Tributos que no aparecen: 7 de cada 10 empresas en Perú sienten que pagan a Sunat más de lo que reciben del Estado

Las pequeñas y medianas empresas de Perú identifican a la fiscalización tributaria como uno de los principales obstáculos en su relación con el Estado.

El 69% señala a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) como la entidad cuyos controles tienen el mayor impacto negativo sobre sus operaciones, según un estudio de Ipsos Perú elaborado por encargo de ComexPerú.

Los cambios de criterio elevan la incertidumbre durante las auditorías

El problema no se limita a la frecuencia de los controles. El 40% de las pymes encuestadas considera que la fiscalización de la Sunat tiene un enfoque principalmente sancionador, mientras que el 88% advierte cambios frecuentes en los criterios o interpretaciones de los fiscalizadores.

Patricia Rojas, directora sénior de Asuntos Públicos de Ipsos Perú, afirmó que la falta de predictibilidad puede encarecer el cumplimiento de las obligaciones. “Una fiscalización poco predecible eleva los costos de cumplimiento y puede terminar convirtiéndose en una barrera adicional para crecer dentro de la formalidad”, sostuvo.

La encuesta nacional se realizó entre enero y febrero de 2026 entre responsables y propietarios de 1.004 empresas formales. La muestra incluyó 594 microempresas, 171 pequeñas y medianas empresas y 239 grandes compañías de distintas zonas del país.

El rival va “mutando” a medida que crece la empresa, según Comex

El manejo de fiscalizaciones o inspecciones es la gestión estatal más problemática para el 45% del total de firmas consultadas. La percepción se acentúa entre las grandes empresas: el 82% identifica las auditorías y fiscalizaciones como su principal dificultad frente al aparato estatal.

En ese segmento, el 47% señala que los inspectores de la Sunat modifican sus criterios con frecuencia durante los procesos de auditoría. El 49% de las grandes empresas fiscalizadas por la entidad considera, además, que los controles privilegian las sanciones antes que la orientación al contribuyente.

Las dificultades cambian según la dimensión de la compañía. Las microempresas sitúan a las municipalidades como la instancia de fiscalización que más las afecta, con 73% de menciones. En las firmas de mayor tamaño, en cambio, la preocupación se concentra en la Sunat y en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

El 69% de las grandes empresas declaró haber atravesado al menos una auditoría o inspección durante los últimos 12 meses, frente al 36% registrado entre las microempresas. “El rival va mutando a medida que crecen las empresas”, dijo Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú.

¿Para qué pago? Aportes son percibidos como superiores a beneficios

La evaluación crítica sobre las fiscalizaciones se suma a un malestar más amplio respecto de los servicios públicos. El 77% de las pymes considera que sus aportes al Estado superan los beneficios que recibe a cambio. En el conjunto de empresas formales, esa percepción alcanza al 74%.

Los cuestionamientos abarcan los servicios vinculados a EsSalud, los costos de contratación formal y la repetición de trámites. Entre las grandes empresas, el 80% califica como mala o muy mala la capacidad estatal para cruzar información y evitar solicitudes duplicadas.

El estudio también registra barreras laborales. El 68% de las grandes compañías identifica las restricciones legales para desvincular personal por bajo desempeño como su principal problema en ese ámbito. A ello se añade que el 26% declaró que le solicitaron un pago informal o una coima en al menos una entidad pública durante el último año.

ComexPerú propone una formalidad con reglas más previsibles

Para Jaime Dupuy, el desafío de la formalización de los contriubyentes en todo el tejido empresarial exige revisar las condiciones que enfrentan las empresas después de ingresar al sistema.

“No deberíamos preguntarnos solo por qué una empresa permanece en la informalidad. También debemos preguntarnos qué ocurre cuando una empresa decide ser formal”, señaló.

La organización plantea una “Nueva Formalidad” orientada a reducir los costos administrativos y a establecer criterios previsibles en las fiscalizaciones. Dupuy sostuvo que el Estado debe ampliar la base de contribuyentes sin concentrar sus esfuerzos solo en quienes ya cumplen con sus obligaciones.