La urgencia de anticiparnos

Julio suele traer consigo una sensación de renovación. Con un nuevo gobierno llega también la oportunidad de revisar aquellos desafíos estructurales que definirán el desarrollo del país en los próximos años. En el sector energético, esa reflexión resulta especialmente necesaria. La seguridad del suministro, la transición hacia una matriz más sostenible y la reducción de la pobreza energética siguen siendo tareas pendientes que exigen continuidad más allá de un periodo de gobierno. El verdadero desafío será evitar que las decisiones importantes se posterguen hasta que la realidad nos obligue a actuar.

Quizás el mayor reto que tenemos por delante no sea técnico ni financiero, sino cultural: dejar de esperar que los problemas se resuelvan solos y asumir, de una vez, la responsabilidad de construir soluciones de largo plazo.

La experiencia de marzo nos recordó por qué esa forma de actuar tiene costos. La interrupción en el único ducto que transporta el gas natural de Camisea hacia la costa afectó el abastecimiento de distintos sectores, elevó los costos de la electricidad y obligó a miles de familias y transportistas a recurrir temporalmente a alternativas más costosas. El episodio dejó una lección que no podemos permitirnos olvidar: fortalecer la infraestructura, desarrollar mecanismos de respaldo y diversificar las fuentes de abastecimiento son decisiones que debemos impulsar hoy, antes de que llegue la próxima emergencia.

La transición energética plantea un desafío distinto, pero igual de urgente: prepararnos desde hoy para el sistema energético que el país necesitará en los próximos años. A medida que las industrias avanzan hacia procesos más sostenibles y el mundo acelera su descarbonización, el Perú necesita acompañar esa transformación con una matriz energética más diversificada y de menor impacto ambiental.

La pobreza energética constituye otro desafío impostergable. Aunque el país ha logrado importantes avances en materia de acceso a la energía, millones de peruanos aún no cuentan con soluciones modernas, seguras y eficientes. De acuerdo con el último Censo Nacional, cerca de 3 millones de hogares continúan cocinando con leña, mientras que el estudio más reciente de Macroconsult, encargado por Solgas, estima que 1.7 millones viven en condición de pobreza energética. Reducir esta brecha exige acelerar el reemplazo de combustibles más contaminantes por alternativas modernas, seguras y accesibles, ampliando el acceso a energía limpia para millones de familias y contribuyendo a un desarrollo más inclusivo.

El inicio de un nuevo gobierno abre una oportunidad para encarar estos desafíos de manera distinta. La pregunta que vale la pena hacernos —como sector y como país— es qué vamos a hacer diferente para dejar de reaccionar frente a las crisis y empezar a anticiparnos a ellas. Eso implica impulsar soluciones que generen resultados desde el presente sin perder de vista el futuro. En ese esfuerzo, alternativas como el GLP pueden contribuir desde hoy a sustituir combustibles más contaminantes y ampliar el acceso a energía moderna. Reducir la pobreza energética significa que más familias puedan acceder a una energía segura, confiable y asequible, una condición indispensable para mejorar su calidad de vida y generar oportunidades de desarrollo. Más allá de cualquier fuente energética, lo que marcará la diferencia será nuestra capacidad de sostener políticas y decisiones con continuidad. Los grandes desafíos del sector requieren articulación, compromiso y la decisión de actuar hoy para construir un sistema energético más seguro, sostenible e inclusivo.