La familia de Bruno Medina Zúñiga vuelve a enfrentarse a uno de los momentos más difíciles desde la muerte del joven: después de más de dos años de investigaciones y un proceso judicial que todavía no llega a una sentencia, las dos mujeres investigadas por su muerte podrían recuperar su libertad luego de que se rechazara la extensión de la prisión preventiva.
Bruno tenía 25 años, era ingeniero mecánico y tenía una vida profesional que recién comenzaba cuando murió tras una noche de diversión en Miraflores. Según la investigación policial y fiscal, él y otros jóvenes fueron drogados con sustancias sedantes que habrían sido colocadas en sus bebidas. La hipótesis de las autoridades sostiene que el objetivo era dejarlos inconscientes para robarles sus pertenencias.
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El caso terminó con la muerte de Bruno y con la detención de Jocelyn Díaz Rodríguez y Alicia Manayay Reyes, investigadas por el delito de robo agravado con subsecuente muerte.
Ahora, mientras el proceso continúa, la familia teme que el tiempo transcurrido termine jugando a favor de las investigadas.
Más de dos años después, el caso sigue sin sentencia
La muerte de Bruno ocurrió en marzo de 2024. Desde entonces, sus padres han tenido que atravesar un proceso judicial que, según denuncian, ha sufrido cambios y retrasos.
Las dos investigadas recibieron inicialmente 18 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público había presentado ante el Poder Judicial diversos elementos de convicción para sustentar la medida, entre ellos registros de cámaras de seguridad y movimientos posteriores realizados con las tarjetas bancarias de las víctimas. (RPP Noticias)
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En noviembre de 2025, cuando se aproximaba el vencimiento de la prisión preventiva, la familia de Bruno ya expresaba públicamente su preocupación ante la posibilidad de que las mujeres recuperaran su libertad. En ese momento, el padre del joven, Richard Medina, cuestionó que las investigadas pudieran salir mientras su hijo solo podía ser visitado en el cementerio.
Ahora, de acuerdo con la información proporcionada por la familia, la solicitud para extender la prisión preventiva fue rechazada.
La decisión vuelve a poner el caso bajo los reflectores y abre una pregunta que los padres de Bruno llevan meses formulando: ¿qué ocurrirá con las investigadas mientras el proceso todavía no concluye?
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La preocupación de la familia no se limita a la posibilidad de que puedan recuperar su libertad. También cuestionan el desarrollo del proceso y los cambios que, según su testimonio, se han producido durante estos meses.
En el material difundido por sus familiares, aseguran que en menos de un año han pasado por el caso tres fiscales y tres jueces. También denuncian dificultades durante las audiencias y cuestionan que algunas diligencias hayan tenido que ser reprogramadas.
Para ellos, cada cambio representa más tiempo de espera.
Y para una familia que perdió a un hijo de apenas 25 años, el paso del tiempo no significa que el dolor disminuya.
¿Qué ocurrió con Bruno Medina?
La historia comenzó durante la madrugada del 16 de marzo de 2024, cuando Bruno salió con compañeros de trabajo a divertirse en Miraflores.
El joven era ingeniero mecánico recién egresado y realizaba prácticas profesionales. Aquella noche se encontraba junto a su jefe y otros amigos.
Las cámaras de seguridad registraron parte de los movimientos del grupo en el Paseo San Ramón, conocido anteriormente como la Calle de las Pizzas. En esas imágenes también aparecen las dos mujeres que posteriormente serían investigadas por el caso.
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Después de conocerse, el grupo terminó trasladándose al departamento de uno de los jóvenes.
De acuerdo con la hipótesis policial, fue allí donde las mujeres habrían colocado sustancias sedantes en las bebidas de los jóvenes con la finalidad de dejarlos inconscientes y apoderarse de sus objetos personales.
La modalidad es conocida en Perú como ‘pepeo’ y consiste en suministrar sustancias a una persona, generalmente sin su conocimiento, para reducirla o dejarla inconsciente y posteriormente robarle sus pertenencias.
