El Estado peruano deberá devolver cerca de USD 200 millones a SMM Cerro Verde Netherlands B.V., filial de la japonesa Sumitomo Metal Mining, tras un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por una controversia tributaria vinculada a la mina Cerro Verde, en Arequipa. El monto incluye USD 160 millones de capital y alrededor de USD 40 millones por intereses.
El reclamo se originó en acotaciones tributarias de 2005 y 2007
La demanda fue presentada por SMM Cerro Verde Netherlands B.V., accionista de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., y no por la compañía minera de forma directa. La firma posee el 21% de la operación, una de las principales productoras de cobre de Perú, mientras que el resto de la participación pertenece principalmente a Freeport-McMoRan y Compañía de Minas Buenaventura.
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El conflicto se remonta a obligaciones que fueron determinadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) sobre la operación de Cerro Verde. Las acotaciones corresponden a 2005 y 2007, en un proceso que se extendió durante cerca de dos décadas entre instancias nacionales e internacionales.
Cerro Verde suscribió en 1998 un convenio de estabilidad jurídica y tributaria con el Estado peruano. La empresa sostuvo que ese acuerdo mantenía determinadas condiciones fiscales para sus inversiones, entre ellas las relacionadas con el concentrador que comenzó a operar en 2006 tras una inversión cercana a USD 850 millones.
El Ciadi validó el tributo, pero cuestionó las multas y los intereses
El tribunal arbitral coincidió con la interpretación de la normativa tributaria que sostuvo el Estado peruano respecto del pago principal. La decisión, sin embargo, cuestionó la aplicación de multas e intereses moratorios sobre la deuda.
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“El Ciadi ha revisado el problema concreto de esta compañía minera y, si bien ha coincidido con la interpretación del alcance de la ley que le dio la autoridad tributaria peruana, sí ha cuestionado que se le exija adicional al tributo el pago de multas e intereses”, dijo una fuente para Infobae Perú.
La posición expuesta por la defensa de la empresa es que las autoridades indujeron a la compañía a un error por cambios de criterio respecto de la aplicación de las obligaciones fiscales. En ese contexto, la controversia no recae sobre el tributo principal, sino sobre los cargos adicionales que se acumularon con el paso de los años.
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Las multas y los intereses moratorios representaban cerca de dos tercios de la deuda total. Esos conceptos crecieron durante el tiempo que duró el litigio, lo que elevó la cifra que ahora deberá asumir el Estado.
Sumitomo había efectuado los pagos bajo protesta
La devolución se vincula con pagos que la empresa realizó bajo protesta durante la disputa. Con el laudo favorable, el Estado deberá restituir el capital pagado y los intereses correspondientes a Sumitomo, como inversionista que inició el arbitraje al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y Países Bajos.
El procedimiento ante el Ciadi habría comenzado alrededor de 2019. La duración del caso refleja la complejidad de un reclamo que tuvo como antecedente procesos tributarios locales y que luego pasó a la jurisdicción internacional prevista para controversias de inversión.
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En paralelo, Freeport presentó un arbitraje distinto contra Perú por obligaciones vinculadas con Cerro Verde. Ese proceso tuvo un desenlace diferente: en mayo de 2024, el tribunal rechazó los reclamos de la empresa estadounidense.
Perú enfrenta al menos cuatro procesos ante el Ciadi vinculados con asuntos tributarios de grandes compañías. Entre los casos públicos mencionó los arbitrajes de Telefónica, Backus y Cerro Verde.
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