los menores a una violencia cada vez más letal. Carbajal señaló que, al comparar los primeros ocho meses de 2026 con el mismo periodo del año anterior, ya se observa un incremento de los homicidios de adolescentes cometidos con armas de fuego.
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El escenario resulta especialmente preocupante porque el número de adolescentes asesinados en menos de ocho meses de 2026 ya superó el total registrado durante todo 2024 y se acerca a los 88 homicidios contabilizados durante 2025.
Armas de fuego, principal factor de letalidad
Los datos del Sinadef permiten identificar el papel que tienen las armas de fuego en los homicidios de menores. De los 67 adolescentes asesinados hasta el 23 de agosto, 46 murieron por proyectiles de arma de fuego, es decir, cerca de siete de cada diez casos.

Para Juan Carbajal, esta tendencia podría continuar durante los últimos meses del año. Si los homicidios mantienen el ritmo registrado hasta agosto, el 2026 podría cerrar con una cifra superior tanto en el número total de adolescentes asesinados como en aquellos casos en los que el arma de fuego fue el agente causal.
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“Si esto sigue su tendencia, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es muy probable que lamentablemente el 2026 también supere, no solo en la cantidad total de homicidios de adolescentes, sino también en cuanto al agente causal”, explicó el analista.
La situación expone a adolescentes que, por su edad, deberían encontrarse principalmente vinculados a sus estudios, su entorno familiar y la construcción de sus proyectos personales, pero que terminan siendo alcanzados por la violencia asociada a la delincuencia.
Menores captados por organizaciones criminales
El problema, sin embargo, no se limita a los adolescentes que terminan como víctimas de homicidio. Paralelamente, existe una preocupación creciente por los menores de edad que son captados para participar en actividades delictivas.
Un caso registrado durante una intervención policial evidencia hasta qué punto puede llegar esta problemática. Durante el operativo, un menor manifestó tener 9 años de edad y estar próximo a cumplir diez. Al ser interrogado por un agente policial sobre lo ocurrido, respondió que él y otras personas querían asaltar un bus.
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El caso pone nuevamente sobre la mesa la utilización de menores en actividades criminales y la exposición temprana de niños y adolescentes a entornos donde la violencia y el delito pueden convertirse en parte de su vida cotidiana.
Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdez, uno de los factores que agrava este escenario es la disponibilidad de armas de fuego que circulan fuera de los mecanismos formales de control.
“El problema no es el registro formal, el problema es lo informal. El problema es las armas que entran de contrabando”, sostuvo.
Falta de oportunidades y entornos violentos
La incorporación de menores a actividades delictivas no puede analizarse únicamente desde el momento en que cometen una infracción. Según Valdez, existen condiciones previas que pueden incrementar su vulnerabilidad frente a las organizaciones criminales.
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Entre ellas se encuentran las deficiencias en el cuidado familiar, problemas educativos, dificultades en el acceso a la salud, deserción escolar, falta de oportunidades y el contacto temprano con actividades delictivas.
“Tenemos muchas desventajas para este menor de edad que tiene deficiencias, que tiene que afrontar deficiencias en el cuidado, deficiencias en la educación, deficiencias en la salud”, explicó el exviceministro.
Desde esta perspectiva, la prevención de la violencia juvenil requiere intervenir antes de que un menor entre en contacto con una organización criminal o llegue al sistema de justicia.
La ausencia de redes de protección, las dificultades económicas y sociales y la exposición permanente a entornos violentos pueden generar condiciones aprovechadas por estructuras criminales para captar a niños y adolescentes.
¿Los centros de rehabilitación realmente rehabilitan?
Otro de los puntos cuestionados por el especialista es la capacidad del Estado para evitar que los adolescentes que ingresan al sistema de justicia continúen una trayectoria delictiva.
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Una vez que un menor comete una infracción y entra al sistema de justicia juvenil, los centros de rehabilitación deberían contribuir a su reinserción social y evitar que vuelva a involucrarse en actividades delictivas. Sin embargo, Valdez cuestionó que actualmente estas instituciones estén cumpliendo adecuadamente con esa función.
“¿Realmente rehabilitan? ¿Realmente están orientados a generar un proceso de reconversión del menor de edad? Y yo adelanto la respuesta y es no”, afirmó.
Para enfrentar este problema, Valdez sostuvo que las acciones no deberían concentrarse únicamente en las instituciones vinculadas con la seguridad y la justicia.
El exviceministro recordó que la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana contempla la participación de diferentes sectores del Estado. En ese sentido, consideró necesario que instituciones vinculadas con la salud y la educación también intervengan en la prevención de la violencia, además del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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La lógica es intervenir sobre las causas que incrementan la vulnerabilidad de los menores y no actuar únicamente cuando el adolescente ya fue víctima de un delito o ingresó al sistema de justicia.
Violencia contra menores también afecta a América Latina
La situación peruana forma parte de un problema más amplio en América Latina y el Caribe. Un informe elaborado por UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reveló que entre 2015 y 2022 53.318 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en América Latina y el Caribe.
Los organismos internacionales han advertido que, en determinadas zonas de la región, la violencia armada está vinculada con factores como el crimen organizado, el fácil acceso a armas de fuego y las desigualdades sociales.
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El panorama revela así dos problemas que avanzan de manera paralela. Por un lado, adolescentes que están muriendo víctimas de la violencia criminal; por otro, menores que son incorporados progresivamente a entornos delictivos y pueden terminar participando en actividades de organizaciones criminales.
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