
Cuatro bancadas del Senado peruano anunciaron el jueves medidas contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, tras sus declaraciones en las que sugirió que la presidenta Keiko Fujimori elevaría su popularidad si disolviera el Congreso. El pronunciamiento conjunto califica los comentarios del funcionario de “incitaciones golpistas” y advierte que el bloque parlamentario actuará dentro de sus atribuciones constitucionales.
La polémica se originó el 27 de agosto, cuando Gutiérrez declaró hasta en medios de comunicación que en el Perú “el que se atrevió a disolver el Congreso, automáticamente eleva sus puntos porcentuales de aceptación”, y que esa lógica podría aplicarse a la actual mandataria.
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El funcionario aseguró que dio la declaración para dar cuenta sobre la debilidad de las instituciones. Señaló que la ciudadanía ha perdido la confianza en sus instituciones y que esa desconfianza, dice, es la que explica el fenómeno. Afirmó que un hipotético cierre del Parlamento obtendría más del 80% de respaldo ciudadano.
Ante el rechazo generalizado de distintos sectores, Gutiérrez aseguró que la frase formaba parte de un análisis sobre la debilidad institucional del país y no de un llamado a disolver el Poder Legislativo. “Jamás alentaré ni pediré ni nada por el estilo la disolución de ninguna institución”, afirmó que se definió como “un demócrata convencido” con un respeto irrestricto a los derechos fundamentales y a la libertad en la administración pública.
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Ante ello, los grupos parlamentarios de Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras suscribieron un pronunciamiento en el que sostienen que las palabras del defensor representan “un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes”.
“Como representantes del fuero parlamentario y defensores del orden constitucional, lo comentado por quien debería defender la democracia, es un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes. Desde el fuero del Senado tomaremos acciones dentro del ejercicio de las funciones que nos competen constitucionalmente”, se lee.
El documento fue firmado por Flavio Figallo, Alfonso López Chau, José Mercedes Castillo y Daniel Barragán, voceros de cada bancada.

Barragán fue el más enfático entre los firmantes. En diálogo con RPP, el senador de Obras calificó las declaraciones de “desafortunadas” y exigió la renuncia inmediata de Gutiérrez. “Yo creo que dentro de él existen actitudes antidemocráticas y eso no lo podemos permitir nosotros en este país, en un país que está tomando un camino democrático”, sostuvo el legislador.
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El procedimiento de remoción
El reglamento del Senado contempla, en su Artículo 204, un procedimiento de remoción por falta grave para altos funcionarios como el defensor del Pueblo. Ese mecanismo puede activarse mediante denuncia de un grupo parlamentario ante la Presidencia del Senado. Una vez admitida, la Comisión de Procedimientos Especiales tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para evaluar los cargos, requerir los descargos del denunciado y emitir un informe. El Pleno del Senado debe deliberar y votar en un plazo no mayor de siete días hábiles desde la presentación de ese informe.
Para que la remoción del defensor del Pueblo prospere, se requiere una votación favorable de dos tercios del número legal de senadores. La medida, de aprobarse, se formalizaría mediante una resolución legislativa publicada en el portal institucional del Senado o en el diario oficial El Peruano.
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