72 transportistas asesinados en lo que va del 2026 y algunos ya optan por portar armas de fuego ante extorsiones

La violencia contra los trabajadores del transporte público continúa dejando familias enlutadas y empresas paralizadas. En lo que va de 2026, 72 choferes han sido asesinados, según la cifra difundida en el reportaje de Cuarto Poder sobre la crisis de inseguridad que enfrenta el sector. Los ataques están relacionados principalmente con extorsiones, amenazas y cobro de cupos a empresas y trabajadores.

La situación ha alcanzado un punto crítico: algunos conductores aseguran que han comenzado a portar armas de fuego durante sus jornadas laborales ante el temor de convertirse en víctimas de sicarios. La decisión refleja la percepción de desprotección que existe entre quienes diariamente recorren las calles de Lima y Callao.

Sin embargo, esta cifra debe diferenciarse de los registros oficiales disponibles. Un reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público identificó 214 atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Estos ataques, vinculados a presuntos actos de extorsión, dejaron 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos.

Una violencia que tiene como blanco a los conductores

Los ataques contra el transporte público se producen mientras los vehículos se encuentran en circulación, en paraderos o incluso con pasajeros a bordo. De acuerdo con el informe fiscal, el 69,3 % de las víctimas de estos atentados fueron conductores, mientras que los pasajeros representaron el 20,5 % y los cobradores, el 5,3 %. Además, el 97,7 % de los ataques con víctimas fue cometido con armas de fuego.

Las motocicletas también aparecen como uno de los principales medios utilizados por los presuntos atacantes: estuvieron presentes en el 60,3 % de los atentados analizados.

Los distritos con mayor concentración de estos hechos fueron San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores, zonas que también registran elevados niveles de denuncias por extorsión, homicidio y sicariato.

La dimensión de la crisis también se observa en los primeros meses de 2026. Solo entre enero y mayo se contabilizaron 126 atentados, según el Observatorio de Criminalidad.

De las amenazas al cobro de cupos

Uno de los casos expuestos en el reportaje es el de Julio Becerra Centurión, conductor de la empresa Nuevo Horizonte, quien fue atacado a balazos mientras trabajaba.

Según los testimonios recogidos, la empresa venía siendo víctima de extorsiones y los delincuentes exigían S/30.000 como pago inicial y S/5.000 cada semana. El ataque contra Becerra Centurión ocurrió en ese contexto.

El conductor recibió impactos de bala en el abdomen y el hombro y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica. Un dirigente del sector señaló que este había sido el tercer atentado sufrido por trabajadores vinculados a la empresa en un periodo de dos años.

La violencia también tiene un impacto directo sobre las operaciones. Representantes de la compañía indicaron que más de 40 buses permanecían paralizados, mientras alrededor de 300 familias dependían de los ingresos generados por esa empresa.

Conductores comienzan a armarse

Ante esta situación, algunos trabajadores han decidido buscar protección por cuenta propia.

Uno de ellos es Fernando Espinoza, conductor de 30 años de la empresa El Pesquero, que cubre la ruta entre Ate y El Callao. En el reportaje contó que adquirió un arma de fuego y la lleva durante sus recorridos.

El trabajador explicó que otros conductores, empresarios y dirigentes también estarían optando por obtener armas para su defensa.

Esta respuesta genera una nueva preocupación: que el enfrentamiento entre transportistas y organizaciones criminales termine trasladándose al interior de los vehículos, donde se encuentran pasajeros que no tienen ninguna relación con el conflicto.

El propio testimonio recogido en el reportaje advierte sobre el riesgo de que el transporte termine armado frente a la delincuencia.

La situación también ha generado posiciones contrarias dentro del propio sector. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, rechazó que los conductores deban trabajar armados y señaló que no cuentan con la preparación necesaria para utilizar armas de fuego, por lo que una medida de este tipo podría incrementar los riesgos.

Los sicarios atacan en segundos

Uno de los casos que evidencia el nivel de exposición de los trabajadores ocurrió en La Perla, Callao, donde Jesús Vargas Aguilar fue atacado por un sujeto que se aproximó en una motocicleta. El conductor fue trasladado al hospital Sabogal, pero no sobrevivió.

Para los transportistas, casos como este evidencian que los sicarios pueden acercarse a las unidades, disparar y escapar en cuestión de segundos.

El informe del Ministerio Público confirma este patrón: casi la totalidad de los atentados con víctimas analizados fueron cometidos con armas de fuego y las motocicletas fueron el principal medio empleado por los presuntos autores para ejecutar el ataque o escapar.

¿Por qué los transportistas convocaron un paro?

La inseguridad fue uno de los principales motivos que llevó a los gremios a convocar un paro de 24 horas para el martes 25 de agosto en Lima y Callao.

Los transportistas reclamaban acciones concretas frente a los asesinatos, las extorsiones, las amenazas y el cobro de cupos que afectan a conductores, empresarios y dirigentes.

La medida finalmente fue levantada luego de la reunión de representantes del sector con la presidenta Keiko Fujimori. Los dirigentes destacaron la apertura de un espacio de diálogo con el Ejecutivo y acordaron continuar trabajando en propuestas para enfrentar la problemática.

Entre los acuerdos anunciados estuvieron la creación de una instancia de trabajo que involucre al Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como medidas relacionadas con la seguridad y la instalación de cámaras en los buses.

Por ello, el paro previsto para el 25 de agosto no se concretó y los principales gremios mantuvieron sus unidades operativas.

El Plan Escudo bajo cuestionamiento

Aunque el Gobierno sostiene que las estrategias de seguridad están dando resultados, los transportistas cuestionan que los ataques continúen.

Martín Ojeda, dirigente del gremio interprovincial, sostuvo que la situación no ha mejorado pese a los distintos planes implementados durante los últimos años. En el reportaje cuestionó que las estrategias hayan cambiado de nombre —entre ellas el Plan Cerco y el Plan Escudo— mientras las extorsiones continúan.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, defendió la estrategia de su sector y afirmó que los indicadores muestran una tendencia descendente.

El contraste entre ambas posiciones resume uno de los principales problemas del sector: mientras el Gobierno sostiene que sus acciones están produciendo resultados, los transportistas aseguran que la violencia continúa afectando sus rutas y poniendo en riesgo sus vidas.

Una crisis que también alcanza al transporte interprovincial

La violencia ya no se limita a los buses y combis que circulan por Lima y Callao. Los transportistas también han denunciado ataques contra unidades interprovinciales durante sus recorridos por las carreteras del país.

El fenómeno evidencia que la extorsión contra el transporte se ha convertido en un problema que trasciende una ruta o una empresa determinada.