En el caso de Bruno, la situación terminó de manera fatal.
El joven sufrió un edema cerebral después de ingerir las sustancias mezcladas con alcohol y murió. Uno de sus acompañantes también quedó afectado por el sedante y no pudo auxiliarlo.
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La investigación determinó además que, después de abandonar el departamento, las mujeres se llevaron celulares, billeteras y tarjetas bancarias de las víctimas.
Posteriormente, algunas de las tarjetas fueron utilizadas para realizar compras.
Estos movimientos, junto con las imágenes de las cámaras de seguridad, se convirtieron en elementos importantes para la investigación que permitió identificar a las sospechosas. En junio de 2024, la Policía había logrado ubicar y detener a Jocelyn Díaz Rodríguez y Alicia Manayay Reyes, señaladas como presuntas responsables de drogar al grupo.
La investigación que terminó con dos detenidas
La detención de las dos mujeres ocurrió después de varias semanas de investigación.
La Policía siguió sus movimientos y utilizó registros de cámaras y otras evidencias para establecer su identidad y ubicación.
El caso generó gran impacto porque no se trataba solamente de un robo mediante la modalidad del ‘pepeo’: uno de los jóvenes había muerto.
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El Ministerio Público consiguió entonces que ambas investigadas afrontaran el proceso bajo prisión preventiva durante 18 meses. La imputación estuvo relacionada con el delito de robo agravado con subsecuente muerte.
La Fiscalía sustentó la medida con diferentes elementos de convicción, entre ellos las imágenes de seguridad y registros relacionados con el uso de las tarjetas de las víctimas.
Sin embargo, una prisión preventiva no equivale a una condena. Las dos mujeres continúan siendo investigadas y corresponde al Poder Judicial determinar su responsabilidad penal mediante una sentencia.
Ese es precisamente el punto que preocupa actualmente a los padres de Bruno: el proceso aún no termina y la medida que mantenía a las investigadas privadas de libertad ya no tendría la extensión solicitada por el Ministerio Público, según denuncia la familia.
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“Solo queremos justicia”
Para los padres de Bruno, el caso no es un expediente más.
Es la historia de un hijo que tenía 25 años, una carrera profesional por delante y proyectos personales que quedaron truncos.
Su padre ha expresado en anteriores oportunidades el dolor que significa que las investigadas puedan recuperar su libertad mientras él solo puede visitar a Bruno en un cementerio.
La familia sostiene que no busca recuperar aquello que perdió —porque sabe que ninguna decisión judicial puede devolverles a Bruno—, sino obtener una respuesta de la justicia.
Ese reclamo se ha mantenido desde el inicio del proceso.
Ahora, con el rechazo a la extensión de la prisión preventiva, la preocupación vuelve a crecer.
La familia teme que las investigadas puedan quedar en libertad antes de que exista una sentencia y que el proceso continúe prolongándose.
Tres fiscales y tres jueces, según denuncia la familia
Otro de los cuestionamientos que plantean los familiares está relacionado con los cambios registrados durante el proceso.
Según el testimonio difundido por la familia de Bruno, en menos de un año el caso habría pasado por tres fiscales y tres jueces.
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También cuestionan las dificultades registradas durante algunas audiencias y la ausencia de determinados participantes en las diligencias.
Para los familiares, estos cambios y reprogramaciones han contribuido a prolongar un proceso que comenzó hace más de dos años.
La decisión sobre qué ocurrirá ahora corresponde al Poder Judicial.
Una familia que sigue esperando el final del caso
La muerte de Bruno Medina no quedó en marzo de 2024.
Para sus padres, cada audiencia, cada cambio de fiscal y cada decisión judicial significa volver a enfrentarse con aquella madrugada en la que su hijo salió con sus compañeros y nunca volvió a casa.
Más de dos años después, la familia sigue sin una sentencia que cierre el proceso.
Y ahora enfrenta una nueva incertidumbre: qué sucederá con las dos mujeres investigadas después de que se rechazara la extensión de la prisión preventiva.
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